Elia Tamayo Montes, madre del menor de 13 años, José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo, quien falleció tras ser impactado por una bala de goma en el municipio de Chalchihuapan, Puebla, agotó las instancias nacionales y ahora solicitará formalmente que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos busque justicia y ordene la no repetición del caso.
Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).– Tras agotar las instancias nacionales con una demanda de Juicio de Responsabilidad Patrimonial del Estado contra Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador de Puebla, por no cumplir con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los familiares del menor José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo, quien falleció tras ser impactado por una bala de goma en el municipio de Chalchihuapan, iniciarán la solicitud para que su caso llegue a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH).
Al aceptar las recomendaciones y no llevarlas a cabo, el Estado mexicano renuncia a brindar la reparación del daño integral a Elia Tamayo Montes, madre del menor, denunciaron activistas.
Blas Rafael Palacios Cordero, abogado del caso, informó que la Sala de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa desechó los amparos que los familiares del menor promovieron en un acto que consideró arbitrario e ilegal, puesto que a pesar que existen protocolos para este tipo de situaciones, los magistrados no se apegaron a derecho.
«Los argumentos fueron burdos, ilegales, o sea, seguramente la Magistrada o los integrantes de la Sala no conocen ni siquiera los criterios de la Sala superior, los cuales son válidos para todas las salas. Porque este juicio es sui géneris, porque no es tan común. Sumado a que el 97 por ciento de los juicios se llevan en salas fiscales, sobre la responsabilidad patrimonial es un caso nuevo. Con ello nos hacen pensar que están encubriendo [al Gobernador] con desconocimiento y no con perversidad», dijo Palacios Cordero, quien agregó que al tratarse de un niño, los jueces debieron considerar más factores que recomiendan organismo internacionales.
Elia Tamayo, madre de José Luis, aseguró que ella busca justicia y que ningún otro niño pierda la vida en hechos violentos. Además, recordó que hasta la fecha todos los procesos que buscan dar solución al caso han estado plagado de irregularidades y a la fecha sólo «hay inocentes detenidos, pero no los verdaderos culpables».
Misraim Hernández Fernández, defensor de derechos humanos e integrante del colectivo Contingente Puebla, detalló que a la par de la demanda por que se otorgue la reparación de daño y las otras recomendaciones de la CNDH, sigue abierto el expediente penal del caso.
«En donde ya se agotaron las instancias en en la reparación patrimonial del daño, que es muy diferente a la cuestión penal, donde se pide el castigo a los culpables del asesinado de José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo. Son varias piezas que han en este caso. En lo penal, no hay ni un solo responsable detenido», aclaró Hernández Fernández.
En la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos se reconoce que José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo murió por la lesión de un proyectil lanzado por la Policía Estatal, durante un operativo para el desalojo de manifestantes que se encontraban en la Autopista Siglo XXI, Puebla-Atlixco.
Sin embargo, el Gobierno que encabeza Rafael Moreno Valle negó la versión e incluso acusó que el proyectil fue un cohetón lanzado por los pobladores de Chalchihuapan, quienes protestaban por la reinstalación de su Junta Auxiliar.
“El Gobernador Rafael Moreno Valle reitera su desinterés en proteger, respetar, hacer valer y restaurar los derechos humanos. Sigue impune la privación de la vida del niño José Luis Tlehuatle Tamayo, no hay a la fecha castigo a responsables y sigue sin cumplir la recomendación de la CNDH», acusaron los demandantes.
El 9 de julio de 2014, se registró un enfrentamiento entre pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y policías estatales durante un operativo de desalojo en la Autopista Siglo XXI. Hubo al menos una veintena de heridos, seis personas detenidas y José Luis murió días después en el Hospital del Niño Poblano.
El jurista Rafael Palacios Cordero informó que la Sala Regional notificó del desechamiento del amparo a una persona desconocida en un domicilio que nadie de los demandantes brindó; además, argumentó que la impugnación se presentó fuera de tiempo, entre otras irregularidades
La defensa adelantó a SinEmbargo que será hasta enero cuando inicien la solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, Estados Unidos, y que vance hasta llegar a la Corte que está en San José, Costa Rica.
