El Presidente Andrés Manuel López Obrador mandó una terna al Senado para cubrir la vacante de la Ministra Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que incluye a Yasmín Esquivel Mossa, Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Ciudad de México.
Además de ser esposa de José María Riobóo, empresario ligado al Gobierno federal, y cercana al Canciller Marcelo Ebrard Casaubón, carga con la resolución polémica en torno a la Supervía Poniente y con designaciones de perfiles afines a cargos dentro del Tribunal.
Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).– La Magistrada Presidente Yasmín Esquivel Mossa, propuesta para Ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha sido cuestionada por el potencial conflicto de interés al ser esposa del empresario José María Riobóo, contratista del Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Cercana al Canciller Marcelo Ebrard Casaubón, la abogada arrastra antecedentes de un caso controversial entorno a la Supervía Poniente, designaciones de cargos a al menos quince perfiles no idóneos, aunque afines, y actuado contra opositores.
Javier Martín Reyes, especialista en políticas judiciales del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas (CIDE), dijo que esta propuesta al Senado del Presidente Andrés Manuel López Obrador no incumple ningún requisito o ley, pero el problema es que llegue una persona con «vínculos personales estrechos con la administración federal en turno», independientemente de las capacidades técnicas que tenga.
«Hay un potencial conflicto de interés muy claro, derivado de que la Magistrada está casada con Riobóo, que es una persona muy cercana al Presidente, y es un empresario que ha realizado obras públicas para muchas administraciones, y ha asesorado al Presidente como en la construcción del nuevo aeropuerto, y muy probablemente seguirá participando en la construcción de proyectos de este gobierno», aseguró el abogado. «Se genera una impresión de que haya escasa imparcialidad, autonomía e independencia en el desempeño de la Magistrada como Ministra de la SCJN».
Yasmín Esquivel es desde 2009 Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Ciudad de México, órgano que atiende controversias entre los ciudadanos y la Administración Pública como demandas colectivas contra actos del Gobierno capitalino o asuntos de construcciones ilegales.
En 2012 se le nombró Magistrada Presidenta y en 2015 fue elegida para un segundo periodo hasta 2019, a pesar del rechazo de diversas organizaciones civiles incluyendo el Centro Pro de Derechos Humanos por su actuación entorno a la Supervía.
Este mes López Obrador mandó una terna al Senado para cubrir la vacante de la Ministra Margarita Luna Ramos en la SCJN, que incluye a Esquivel, así como a Loretta Ortiz Ahlf (ex militante de Morena) y Celia Maya García (ex candidata a Gobernadora de Querétaro por Morena).
La Magistrada Presidenta Yasmín Esquivel aclaró en entrevista con MVS Radio que se casó con Riobóo hace siete años, después de haber sido Magistrada Federal en materia agraria, ya que desde 2004 fue propuesta en una terna y aprobada por el Senado, y lleva más de 35 años en el servicio público.
«La ley nos señala que cuando exista algún conflicto de intereses en un juicio donde participe algún familiar directo, donde haya amistad o enemistad con alguna de las partes, el magistrado, juez o ministro se debe excusar. En caso de que el Ingeniero llegara a tener un juicio en la SCJN, evidentemente yo me voy a excusar. No me ha pasado», aclaró.
«El Ingeniero Riobóo no participa en este proceso de nombramiento. Fue entre el titular del Ejecutivo y los Senadores», aseguró. «El Ingeniero Riobóo no es constructor como se ha señalado. Él es únicamente un diseño y cálculo estructural, es lo que hace su grupo de empresas que tiene desde hace 50 años».
Javier Martín Reyes, académico del CIDE, aseguró que el Senado está obligado a coordinar las comparecencias de las propuestas del Ejecutivo, de manera transparente y con especialistas, para que la ciudadanía evalúe los antecedentes de la terna y los casos más controversiales resueltos en los últimos años.
Expuso que es positivo que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, sea «externo» de la carrera judicial, pero en general esta institución tiene muchos pendientes en materia de transparencia, combate a la corrupción y nepotismo, no exenta de presiones políticas.
