Caracas, 15 ene (EFE).- Venezuela, la nación con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, se declaró en emergencia económica para atender la situación del país que después de un año de opacidad reveló una inflación interanual de 141.5 por ciento -la más alta de toda su historia-, y una contracción del 4.5 por ciento.

El país caribeño dejó a la vista los daños que va dejando el desplome de los precios del petróleo y la ineficacia de las políticas económicas del país frente a la crisis que ya se había iniciado en 2014 y que por segundo año consecutivo le deja con el peor desempeño de la región.

Un informe del Banco Central de Venezuela (BCV) emitido hoy reflejó que la nación arrastró la contracción del Producto Interior Bruto durante los tres primeros trimestres del año: en el primero se contrajo un 1.4 por ciento, luego hubo un retroceso del 4.7 por ciento y en el tercero un 7.1 por ciento.

La institución financiera considera entre los factores que determinaron el comportamiento de la actividad económica la menor disponibilidad de divisas, consecuencia del impacto negativo de la caída de los precios del petróleo del 57.8  por ciento y que cerró el grifo de dólares al país cuyos ingresos dependen en un 95 por ciento del crudo.

El alto costo de la vida de los venezolanos se reflejó en los datos oficiales que evidenciaron una inflación de tres dígitos que durante los primeros 9 meses de 2015 fue de 108.7 por ciento (acumulada) y anualizada al cierre del tercer trimestre se ubicó en el 141.5 por ciento.

Estos números son los peores datos de inflación que se hayan registrado en la historia del país, que vivió una de sus peores crisis en 1996 con una inflación de 103 por ciento y otra en 1989 con 84.5 por ciento que degeneró en las protestas y disturbios conocidos como «El Caracazo».

Los datos elaborados por el BCV y el Instituto Nacional de estadística no revelan cifras sobre la escasez y el desabastecimiento, problemas que golpean la situación de los venezolanos, pero en su lugar muestra que la percepción de acaparamiento fue del 87 por ciento.

Estas son -según el informe- otras consecuencias de la reducción de la oferta de bienes de consumo «debido a la baja en las importaciones y a la merma en la producción nacional», unas circunstancias «a su vez influenciadas por la caída de los precios internacionales del petróleo».

El documento además revela que el país tuvo un saldo negativo de cuenta corriente de 5 mil 50 millones de dólares al final del tercer trimestre de 2015 y un déficit en la balanza comercial de 782 millones de dólares.

Esto llevó al Gobierno venezolano a decretar un «estado de emergencia económica», un modo de estado de excepción que suspende las garantías en el campo económico y que estará vigente en todo el país por 60 días, prorrogable por otro lapso igual, para atender la galopante inflación, la escasez y el desabastecimiento.

El decreto da al Ejecutivo la facultad de «disponer de los recursos provenientes de las economías presupuestarias del ejercicio económico financiero 2015», y la asignación de «recursos extraordinarios» a determinadas áreas, sin el control del Parlamento.

Además podrá «disponer de los trámites, procedimientos y requisitos para la importación y nacionalización de mercancías» e implementar «medidas especiales para agilizar el tránsito de mercancías por puertos y aeropuertos, pudiendo desaplicar temporalmente normas legales que se requieran para hacer posible dicha agilización».

Establece además la posibilidad de restringir el sistema monetario y el acceso de los venezolanos a la moneda local y extranjera, así como la posibilidad de que el Gobierno intervenga bienes privados para garantizar el abastecimiento.

El instrumento, que ya fue oficializado, aún debe ser llevado a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que tendrá ocho días para su consideración y aprobación. Los opositores, que controlan la Cámara, han adelantado que evaluarán la propuesta.

El mandatario Venezolano, Nicolás Maduro, que justo hoy debió presentar ante el Parlamento el informe anual de su gestión, pidió a los opositores que den carta blanca al decreto frente a la crisis económica del país.

