No son una novedad. Los cazadores de criminales, los sicarios que se creen vigilantes o los narcos que hacen justicia por su propia cuenta, son de lo más común. Lo nuevo es que utilicen las tan a la mano nuevas tecnologías y medios de comunicación sociales, para darse a conocer.

Tradicionalmente daban cuenta de su presencia y acciones “contra el crimen” de otros delincuentes, a partir primero de cartulinas dejadas en las escenas de violencia. Un decapitado con un cartón que decía, “esto le va a pasar a todos los que trabajen para…”; o unos cuerpos tirados a la orilla de la carretera con un mensaje similar. Ni hablar de las cabezas que en alguna ocasión se dejaron en la pista de baile de una discoteca de Michoacán con su respectiva leyenda.

De las cartulinas y los letreros hechizos, pasaron a las mantas, luego conocidas en el ambiente popular como “narcomantas”. Más elaborado el mensaje, a veces con pintura de aerosol a veces de plano con técnica de moldes o incluso con serigrafía, los narcotraficantes daban cuenta a los ciudadanos y a sus enemigos, de sus actos.

Montadas sobre puentes, puestas en bardas, a la orilla de carreteras y en edificios, las “narcomantas” tenían la misma intención de las cartulinas y letreros. Justificar sus crímenes, las ejecuciones, la violencia y amenazar. Mantas para reclutar criminales también fueron atribuidas a Los Zetas; mantas explicando que todos los muertos eran producto de una racha de venganza, o que las ejecuciones eran para limpiar la ciudad y favorecer a los ciudadanos.

Los criminales justicieros no son pues una novedad. Son producto de un sistema de procuración de justicia que no funciona en México. Son el resultado de la impunidad en la comisión de homicidios, de la descarada venta de droga en calles y avenidas de la República; también reflejan la corrupción en las corporaciones policíacas mexicanas, pues muchos de los integrantes de las mafias, fueron parte de esas instituciones, o compran voluntades de deshonestos policías.

Vaya, la novedad en los justicieros criminales no es la impunidad con la que se exhiben, sino que se den categoría de corporación, hagan una página en redes sociales, y anuncien su plan criminal aniquilatorio, y lo único que suceda sea una atracción social mediática por conocer y saber más de los autodenominados Fuerzas Especiales Dragón –los últimos en aparecer-, y sus públicas intenciones de matar a integrantes de otros cárteles que concluyen impunemente en Guerrero, de dónde se asumen los impunes vigilantes.

Aparte de matar y “limpiar la ciudad de delincuentes”, hay vigilantes que utilizan su impunidad para hacer otro tipo de “justicia”. Recuerdo el caso del asesinato en los primeros meses del año 2000, del Director de la Policía Municipal de Tijuana, Alfredo de La Torre. Lo cazaron sus verdugos cuando iba a trabajar. Le metieron muchos disparos. En principio la investigación periodística de ZETA, se inclinó por la participación de policías municipales para asesinar a su jefe. El móvil, que el grupo de agentes estaba corrompido por una organización criminal distinta a la que delinquía en Tijuana.

En efecto desde un sector del cártel de Sinaloa ordenaron el asesinato del Jefe de la Policía. Y también resultó que sí habían participado policías. Increíblemente, la Policía Ministerial de Baja California, “detuvo” a la mayoría de quienes emboscaron a De la Torre. Las comillas son porque en realidad, los ministeriales no detuvieron a los asesinos, sino que los recibieron de las manos del cártel contrario –cártel Arellano Félix-, donde los criminales se dieron a la búsqueda de los asesinos, dolidos porque de alguna manera, intentaban proteger a De la Torre, y sacar a los sinaloenses de “la plaza”.

La Procuraduría de Justicia de Baja California no lo reconoció, pero nosotros como periodistas fuimos enterados, además que en la investigación para confirmar los hechos, se demostró que incluso algunos de los criminales “detenidos”, no estaban en la ciudad cuando los apresaron los narcotraficantes del cártel Arellano Félix, y luego los trasladaron para ser entregados a las puertas de la Procuraduría.

Hace unos días sucedió otra vez. En la oscuridad la madrugada del 9 de julio, criminales entraron a la casa de una pequeña familia en una zona marginada de Tijuana. Hombre, mujer e hijo dormían juntos. Al hombre lo hirieron, a la mujer la mataron y al bebé de dos años, en pañales aún, le dieron un tiro en la nariz y otro en la cabeza.

La víctima sobreviviente salió desnuda y con la sangre hilando por su cuerpo. Ante los investigadores ministeriales delató a sus verdugos pero en la corporación policíaca solo se quedaron con los nombres para después averiguar.

Pero mire, hubo justicia. No por parte del Estado Mexicano, ni la Procuraduría General de la República, por tratarse de un asunto presuntamente del crimen organizado, ni la Procuraduría General de Justicia de Baja California, emprendieron acciones de investigación y análisis científico para solucionar el caso y castigar a los responsables. No. De hecho, fueron miembros del narcotráfico quienes hicieron esa labor.

Asumen ciertos criminales los códigos –si se puede aplicar el término- de las mafias de novelas y películas, ya sabe, donde hay palabra de honor y no asesinan ni a niños ni a mujeres. Una célula que piensa de esa manera, se escandalizó con el terrible, descarnado y violento crimen contra el bebé de dos años. Investigaron los narcotraficantes entre sus células, y éstas entre sus redes, y éstos entre sus narcomenudistas, hasta que dieron con los asesinos de la mujer y su hijo.

30 horas después de llevado a cabo el doble homicidio,  los criminales dieron con los asesinos. Los detuvieron, los hicieron que confesaran… y los entregaron a la Procuraduría General de Justicia de Baja California, donde sin más ni más, redactaron un boletín de prensa para informar que habían capturado a los asesinos y resuelto el crimen. Ni siquiera se dieron a la tarea de confirmar a partir de una investigación, que, efectivamente fuesen los culpables. Los presentaron y asunto resuelto.

Entonces, los vigilantes criminales, los justicieros de la mafia, los delincuentes sociales, no son novedad, lo nuevo es el medio por el que se dan a conocer, la mercadotecnia que utilizan, y la impavidez del Gobierno Federal (y muchos estatales) para permitir que criminales hagan campañas de justificación a la comisión de delitos, y –como lo hizo el grupo de Guerrero hace unos días- se den el lujo de alertar a las policías, que el asunto no es con ellos ni contra ellos, y que por lo tanto –una vez más- permanezcan al margen.

¿Hasta cuándo?

Adela Navarro Bello

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