Faltan menos de 90 días para que el Congreso de la Unión emita una Ley contra la Tortura, pero a la fecha no se ha presentado la iniciativa, ni tampoco se ha abierto el debate con la sociedad civil y las familias de las víctimas para incluir puntos nodales. Y mientras el Estado no reconoce que este crimen es generalizado, los casos incrementan de forma «catastrófica».
Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).– En menos de tres meses el Congreso de la Unión deberá aprobar una Ley contra la Tortura en México, esa fue la promesa del Presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el mandatario no ha presentado dicha iniciativa ni tampoco se ha convocado a la sociedad, ni a víctimas y sus familiares, ni las organizaciones sociales, para crear un debate amplio que tenga como resultado una legislación seria, lejana a un compendio de letras muertas.
¿Por qué es importante esta Ley? Organizaciones como Amnistía Internacional, Centro Prodh e incluso el Relator Especial de La Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, han denunciado que la tortura en México es generalizada y/o sistemática, y ocurre en un contexto de impunidad, lo que es un aliciente para su repetición y agravamiento.
Una legislación que atienda este crimen es un avance en materia de derechos humanos y podrá dar paso erradicar otras violaciones, e incluso combatiría la impunidad, han expresado expertos en la materia.
Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) México, explicó que esta nueva Ley además es urgente porque estandarizará las legislaciones locales. Por ello es importante que los legisladores abran el debate, pues si bien han existido acercamientos breves, falta mucho por exponer sobre el tema.
«La Ley es importante, pero no debemos perder de vista la instrumentación y las herramientas que se le brinden para la aplicación», comentó Quiroz Rendón.
De acuerdo con diversos informes, la tortura es una práctica que se emplea para acallar voces, disolver movimientos, aterrorizar a la sociedad y sobre todo, para coaccionar declaraciones durante la averiguación de delitos.
Es decir, que muchos inocentes podrían en este momento estar cumpliendo una sentencia por un crimen que no cometieron porque habrían sido torturados hasta aceptar culpabilidad. Y nadie sabe en realidad cuántos casos así existen.
El Centro Prodh informó sobre la importancia de exámenes independientes. De acuerdo con datos de 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) realizó 2016 evaluaciones físicas y psicológicas, en sólo seis casos se reconoció que existían secuelas de tortura.
Amnistía Internacional mencionó que el número de denuncias de tortura registradas a nivel federal ha aumentado más del doble entre 2013 y 2014, al pasar de mil 165 a 2 mil 403, de acuerdo con datos de la PGR.
A pesar de las denuncias, sólo en 11 casos ha existido consignación y se tiene registro de cinco sentencias firmes en todo el país por el delito de tortura. Lo que expone que hay torturados, pero no torturadores.
A esas cifras se suman los casos que no han sido denunciados, o que no procedieron porque los médicos de las propias procuradurías no encontraron secuelas de tortura, en ocasiones porque las lesiones ya habían sanado, detalló en un foro sobre crisis de derechos humanos en México, Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Centro Prodh.
“Hace un año, hubiera sido difícil imaginar que la crisis de tortura en México podría haberse empeorado aún más y ahora vemos que eso es exactamente lo que ha pasado mientras el Gobierno continúa ignorando una crisis que ellos mismos crearon”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En el análisis titulado “Promesas en el papel, impunidad diaria”, Amnistía refiere que “los registros oficiales sobre tortura y malos tratos en todo el país son inexactos, contradictorios e incompletos”. Y agrega que esto socava el cumplimiento de la obligación del Estado de prevenir adecuadamente, investigar y castigar estas prácticas.
Tanto Amnistía Internacional como el Centro Prodh y decenas de organizaciones civiles han denunciado que el Estado ha sido omiso a esta problemática con “niveles catastróficos”. También el Gobierno federal ha sido cuestionado por no aceptar las observaciones de organismos de derechos humanos internacionales.
