Será hasta el 7 de abril cuando en la comisión anticorrupción, de participación ciudadana y estudios legislativos del Senado de la República, se discuta y se vote la propuesta para integrar la ley secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción que fue creado en mayo de 2015. Pero la marginación de la sociedad y las negociaciones políticas en este momento están en su apogeo.

Los legisladores que encabezan la comisión, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional (que para el caso son lo mismo), dieron a conocer hace unos días un documento en el que integraron las propuestas tanto de su partido como las del PAN y del PRD. De hecho fue el partido del Sol Azteca el que más iniciativas sobre el caso introdujo, seis en total, contra cuatro del albiazul y una del rojo/verde.

Discuten sobre los detalles que habrán de dar forma, sustento, a los que se determinen como delitos de corrupción –los que no estén ya en las leyes que nos rigen-, y que a su vez determinarán las investigaciones, la creación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entidad que conocerá de los casos para su proceso judicial, y que estará integrado por 16 magistrados.

Los legisladores, que solo concedieron del 22 al 25 de febrero de 2016 para escuchar las voces de la sociedad organizada y sus propuestas para la ley general anticorrupción, parece que se debaten más sobre cómo protegerse unos a otros, que en abonarle al combate a la corrupción, con sus debidas sanciones. Por ejemplo, se omite la prisión para quien abuse del erario, se enriquezca ilícitamente, trafique con influencias o sea beneficiario de manera personal o entre sus familiares, de pactos desiguales, de bienes y servicios, de cantidades económicas. Contemplan los legisladores únicamente la sanción administrativa, la inhabilitación, y el pago o reparación del daño causado. Mientras el PRI/PVEM propone que sean 20 años de inhabilitación en caso de delitos graves, el PRD exige 30, y si los primeros van por la reposición del daño y algo más, los amarillos le apuestan al doble o al triple del pago.

Muy orondos, los senadores presumen que en la ley vendrá la obligación del funcionario a presentar la declaración patrimonial propia y la de su cónyuge, también que deberán informar sobre la situación de no conflicto de intereses, pero obviaron lo que desde la sociedad civil, la academia y la iniciativa privada se ha venido proponiendo: La llamada ley 3 de 3, o propuesta de Ley General Anticorrupción que por estos días cuenta con el apoyo de más de 120 mil ciudadanos, y que entre otros muchos preceptos, incluye también la entrega por parte de funcionarios y sus parejas, de la declaración fiscal, con el fin de cuadrar y dar un seguimiento más detallado y justo a la vida económica, patrimonial y tributaria de quienes trabajan en los gobiernos.

Pero si ignoran a los ciudadanos organizados, los senadores también se protegen. En letra cursiva, no más pequeña pero sí de tratamiento especial, escriben en su propuesta que será el funcionario y solo él, quien determine si la información que ha proporcionado debe hacerse pública o no. Es decir, intentan regularlos y obligarlos a la transparencia, nada más para ocultar la información.

En el documento de la “La Ley general que establezca las bases para el Sistema Nacional Anticorrupción, las leyes que regulen y le den facultades a la Auditoria Superior de la Federación, la que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual conocerá de los casos de corrupción, y la ley general que distribuya las competencias entre los órdenes de gobierno para establecer responsabilidades administrativas de los servidores públicos”, se inscriben, entre las diferentes propuestas, lo que a la fecha han determinado como delitos graves:

Causar daño a la hacienda pública o al patrimonio, adquirir para sí o para personas cercanas, bienes y valores. La obtención de bienes inmuebles al contado o mediante crédito en circunstancias favorables, precio inferior al del mercado, tratos preferenciales, exclusión de licitaciones. Y no viene muy claro, pues lo catalogan en otros delitos, las comisiones a legisladores por el acceso al presupuesto por parte de federación, estado y municipio, práctica conocida como “moche”.

Proponen también, aparte de la inhabilitación de funcionarios, el cierre de empresas que hayan participado en el acto de corrupción. Sanciones a funcionarios y privados que hayan caído en el soborno, la malversación de fondos, peculado, desvío de recursos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, extorsión y nepotismo.

Otra más. De entre todos los representantes en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que son, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el de la Secretaría de la Función Pública, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, el presidente del Comité de Participación Ciudadana, solo quienes tengan un cargo en alguna entidad de gobierno lo presidirán. Ningún ciudadano será titular del comité, es decir, los funcionarios presidirán el ente que se encargará de investigar a los funcionarios. Mientras, las sanciones a los servidores públicos y a las empresas, las determinará el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que los propios legisladores seleccionarán e integrarán.

Luego se preguntan por qué la popularidad del Presidente Enrique Peña Nieto ha disminuido tan drásticamente en los últimos meses, pues de acuerdo a una encuesta publicada por el periódico El Universal en colaboración con Buendía & Laredo, de noviembre 2015 a marzo 2016, el mandatario perdió 10 puntos de aprobación, al pasar de un 42 por ciento a un 32 por ciento, mientras quienes de plano lo desaprueban incrementaron 5 puntos, al pasar de 51 por ciento a 56 por ciento, y los apáticos se alzaron con el 11 por ciento.

Cuando le preguntaron a los encuestados dónde estaba el peor desempeño del Presidente, un 8 por ciento respondió que en las reformas (el orgullo de Peña Nieto), otras áreas de las que se adolecen los mexicanos y ven como consecuencia del gobierno federal: el aumento de precios, la devaluación del peso, el precio del dólar, la inseguridad. Los temas pues, que padecemos todos los días pero que el Gobierno de México no reconoce, ni ve, ni actúa en consecuencia para solventarlos.

La corrupción es uno de los principales problemas de este país. El tufo de corrupción en el Gobierno Federal sería una de las causas de la disminución en la aprobación del presidente, y ese tema, en estos momentos se discute en el Senado para establecer las leyes secundarias para el Sistema Nacional contra la Corrupción.

Ahora sí que es momento de actuar, pero no como los legisladores, en lo oscurito y en base a negociaciones políticas, sino desde la sociedad civil. De aquí al 7 de abril cuando se discuta en Comisión, y al 12 del mismo mes cuando se lleve al pleno del Senado, los ciudadanos tienen mucho por hacer para ser escuchados y considerados en el combate a la corrupción real, superando con creces el simulacro proteccionista que proponen los partidos políticos.

Adela Navarro Bello

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