Guatemala, 10 Nov (Notimex).- Una misión de las Naciones Unidas que colabora en la lucha contra el crimen y representantes de sectores del país abogaron hoy por destinar mayores recursos a la justicia mediante un impuesto temporal al patrimonio.
Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), dependencia de Naciones Unidas, se refirió a la propuesta en la presentación del informe “Costos y desafíos del combate a la impunidad en Guatemala”.
El ex magistrado colombiano y representantes de diversos sectores del país coincidieron en la necesidad de “inyectar recursos para fortalecer al sector justicia”, a fin de luchar contra la corrupción e impunidad en el país.
El jefe de la CICIG dijo que para el fortalecimiento del Ministerio Público (MP) y de las entidades de justicia se requiere contar con recursos económicos y estimó apropiado la fijación de un impuesto temporal para aumentar los fondos de operación.
“En esto puede contribuir el empresariado que se ha pronunciado reclamando justicia contra las estructuras del Estado que han desangrado las finanzas públicas”, indicó.
Entones “se podría pensar en la discusión de un impuesto de vigencia temporal dirigido a gravar patrimonios que superen un determinado monto con el objetivo de fortalecer al MP, al Organismo Judicial, al Instituto de la Defensa Pública Penal y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala”.
La sociedad guatemalteca “ahora cree que la lucha contra la impunidad sí es posible, que la corrupción no es una situación normal con la que hay que saber convivir, y que nadie está por encima de la ley”, afirmó Velásquez.
La CICIG y el MP desarticularon una estructura de corrupción encabezada por las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
El escándalo de corrupción, conocido como el caso de “La Línea”, generó numerosas manifestaciones de ciudadanos entre abril y septiembre pasados que obligaron a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Pérez Molina renunció el tres de septiembre y está en prisión provisional, lo mismo que Baldetti, quien dimitió el ocho de mayo y fue detenida el 21 de agosto. Ambos están en prisión por la investigación de la CICIG y el MP contra la corrupción.
En la presentación del documento, a cargo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), participaron el presidente del Organismo Judicial, Ranulfo Rojas Cetina, y autoridades del MP, entre otros.
El director del Icefi, Jonathan Menkos, dijo que la impunidad impera en Guatemala, donde el 73.2 por ciento de los hechos delictivos no son denunciados y existe un bajo financiamiento para la justicia y la seguridad ciudadana.
En tanto, la secretaria general del MP, Mayra Véliz, dijo que el presupuesto aprobado para el 2015 fue de mil 100 millones de quetzales (138 millones de dólares), pero la institución solo recibió 718 millones de quetzales (90 millones de dólares).
Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), dependencia de Naciones Unidas, se refirió a la propuesta en la presentación del informe “Costos y desafíos del combate a la impunidad en Guatemala”.
El ex magistrado colombiano y representantes de diversos sectores del país coincidieron en la necesidad de “inyectar recursos para fortalecer al sector justicia”, a fin de luchar contra la corrupción e impunidad en el país.
El jefe de la CICIG dijo que para el fortalecimiento del Ministerio Público (MP) y de las entidades de justicia se requiere contar con recursos económicos y estimó apropiado la fijación de un impuesto temporal para aumentar los fondos de operación.
“En esto puede contribuir el empresariado que se ha pronunciado reclamando justicia contra las estructuras del Estado que han desangrado las finanzas públicas”, indicó.
Entones “se podría pensar en la discusión de un impuesto de vigencia temporal dirigido a gravar patrimonios que superen un determinado monto con el objetivo de fortalecer al MP, al Organismo Judicial, al Instituto de la Defensa Pública Penal y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala”.
La sociedad guatemalteca “ahora cree que la lucha contra la impunidad sí es posible, que la corrupción no es una situación normal con la que hay que saber convivir, y que nadie está por encima de la ley”, afirmó Velásquez.
La CICIG y el MP desarticularon una estructura de corrupción encabezada por las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
El escándalo de corrupción, conocido como el caso de “La Línea”, generó numerosas manifestaciones de ciudadanos entre abril y septiembre pasados que obligaron a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Pérez Molina renunció el tres de septiembre y está en prisión provisional, lo mismo que Baldetti, quien dimitió el ocho de mayo y fue detenida el 21 de agosto. Ambos están en prisión por la investigación de la CICIG y el MP contra la corrupción.
En la presentación del documento, a cargo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), participaron el presidente del Organismo Judicial, Ranulfo Rojas Cetina, y autoridades del MP, entre otros.
El director del Icefi, Jonathan Menkos, dijo que la impunidad impera en Guatemala, donde el 73.2 por ciento de los hechos delictivos no son denunciados y existe un bajo financiamiento para la justicia y la seguridad ciudadana.
En tanto, la secretaria general del MP, Mayra Véliz, dijo que el presupuesto aprobado para el 2015 fue de mil 100 millones de quetzales (138 millones de dólares), pero la institución solo recibió 718 millones de quetzales (90 millones de dólares).