El jefe de Estado venezolano afirmó hoy que la situación del país es culpa de la «guerra económica» que provocan los opositores al acaparar los productos de consumo para que el descontento de los ciudadanos degenere en la desestabilización de su Gobierno.

Pese a los indicadores negativos, Maduro llamó la atención sobre sus políticas sociales que han permitido la construcción de un millón de viviendas financiadas por el Estado y entregadas a las familias de pocos recursos, así como el aumento significativo del número de pensionados pese a la caída de los ingresos.

OPOSICIÓN PIDE RENUNCIA 

La renuncia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, una de las opciones que ve la oposición para adelantar el fin de su gestión, volvió hoy al primer plano un día después de que este tildara de «catastrófica» la situación económica que vive el país.

El jefe de la ahora mayoritaria bancada opositora en el Parlamento, Julio Borges, declaró que es un «deber exigir» al Gobierno de Maduro «un cambio de rumbo» y advirtió: «Si no hiciere este cambio tendremos que liderar al país para cambiar al Gobierno».

Maduro y sus allegados «no han entendido nada» y por ello pretenden «seguir aplicando las mismas recetas que tienen a los venezolanos haciendo colas y padeciendo la escasez y pasando trabajo porque el sueldo no alcanza», sostuvo Borges sobre el decreto de emergencia económica suscrito este viernes por el presidente.

Borges aseveró que a través de ese decreto Maduro insiste en seguir el camino del control estatal sobre la economía, «que lo único que ha generado es corrupción y escasez de manera escandalosa».

«Maduro dice que quiere estimular la inversión, producción y exportaciones. Hay una medida que lo lograría de inmediato: cuenta y renuncia», escribió la titular del partido Vente Venezuela, María Corina Machado.

En su cuenta en la red social Twitter, Machado calificó de «irracional» el decreto de emergencia económica que Maduro entregó este viernes en la unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento), mediante el cual pidió para su Gobierno «todo el control presupuestario sin contraloría ni acción de la AN».

«Es decir, que siga campante la corrupción. Una habilitante (darle poderes legislativos al Ejecutivo) a quien destruyó la economía, inaceptable!», remarcó Machado.

En tanto, el ex candidato Presidencial opositor Henrique Capriles escribió que, si bien urge un diálogo, este «no es hacer lo que el Gobierno quiere y menos con quienes llevaron al país a la ruina».

«Darle una habilitante disfrazada al destructor del país es como darle una pistola a un asesino», además de que el decreto de Maduro «es un frasco de veneno para los venezolanos», sostuvo.

El ex candidato Presidencial y gobernador del estado Miranda, que abarca una parte de Caracas, también calificó de falso el 141.5 por ciento de inflación registrada entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015, la tasa más alta de Venezuela en toda su historia, y sostuvo que ese porcentaje es aún mayor.

Un informe del Banco Central de Venezuela (BCV) emitido horas antes del discurso de Maduro indica que la tasa de inflación y la contracción del 4.5 por ciento de la economía son fruto de la caída de los precios del petróleo, el principal producto de la economía venezolana.

Estas cifras «son falsas» y «lo sabemos del propio BCV. Creen que la gente es tonta», manifestó Capriles sin dar más detalles.

El secretario general del partido La Causa Radical, José Ignacio Guédez, calificó la rendición de cuenta de Maduro como «una burla» y destacó que firmó el decreto presidencial sin especificar ninguna medida y «esperando que la AN le apruebe un cheque en blanco».

«Si bien la emergencia es económica, la solución es política, y pasa por el cambio de Gobierno», coincidió Guédez.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, emitió una declaración en la que destaca que Maduro habló de diálogo «para poder superar la terrible situación del país, pero su decreto de emergencia económica lo publicó sin consensuarlo con sector alguno».

El jefe de Estado sostiene que el mismo modelo «que generó la catástrofe es la solución», cuando no es más que un instrumento que «otorga amplios poderes a las mafias oficiales que generaron la emergencia, a los saqueadores», criticó Torrealba.