Durante el juicio público, el Tribunal –compuesto por académicos y activistas– expuso casos como la masacre de Acteal, ocurrida en Chiapas el 22 de diciembre de 1997; la masacre de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, donde fueron encontradas fosas con decenas de cuerpos de migrantes, así como los distintos casos de violencia de género y feminicidios y la desaparición de los 43 normalistas.
Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).– Un jurado internacional conformado en Nueva York por académicos y defensores de derechos humanos encontró que el Estado mexicano es culpable de crímenes contra la humanidad; de una guerra de exterminio contra los migrantes; de violar sistemáticamente los derechos económicos, sociales y culturales de su población; de un patrón generalizado de terror estatal y ataques a la seguridad pública, del mal uso de sus recursos públicos, de omisiones en materia de violencia de género y de complicidad trasnacional.
El pasado 26 de septiembre de 2015, en el marco del primer aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se conformó en la Ciudad de Nueva York el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento. El jurado lo integraron 19 catedráticos, expertos y defensores de derechos humanos, entre ellos Jorge Bustamante, ex Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos de los Migrantes y Cruz Reynoso, ex Magistrado adjunto del Tribunal Supremo de California.
Los integrantes del jurado escucharon los testimonios sobre graves violaciones de los derechos humanos en México, y en contra de los mexicanos y otros latinos en los Estados Unidos. En el Tribunal se expuso la masacre de Acteal, ocurrida en Chiapas el 22 de diciembre de 1997; la masacre de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, donde fueron encontradas fosas con decenas de cuerpos de migrantes centroamericanos; la muerte de la menor ecuatoriana Noemí; los distintos casos de violencia de género y feminicidios en el país, así como el caso Iguala.
Los testigos fueron voceros de las organizaciones de derechos de los inmigrantes, como el Movimiento por Justicia del Barrio, la Asamblea Popular de Familias Migrantes. También habló el sacerdote Alejandro Solalinde, director fundador del albergue para migrantes «Hermanos en el Camino» en Ixtepec, Oaxaca, quien testificó sobre la corrupción y los abusos de las autoridades mexicanas.
Los testigos también incluyeron a representantes de grupos de derechos humanos con sede en Chiapas y Oaxaca, y otros de la región de la frontera entre Estados Unidos y México en Las Cruces, El Paso y Ciudad Juárez.
En su veredicto, el cual se dio a conocer de manera preliminar en un documento, el jurado encontró que el Estado mexicano es culpable de crímenes contra la humanidad por casos de desaparición forzada como es el caso de los normalistas de Ayotzinapa ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
«La evidencia presentada al jurado establece claramente la presencia de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) en las escenas del crimen, su participación activa en los crímenes, la acción coordinada, y el fracaso/ rechazo para prevenir estos crímenes a pesar de distintas oportunidades para hacerlo», dice el veredicto con respecto al caso Iguala.
Destaca la necesidad de «una investigación creíble, completa e independiente sobre el papel de las fuerzas armadas en la comisión de los delitos, y el papel de la Procuraduría General de la República en comprometer la investigación y encubrir evidencia crítica».
El veredicto menciona, además, que se tiene constancia, mediante testimonios, de «la persecución sistemática, la deportación, el encarcelamiento y la violencia sexual contra los migrantes».
El jurado dijo que en lo referente a «la guerra de exterminio contra los migrantes», de la que acusa al Estado mexicano, halló «indicios de posible genocidio social contra los migrantes como grupo objetivo», con base a los testimonios detallados sobre la masacre de los 72 migrantes en San Fernando y las fosas comunes que contienen cerca de doscientos cuerpos, «donde quedó demostrada la participación del gobierno en estos crímenes».
«También [la acusación] se basa en abusos, como extorsión, violación, tortura y la falta de protección de, principalmente, pero no exclusivamente, los migrantes centroamericanos en su tránsito por México. También tomamos nota de la violación de los derechos sociales, económicos y culturales básicos en sus países de origen, que fallan sistemáticamente para proporcionar una vida decente y derechos básicos a las comunidades, en particular a las poblaciones indígenas y campesinas», dice el veredicto.
El veredicto dice que el Gobierno de Estados Unidos es el responsable de promover la guerra contra las drogas dentro de sus propias fronteras, y en México a través de la Iniciativa Mérida con más de 3 mil millones de dólares y el apoyo político incondicional a las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto. «La financiación apoya la militarización, un factor importante en muchos de los casos que revisamos», dice el documento.