LA CONTROVERSIAL SUPERVÍA
La Supervía Poniente se construyó para conectar Santa Fe con el Anillo Periférico durante la administración de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México (2006-2012).
La empresa encargada fue «Controladora Vía Rápida Poetas», conformada por OHL México, Inmobiliaria Copri y la Constructora Atco. De acuerdo con el Frente Amplio contra la Supervía Poniente, participó en la obra el ingeniero José María Riobóo, esposo de la Magistrada Yasmín Esquivel Mossa, quien también se encargó del Segundo Piso del Periférico en la gubernatura de Andrés Manuel López Obrador (2000-2005).
En el mismo mes de noviembre del 2009 en el que se constituyó «Controladora Vía Rápida Poetas», Yasmín Esquivel fue nombrada Magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (hoy Tribunal de Justicia Administrativa) por el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, con la aprobación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Aunque se presentó a trabajar hasta el 8 de diciembre de 2009, cobró su quincena de diciembre con aprobación del Pleno de la Asamblea.
La organización Greenpeace, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y un grupo de ciudadanos demandaron ante ese Tribunal –que trata asuntos sobre obras irregulares– la construcción de la Supervía.
En diciembre del 2011 la Primera Sala del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo resolvió que la declaración de impacto ambiental era ilegal y que por tanto la construcción se estaba llevando a cabo fuera del ordenamiento jurídico.
Pero la Secretaría de Medio Ambiente y la empresa apelaron en enero del 2012 contra esa sentencia.
La Sala Superior, a cargo de la Magistrada Victoria Quiroz Pesquera, retuvo el expediente sin dictar resolución durante meses hasta agosto del 2013, y revocó la que había dictado la Primera Sala Ordinaria sobre la ilegalidad del impacto ambiental, y dictó una nueva sentencia en la que dio la razón a la autoridad y a la empresa. Así pudo continuarse y concluirse la obra.
El artículo 81 de la entonces vigente Ley Orgánica del Tribunal y el artículo 170 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal obligan a que cuando un Magistrado o su cónyuge tienen interés en un asunto debe de excusarse de participar en el proceso judicial. Pero Yasmín Esquivel como Presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (desde 2012), esposa de uno de los empresarios de la obra, firmó la sentencia a favor de la Supervía, una de las obras insiginia de Ebrard.
ASIGNACIÓN DE PERFILES AFINES
Antes de ser nombrada Magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (hoy Tribunal de Administración de la Ciudad de México), Yasmín Esquivel ocupó varios cargos, cerca de Marcelo Ebrard y del priista David Jiménez González.
Durante la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari y la administración de Manuel Camacho Solís como Regente del Distrito Federal, Esquivel Mossa fue Subdelegada Jurídica y de Gobierno en la Alcaldía de Azcapotzalco, donde David Jiménez era Delegado.
Cuando Marcelo Ebrard era Secretario General de Gobierno en el Distrito Federal y David Jiménez Director de Gobierno, Yazmín Esquivel fue Subdirectora; cuando David Jiménez fue Subprocurador en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ella fue Directora; y de 1994 a 1997 cuando fue Diputado Local, ella fue su asesora.
En los procesos electorales de 1997 y 2000 Esquivel Mossa fue candidata a Diputada local por el PRI, pero perdió. En su segundo intento, el Presidente del PRI en el Distrito Federal era Manuel Aguilera Gómez, padre de Andrés Aguilera Martínez, actual coordinador de asesores de Yasmín Esquivel y a quien ella está proponiendo para Magistrado.
Esquivel Mossa fue en el 2004 designada Magistrada del Tribunal Agrario y en noviembre del 2009 comenzó su carrera como Magistrada en el Tribunal de lo Contencioso.
En enero del 2012, la Sala Superior la nombró Presidenta del Tribunal. Un año antes, en diciembre del 2011, el ex Jefe de Gobierno Ebrard Casaubón nombró Magistrado de la Sala Superior a Jesús Anlén Alemán, quien votó a favor de Esquivel y era Procurador Fiscal del gobierno capitalino.
