Mientras el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se empeña en presumir la reducción en las denuncias por homicidios, secuestros, robos, y extorsiones. La realidad es que en México no importa a qué sector poblacional se pertenezca, todas las personas que viven o transitan por el país corren el riesgo de vivir la violencia en carne propia.
Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).– La inseguridad y la violencia persistieron este año en las zonas más conflictivas del país, pese a los constantes recursos económicos y humanos invertidos por el Gobierno federal. Hoy por hoy, Guerrero, Tamaulipas y el Estado de México, con poblaciones enteras bajo el control del crimen organizado, demuestran el fracaso de la estrategia de seguridad del Presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con especialistas en materia de seguridad.
Las cifras oficiales reconocen poco más de 48 mil asesinatos de diciembre 2012 a julio 2015 en todo México. Sin embargo, una investigación del semanario ZETA indica que en los primeros 32 meses de la presente administración, la cifra en ese periodo fue de 57 mil 410 homicidios dolosos.
Guerrero, ahora gobernado por el priista Héctor Astudillo Flores, tiene la tasa más alta de homicidios intencionales. También es la entidad donde más fosas clandestinas han sido encontradas. Tan sólo en Iguala, desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las autoridades hallaron 60 fosas con más de 100 cuerpos. A éstas se suman las encontradas en Carrizalillo y la más reciente de Chichihualco. Todos estos cementerios clandestinos son los vestigios de una guerra que ha cobrado miles de vidas.
En el estado de Tamaulipas, que encabeza el también priista Egidio Torre Cantú, la situación no ha mejorado desde el sexenio pasado cuando los enfrentamientos a plena luz del día estremecieron las principales ciudades como Reynosa, Ciudad Victoria y Tampico. En este año que termina los enfrentamientos entre criminales y autoridades se extendieron hasta la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) en Reynosa, cuya puerta de seguridad fue derribada por un comando.
Otra situación que afecta a la población tamaulipeca han sido los secuestros que tienen sometida a toda la población, desde empresarios hasta pequeños comerciantes. Cifras oficiales refieren que Tamaulipas tiene las tasas más altas de secuestro en el país al rebasar la incidencia nacional en un 469.17 por ciento. A todo esto se suma la complicidad entre el crimen organizado y las autoridades. Los últimos ex Gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, son acusados de trabajar para los cárteles de la droga.
Aunque si existe una entidad que representa el fracaso del Estado de Derecho, esa es el Estado de México. Lugar de nacimiento de Enrique Peña Nieto, el cual gobernó antes de ser Presidente, el Edomex registra el mayor número de homicidios y de robos con violencia en el país, es el lugar dos en secuestros y el tres en denuncias por extorsión, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La entidad que gobierna el priista Eruviel Ávila Villegas hizo historia este año, pero no por las mejores razones. Se convirtió en el primer estado en la historia del país en decretar Alerta de Género tras cinco años de lucha incansable por parte de las familias de las víctimas y de representantes de organizaciones sociales. Los asesinatos de mujeres en el Edomex aumentaron un 155 por ciento entre 2007 y 2012. La mayoría de este periodo de tiempo coinciden con el mandato de Enrique Peña Nieto de 2005 a 2011.
EL DF DEJA DE SER EL «PARAÍSO»
Sin embargo, la crisis de inseguridad no es privativa de estos tres estados. En este año la violencia del narcotráfico se hizo visible en la Ciudad de México con la aparición de un cuerpo colgado en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, a lo que siguieron una persona calcinada dentro de un tambo y la ejecución de otra junto a un mensaje dirigido al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa.
La Zona Metropolitana de Guadalajara también fue escenario este 2015 de la violencia producto de las actividades de los cárteles de la droga. A principios de mayo, el Cártel de Jalisco Nuevo Generación (CJNG) demostró a las fuerzas federales su capacidad operativo y de fuego cuando prácticamente paralizó la entidad con bloqueos en las principales avenidas y enfrentamientos. Los choques con las fuerzas federales se extendieron a los límites con Colima y Guadalajara, para culminar con el derribo de un helicóptero militar que, se supo después, cayó tras ser alcanzado por el proyectil de un lanzagranadas.
Nuevo León, que junto a Guadalajara y la Ciudad de México es una de las tres principales urbes del país, vivió su episodio de terror cuando a mediados de junio fueron asesinadas 22 personas en un lapso de 48 horas. El Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz atribuyó la ola de violencia a las pugnas entre los cárteles del Golfo y de los Zetas. Dos meses después, en agosto, la Procuraduría del Estado informó sobre el hallazgo de 31 mil restos óseos que fueron encontrados en una presunta fosa en el municipio de Salinas Victoria.