Los testigos presentaron ante el Tribunal de Conciencia «pruebas convincentes» de que en México el Instituto Nacional de Migración (INM) es cómplice de violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los migrantes y sus familias, incluyendo el secuestro, la extorsión, el abuso sexual y la violación, detención arbitraria, y homicidio».
«Funcionarios del INM coludidos con el crimen organizado facilitan o permiten que individuos u organizaciones criminales tengan acceso a los migrantes para sus propios fines ilícitos. […] Las organizaciones criminales se dedican sistemáticamente a secuestrar, extorsionar, a la trata de personas, la prostitución forzada, la esclavitud, el asesinato e incluso al tráfico de órganos en el mercado negro», dice el documento.
El padre Alejandro Solalinde dijo ante el jurado que los migrantes son tratados como mercancía en México. Mencionó que funcionarios estatales, y otros actores que no operan bajo el manto de la Ley, participan en el uso de personas como «mercancías desechables, con precios que ponen sus vidas y cuerpos con poca consideración a su humanidad o la de sus familias».
El jurado también halló al Estado mexicano culpable de la violación sistemática de los derechos económicos, sociales y culturales de su población.
«Encontramos que la pobreza y la pobreza extrema, la inseguridad alimentaria, la falta de servicios básicos, el desempleo y el subempleo, y la escasez de vivienda son resultado de la desigualdad inherente en el modelo económico neoliberal, que entró a México desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)», dice el veredicto.
«Estamos de acuerdo con otros expertos que el fracaso del Estado para garantizar estos derechos humanos básicos es una grave violación que también deben ser caracterizada como un crimen contra la humanidad. La pobreza implica la violación individual y colectiva del derecho a la libre determinación, y una violación de los derechos sociales, económicos y culturales, incluido el derecho a la alimentación, el derecho a una vivienda digna y el derecho fundamental a la vida, todos los cuales son reconocidos formalmente en la Constitución de México», dice el documento.
El Tribunal de Conciencia también encontró que el Estado mexicano es culpable de realizar «un patrón generalizado de terror estatal y de ataques a la seguridad pública». Menciona que el Gobierno de México está acusado de este patrón entendido como la complicidad del Estado con la delincuencia organizada en actos de violencia en contra de distintos sectores poblacionales. «Esta acusación se apoya en el testimonio creíble, sobre todo en los casos de Ayotzinapa, San Fernando y las masacres de Acteal».
Indicó que también es responsable del mal uso de los recursos públicos. «Estamos de acuerdo con las conclusiones del Tribunal (Capítulo México) Permanente de los Pueblos que el Estado mexicano es culpable de un masivo ‘desvió de poder’ para servir a los sectores de élite y aliados transnacionales en lugar de atender las necesidades básicas y garantizar los derechos básicos de su población.
«Esta violación del pacto social se caracteriza por el fortalecimiento del aparato y las acciones represivas contra la población, mientras que, de manera simultánea, las instituciones se debilitan para proteger y cumplir los derechos civiles, políticos, económicos, culturales y sociales de las personas», dice el texto.
El jurado dijo que hay constancia de omisiones del Gobierno de México en materia de violencia de género, en especial contra las mujeres y niñas. «El Gobierno de México está acusado de no investigar y procesar a la gran mayoría de los feminicidios en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, donde se han encontrado cientos de cuerpos de mujeres con evidencia de violación y tortura, mientras el feminicidio en el resto del país se ha disparado desde que comenzó la guerra contra las drogas», dice el veredicto.
Finalmente se menciona que el Estado es responsable de «complicidad transnacional» debido a la desigualdad que se ha intensificado en gran medida en las economías más pobres de México y otros países centroamericanos bajo el TLCAN y el CAFTA.
«Una consecuencia directa de estas condiciones económicas es la migración forzada de personas procedentes de América Central y México hacia el norte por una cuestión de supervivencia. La hostilidad a la migración abiertamente declarada por las políticas y los políticos estadounidenses no se refleja por los empleadores estadounidenses que buscan mano de obra migrante como una fuente de mano de obra barata y explotable», menciona el texto.
Dice que la imposición del modelo económico es una causa directa de graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo el desplazamiento forzado, la criminalización y la consiguiente vulnerabilidad de los migrantes que los hace presa de la violencia, la extorsión, el reclutamiento forzoso y la trata de personas, así como la prostitución forzada. «Esto refleja patrones de complicidad transnacional entre los gobiernos y las élites económicas en contra de los derechos e intereses de las personas», dice el veredicto.