En ese periodo, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la Asamblea Legislativa –que aprobó el nombramiento de Anlén Alemán– era presidida por el Diputado Julio César Moreno, quien había sido Delegado en Venustiano Carranza. Cuando estuvo en la Comisión, propuso una modificación a la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que pueda reelegirse la Presidencia del Tribunal. En 2012, Esquivel Mossa fue reelegida.
También en diciembre del 2011 fue nombrado Magistrado Jorge Antonio Martínez Maldonado, quien había sido «operador de negocios» del Delegado Julio César Moreno cuando fue Subdirector de Verificación y Reglamento y Subdirector de Servicios Legales en la Delegación Venustiano Carranza.
Estela Fuentes Jiménez fue nombrada Magistrada de Sala ordinaria en mayo del 2012 por su cercanía con Yazmín Esquivel, de quien fue compañera de generación, a pesar de que no cumplía con los requisitos.
Cuando fue designada se desempeñaba como Jueza de lo penal en el Estado de México, aunque el artículo 4 de la Ley Orgánica del citado Tribunal señala que para ser magistrado se debe de contar con una práctica profesional y experiencia mínima de 5 años en materia administrativa y fiscal. Durante la comparecencia de Fuentes ante la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la Asamblea, la entonces aspirante a Magistrada fue cuestionada sobre recursos y procedimientos administrativos y en ningún momento acertó.
Además, para mayo de 2015 Fuentes fue promovida a Magistrada de Sala Superior para ocupar la plaza de Victoria Quiroz Pesquera (quien aprobó la Supervía Poniente), con la aprobación de Antonio Padierna Luna, Presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la Asamblea Legislativa. Esa plaza legalmente se desocuparía hasta julio de 2015 cuando se jubilara Quiroz, quien dirige una maestría dentro del Tribunal sin tener el grado de maestra.
En mayo del 2012, por propuesta de Ebrard, fue nombrado Magistrado Francisco Javier Barba Lozano, a pesar de que solo tenía como experiencia ser asesor de la Diputada perredista Lizbeth Rosas, integrante de la corriente de René Bejarano, y había sido Jefe de unidad departamental en la Delegación Gustavo A. Madero.
José Arturo de la Rosa Peña fue nombrado Magistrado de Sala Ordinaria en agosto del 2012, después de haber sido Secretario de Acuerdos. Su asignación fue ilegal porque no hubo dictamen por parte de las Comisiones en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y se hizo directamente por el Pleno.
De la Rosa desechó más de 50 demandas de vecinos de la Delegación Coyoacán presentadas ante el Tribunal, contra el establecimiento de parquímetros, y no los turnó a otros magistrados. Para agosto del 2014, Arturo De la Rosa fue nombrado Magistrado de Sala Superior.
María Martha Arteaga Manrique fue nombrada Magistrada de la Sala Ordinaria en el Tribunal de lo Contencioso en octubre del 2002, después de que en tres ocasiones anteriores había sido rechazada por la Asamblea Legislativa. Y en marzo del 2012, se le designó como Magistrada de Sala Superior, tras confirmar la inhabilitación del entonces candidato panista a Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, Miguel Ángel Errasti.
Arturo González Jiménez fue nombrado Magistrado de Sala Ordinaria en noviembre del 2014, aunque ocho meses antes renunció a la Coordinación de Evaluación de la Contraloría General del Distrito Federal en el Gobierno de Miguel Ángel Mancera tras dar positivo en un alcoholímetro. Es conocida su cercanía con el entonces Consejero Jurídico, José Ramón Amieva.
Ernesto Shwebell Cabrera, también cercano a Amieva, fue nombrado Magistrado de Sala ordinaria en septiembre del 2014, después de haber sido Director Jurídico del Registro Público de la Propiedad durante el gobierno de Mancera.
En abril de 2015, Alejandro Delint García –cercano al ex Secretario de Gobierno Héctor Serrano– fue nombrado Magistrado de Sala Ordinaria. Antes había sido agente del Ministerio Público Federal y Magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal, de donde fue Presidente hasta el 2015.
A propuesta de la Magistrada Presidenta del Tribunal Contencioso Yazmín Esquivel, en mayo del 2012 la Sala Superior del Tribunal nombró Contralora Interna a Nicandra Castro Escarpulli, quien participó en la investigación del secuestro de la hija del empresario deportista Nelson Vargas.