Más recientemente, Sinaloa, cuna de los principales capos de la droga, se colocó en el panorama internacional con la muerte de dos australianos, Dean Lucas y Adam Russell Coleman, quienes partieron de la ciudad de Edmonton, Canadá para ir a Guadalajara. Los dos turistas y surfistas pretendían llegar a Jalisco recorriendo toda la costa del Pacífico, sin embargo, en su paso por Sinaloa se encontraron con un falso reten de criminales que vestían uniformes de policías. Al oponerse a un asalto, uno de los dos extranjeros resultó herido. Aún vivos, fueron llevados a un paraje en Navolato donde los quemaron junto a la van en la que viajaban.
SEGURIDAD, PROMESA INCUMPLIDA
Casos como estos, son sólo algunos de los ocurridos en este 2015. Cada uno de ellos demuestra que la promesa de la presente administración de llevar calma y tranquilidad a todo el país, se ha quedado en eso… en una promesa.
La última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) arrojó que el 68 por ciento de los mexicanos mayores de 18 años considera que vivir en su ciudad es inseguro. El estudio también indicó que el 65.8 por ciento de los entrevistados manifestó que durante los últimos 3 meses modificó sus hábitos por temor a sufrir algún delito.
Aunado a la percepción que tienen lo mexicanos sobre el problema de la inseguridad, está el costo económico que han traído consigo las miles de muertes, extorsiones, secuestros y robos que ocurren a diario en todo el país.
El costo de la violencia durante 2014 fue de 3 billones 918 mil 410 millones 540 mil pesos; es decir, el 22 por ciento del PIB, según el Índice de Paz Global 2015. La cifra contrasta con la de 2011; el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) calculó el gasto en 15 por ciento del PIB.
Para la organización México Evalúa, el gasto en seguridad pública, fue del 6.2 por ciento del Gasto Programable del Presupuesto de Egresos de la Federación, 197 mil millones de pesos. El costo a largo plazo lo estimó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por cada persona muerta desde 2009, México dejó de percibir 42 dólares per cápita.
Aunque los costos y la percepción de inseguridad son sólo algunas de las consecuencias que ha traído el fenómeno de violencia. En este contexto miles de personas han dejado sus hogares para evitar ser parte de las estadísticas de los delitos de alto impacto.
Un informe del Centro de Vigilancia de Desplazados Internos de Noruega presentado este año reveló que al menos 281 mil 400 personas se desplazaron dentro de México debido a la violencia originada por el crimen organizado.
El Consejo Noruego dio cuenta de que en México existen al menos 281 mil 400 desplazados, y refirió que entre las causas están la violencia criminal como parte del tráfico de droga así como la violencia de género, el reclutamiento forzado y la violencia política.
Pero además están los feminicidios que crecen como una epidemia por todo el país. De acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA) entre 2012 y 2013 una mujer fue asesinada en México cada dos horas. El Inegi reportó a su vez durante 2013 y 2014 siete mujeres fueron asesinadas por día.
También están presentes las altas tasas de asesinatos a periodistas, con una de las últimas muertes, la de Rubén Espinosa, ocurrida en la Ciudad de México. Por ello no es de extrañar que este año el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) colocara a México en el lugar ocho de las 14 naciones que conforman su Índice Global de Impunidad 2015 con sólo un caso resulto de los 32 asesinatos contra periodistas cometidos desde 1992.
Sin embargo, la violencia no es un tema que afecte sólo a los mexicanos. Distintas organizaciones nacionales e internacionales han denunciado a las autoridades migratorias mexicanas, en específico a las del Instituto Nacional de Migración, por abusar de los migrantes que provienen de Centroamérica y que cruzan México con destino a los Estados Unidos. Incluso se ha dicho que México ha servido a EU como un muro para frenar la migración; cifras de ambos países corroboran esto.
A la par de las detenciones ilegales y de abusos de fuerza y de violencia sexual cometidos por las fuerzas de seguridad mexicana, están los atropellos cometidos por los integrantes del crimen organizado quienes ven en los migrantes una mercancía que pueden explotar en campos de trabajos como en prostíbulos.
La semana pasada organizaciones civiles y activistas, entre ellos el Padre Alejandro Solalinde Guerra, denunciaron que empresas de seguridad privada, en colusión con autoridades locales y federales, torturan y matan a migrantes además de hostigar a sus defensores en diversos estados del país.
Es decir, mientras el Gobierno federal se empeña en presumir la reducción en las denuncias por homicidios, secuestros, robos, y extorsiones. La realidad es que en México no importa a qué sector poblacional se pertenezca, todas las personas que viven o transitan por el país corren el riesgo de vivir la violencia en carne propia.
