El diario La República publicó hoy una copia de la denuncia, presentada por el Instituto de Defensa de los Derechos del Menor ante la 30 Fiscalía Provincial Penal de Lima.

Según la información, Cipriani fue querellado, en su calidad de moderador del Tribunal Eclesiástico y vicario judicial del Arzobispado de Lima, por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento real, obstrucción de la justicia, complicidad en el delito de violación de menores y omisión de denuncia.

Además del cardenal, también han sido denunciados el vicario judicial y presidente del Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Lima, Víctor Huapaya Quispe, y el procurador del Sodalicio de Vida Cristiana, Enrique Elías Dupuy.

Las denuncias de presuntos abusos sexuales atribuidas a los líderes del Sodalicio, fundado en 1971 por el peruano Luis Figari, han salido a la luz en el libro «Miguel monjes, mitad soldados», presentado el jueves pasado por los periodistas peruanos Pedro Salinas y Paola Ugaz.

El libro presenta 30 testimonios de antiguos miembros del Sodalicio que denunciaron maltratos físicos, psicológicos o violaciones sexuales, algunas de ellas supuestamente cometidas por Figari y por Germán Doig, el ya fallecido número dos del grupo religioso, que incluso estuvo en proceso de beatificación.

Tres de las víctimas de los presuntos abusos cometidos por Figari, que en la actualidad bordean los 40 años, informaron a Salinas que en 2011 presentaron sus casos ante el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Lima y el Vaticano, sin obtener respuesta hasta el momento.

Ese organismo emitió el jueves un comunicado en el que aseguró que no tiene jurisdicción sobre el Sodalicio por tratarse de una Institución de Derecho Pontificio, cuyo «juzgamiento corresponde a los tribunales eclesiásticos de la Santa Sede».

A raíz de la difusión del libro, el Sodalicio emitió un comunicado en el que afirmó «estar avergonzado de lo que hubiera cometido Figari», además de aceptar que conocían las denuncias llevadas a los tribunales de la Iglesia católica.

Asimismo, señalaron que el fundador del Sodalicio vive desde 2010 en un retiro en Roma, que sostiene ser inocente, pero que se encuentra en la «obligación moral» de rendir declaraciones públicas sobre las denuncias.

El Fiscal de la Nación (general), Pablo Sánchez, confirmó el viernes que se ha abierto una investigación de oficio sobre las denuncias, con base en los testimonios del libro, aunque sin aclarar si los delitos podrán ser sancionados debido al tiempo que ha transcurrido.