Pero no contaba con los requisitos para ocupar ese cargo. El artículo 16 de la Ley del Tribunal dice que el Contralor Interno del Tribunal deberá de tener una experiencia de cuando menos tres años en materia de contralorías, pero Castro solo tenía carrera como como agente del Ministerio Público Federal, y Fiscal Antisecuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la entonces Procuraduría General de la República.
En abril del 2012, la Presidenta del Tribunal Yasmín Esquivel nombró Secretaria General de Defensoría de Oficio a María Luisa Gómez Martín, esposa de su ex compañero político de trabajo, David Jiménez González, pese a no cumplir el requisito de tener carrera jurisdiccional, como lo indica el artículo 20 de la Ley del Tribunal.
Adrián Serrano Azamar, hijo del ex Secretario de Gobierno Héctor Serrano, fue nombrado Secretario de Acuerdos en junio del 2013, sin tener conocimiento. Renunció a su cargo en el Tribunal en agosto del 2014.
Otro nombramiento violatorio del artículo 20 de la Ley del Tribunal en cuanto a la carrera jurisdiccional fue el que se le dio a Sonia Michelle Buendía Croskey como Secretaria de Acuerdos en octubre del 2012. Buendía Croskey nunca había trabajado en el Tribunal, pero es cercana al entonces Diputado Julio César Moreno. Renunció dos años después.
Carlos de Silva Nava, Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue nombrado en octubre del 2012 por la Presidenta del Tribunal como el Presidente del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa y Fiscal, cargo en que estuvo hasta su fallecimiento a finales de 2017. Era su asesor de tesis.
REPRESALIAS CONTRA OPOSITORES
Como codueña, junto con su esposo José María Riobóo, del Instituto WestHill, ubicado en Lomas de Chapultepec, la Magistrada Yasmín Esquivel Mossa encarceló a un matrimonio de venezolanos, luego de su reclamo judicial ante una irregularidad cometida por el instituto en contra de su hijo.
La pareja estuvo detenida desde diciembre de 2014, durante 9 meses, hasta que salió por un amparo otorgado por un Tribunal Colegiado.
El Instituto Westhill tuvo como Directora de la Licenciatura de Derecho a una Secretaria de Acuerdos del Tribunal, Nora Karen George Flores.
Otra víctima fue la Magistrada Margarita Espino, quien dio a conocer en enero de 2012 que la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, titulada por Leticia Bonifaz, alteró artículos de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo publicada en septiembre del 2009.
Bonifaz, actual Directora de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también estuvo involucrada en el caso de la Supervía Poniente.
Tras darlo a conocer, Margarita Espino no fue ratificada como Magistrada y salió del Tribunal de lo Contencioso.
OTROS SEÑALAMIENTOS
La Magistrada Presidente Yasmín Esquivel dio la autorización de licencias con goce de sueldo a magistrados de recién ingreso, incluyendo a ella durante 2011 y 2012.
Es ilegal ya que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso establecía que las licencias de los Magistrados fueran otorgadas por la Junta de Gobierno hasta por treinta días con goce de sueldo o hasta por un año sin goce de sueldo, durante todo el periodo de su cargo, si el Magistrado tenía dos años de servicio.
La Magistrada Esquivel gozó de ocho licencias por un total de 71 días, el Magistrado Jesús Anlén Alemán –quien votó a favor de Esquivel para la Presidencia en el Tribunal Contencioso– durante 2012 y 2013 tuvo cinco licencias, por 22 días; el Magistrado Jorge Antonio Martínez Maldonado, durante 2012 y 2013, recibió cuatro licencias, por 23 días; y su amiga Magistrada Estela Fuentes Jiménez, durante 2012 y 2013, recibió siete licencias por un total de 63 días.
Asimismo, ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal acumula una serie de quejas interpuestas por el personal de confianza y de base por hostigamiento laboral dentro del Tribunal de lo Contencioso, desde la llegada de la Magistrada. Entre las quejas destacan jornadas excesivas o la orden de iniciar procedimientos o retirar denuncias.
