En el marco de la visita oficial a México, que se desarrolla hasta el próximo 24 de enero, Forst escuchó este domingo casos como los presentados por la comunidad del ejido La Sierrita, en el estado de Durango, y Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, en Oaxaca.
Ciudad de México, 16 de enero (EFE).- El relator especial de la ONU Michel Forst mantuvo una reunión con defensores de derechos humanos mexicanos en la que estos presentaron casos de abusos y violaciones cometidos por empresas y autoridades, informó hoy el Proyecto de derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC).
En el marco de la visita oficial a México, que se desarrolla hasta el próximo 24 de enero, Forst escuchó este domingo casos como los presentados por la comunidad del ejido La Sierrita, en el estado de Durango, y Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, en Oaxaca.
Los representantes de La Sierrita presentaron su conflicto con la mina La Platosa, perteneciente a la compañía Excellon de México, a la hora de explotar sus yacimientos de plata, plomo y zinc durante los últimos 12 años.
Tras haber constatado violaciones en un primer contrato, los habitantes firmaron un acuerdo en 2008, cuyas cláusulas económicas, sociales y medioambientales también fueron incumplidas por la empresa en su mayoría.
Esto llevó a que los ejidatarios presentaran una denuncia ante un tribunal de Coahuila por rescisión del contrato.
El litigio terminó el pasado noviembre, cuando dicho tribunal estableció el término del contrato entre ambas partes, lo que implica que la empresa ha de entregar las 1.100 hectáreas de tierra pertenecientes al ejido, así como el pago de una cláusula por la cantidad de 5.5 millones de pesos.
Asimismo, la resolución establece que el ejido también debe pagar a la empresa 5.61 millones pesos, «manteniendo un embargo sobre las tierras hasta que se realice el pago».
Daniel Pacheco, presidente del Comisariado ejidal de La Sierrita, afirmó que «en un contexto como el mexicano, donde el acceso a la justicia es el camino más difícil», es fundamental el apoyo de los organismos internacionales, que puedan poner los derechos de las personas por encima de los intereses de las transnacionales.
Denunció que a lo largo del proceso judicial los ejidatarios sufrieron «amenazas, hostigamiento y violencia» por parte de la empresa y un sindicato de protección patronal.
Por otra parte, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) expuso al relator los diferentes amparos que han presentado para exigir una consulta por la instalación del parque eólico Bií Hioxo, de la empresa Gas Natural Fenosa.
También denunciaron «las violaciones al proceso de consulta que realizó el Gobierno mexicano», a través de la Secretaría de Energía en Juchitán, para la instalación del parque eólico de la empresa Eólica del Sur en 2014.
Mariano López, vocero de la APPJ, dijo que para las comunidades indígenas zapotecas del Istmo de Tehuantepec «el incremento de parques eólicos en la región ha representado un aumento en las violaciones a nuestros derechos humanos».
En particular, se refirió al «derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado».
La reforma energética y sus leyes secundarias, agregó el vocero de la APPJ, «pretende expandirse sin considerar los derechos de las comunidades».
La visita del relator de la ONU incluirá viajes a los estados de Chihuahua, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, así como reuniones con autoridades estatales y federales, y organizaciones y defensores de DD.HH.