El pasado 10 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Artículo 73 que faculta al Congreso [que el 1 de septiembre inició el periodo ordinario de sesiones] a expedir leyes generales en diversas materias, entre ellas tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En marzo pasado, el Relator Juan E. Méndez expresó que la tortura en México es generalizada.
“Reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado, conforme a la normativa internacional, constitucional y penal”, recomendó Méndez en su informe sobre el tema.
Sin embargo, el Estado mexicano rechazó el informe e incluso, en voz de Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que el Relator de la ONU no fue “profesional y ético”.
Méndez afirmó que fue “con mucho pesar” que llegó a la conclusión de que la tortura en México es generalizada. “Pero lo he hecho bajo el entendimiento de que su Gobierno me invitó a conducir una visita para realizar una evaluación sincera de la situación, no para minimizarla o presentarla bajo la mejor luz posible”, expuso.
Diversas organizaciones como Amnistía Internacional aseguraron que las respuestas del Gobierno mexicano, más que intentar descalificar la labor de Méndez, intentaba desviar el tema centra y poner “excusas” para cerrar casos de impunidad y tortura.
“Lo que intenta hacer la cancillería no es cerrar el conflicto con el Relator, sino intentar cerrar el tema de la tortura en México”, explicó en su momento Perseo Quiróz Rendón.
Activistas y al menos 20 organizaciones han denunciaron que no se ha consultado a la sociedad y que no ha habido un acercamiento serio, por ello emitieron misivas para solicitar de manera formal que sean consultados, pues existen diversos puntos nodales en la discusión.
Entre los puntos que quieren que se contemplen en la Ley son: que se emitan medidas integrales, superando el tema de las indemnizaciones; contar con peritos independientes que realicen exámenes físicos y psicológicos; que ante cualquier indicio de tortura, en el sistema penal acusatorio, se reinicien las diligencias con el fin de garantizar derecho a la justicia; mejorar las deficiencias en el marco normativo en materia; y, entre otras propuestas, eliminar el requisito de gravedad, con el fin que cualquier caso pueda ser atendido y resuelto.
Otros de los puntos que se dieron a conocer y que serán enviados a la Cámara de Diputados son: que la Ley tenga una perspectiva de víctimas, responsabilidad del superior geriátrico, limitar jurisdicción militar, que se rompan con los obstáculos en las denuncias y que la Ley no se quede en papel, sino que exista una instrumentación.
Amnistía refirió que las autoridades federales no han hecho un seguimiento de la información vital sobre la incidencia de la tortura y otros malos tratos, lo cual mina seriamente la capacidad del gobierno de responder de manera adecuada.
“[Se requiere] Una robusta Ley General contra la tortura, que signifique más que palabras y asegure justicia para las víctimas, sería un buen primer paso para que México se recupere de la profunda crisis de derechos humanos en la que está inmerso,” dijo Erika Guevara-Rosas, de Amnistía Internacional.
La organización ha documentado numerosos casos en los que, pese a haberse denunciado torturas, las autoridades no han mostrado la diligencia debida para hacer un seguimiento de esas denuncias. “En muchos casos, a la denuncia de tortura simplemente se le asigna un número de expediente, sin que lleguen a producirse avances claros en la investigación”, lamentó.
Amnistía denunció que los agentes del Estado sospechosos de haber infligido torturas a menudo permanecen en sus cargos pese a que se hayan abierto investigaciones contra ellos.
Dijo que en muchos casos, los agentes del ministerio público ni siquiera analizan las pruebas más básicas, como los registros de la detención, las pruebas halladas en el lugar del crimen y los testimonios clave.
El análisis de la organización mostró que los médicos que examinan a los detenidos después de su arresto como los expertos no documentan adecuadamente las señales de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, tras el arresto de un detenido.
“Las normas existentes en México permiten a los médicos oficiales clasificar las lesiones de los detenidos en tres categorías: el detenido no muestra señales de lesión; el detenido presenta lesiones que no son graves y sanarán en menos de 15 días; el detenido presenta lesiones que ponen en riesgo la vida y tardarán más de 15 días en sanar”, explicó la organización.
