Imagine un país en que se entiende a la sección amarilla como fuente de miedos y millones porque esa es la principal fuente de extorsión. En que se planean secuestros y se pagan asesinatos. En que la autoridad está consciente de las redes delictivas y les facilita el trabajo contra el resto de los ciudadanos de esa hipotética nación. Ahora piense que la mayor autoridad de ese lugar dice que el suyo es un lugar en el que nada grave ocurre y en el que la paz se respira. El personaje es Miguel Ángel Mancera y el país bajo su responsabilidad es el Sistema Penitenciario del DF, donde todos los delitos que se castigan en libertad se repiten en el encierro y bajo la mirada del Gobierno de la Ciudad de México.

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Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).– Existe un objeto ligero casi despreciable en la libertad pero que, adentro de las cárceles del Distrito Federal, es oro molido: las páginas de la sección amarilla de la guía telefónica.

Cada hoja son miles y miles de pesos en potencia para un predador. Nombres, parentescos, teléfonos, direcciones, dimensión del negocio, percepción del empresario de su establecimiento. No por nada cada papel cuesta 500 pesos.

Y, en las prisiones capitalinas, entre 2008 y 2014, se han localizado 250 libros y 98 mil 618 páginas de las cuales, el 87 por ciento se ha ubicado únicamente en la Penitenciaría del DF, lo que muestra el tamaño del negocio de la extorsión en ese centro si se considera que ahí vive menos del 8 por ciento de los 37 mil convictos de la Ciudad de México.

SinEmbargo obtuvo datos oficiales de la Secretaría de Gobierno, oficina de la que depende la administración carcelaria en el DF, obtenidos mediante la Ley de Transparencia. En la serie de números proporcionados existe un claro rastro del negocio de la extorsión en los centros de readaptación de la capital mexicana.

De acuerdo con la respuesta dada por la Secretaría de Gobierno, de la que depende la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del DF, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2014, la autoridad confiscó 14 mil 545 teléfonos celulares.

—¿Por qué se incautan teléfonos celulares si se puede cobrar por la renta de los mismos? —pregunto a uno de los carceleros.

—Por eso mismo: hay familiares que logran pasar teléfonos sin conocimiento de las áreas de seguridad y que se utilizan sin pagar la renta. Cuando se encuentran esos aparatos, se aseguran y se presentan para la estadística. En otros casos, hay revisiones sorpresa hasta para nosotros y se incauta todo lo que se encuentra, pague o no la renta.

En el mismo lapso, el Gobierno capitalino incautó 7 mil 187 chips para teléfonos móviles. Aquí se hace una observación: mientras en 2011, penúltimo año del Gobierno de Marcelo Ebrard Casaubón se confiscaron 2 mil 25 piezas, en el segundo año de la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa sólo se encontraron 26 de estos componentes, es decir, 155 veces menos.

A la par, la estadística de extorsión nacional y capitalina se ha incrementado en ese lapso. Hasta mediados de este año, el funcionario responsable de las cárceles de la Ciudad de México fue el operador político de Mancera, Héctor Serrano Cortés, a quien se le ha señalado de supuestos actos de corrupción relacionados con el comercio ambulante del DF.

Funcionarios del sistema penitenciario aseguran que si bien el despacho de Gobierno es ocupado por Patricia Mercado Castro, quien mantiene el control de los reclusorios es Serrano.

Mientras en 2010 se reporta la confiscación de 142 guías telefónicas completas de la sección amarilla, el año pasado, oficialmente, el Gobierno de la ciudad no encontró ninguna. En 2011, los operativos de seguridad encontraron 37 mil 807 páginas sueltas de la sección amarilla, unos, casi 19 millones de pesos a valores descritos por los custodios entrevistados, pero en 2014 sólo se hallaron 540 páginas.

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¿Existe reflejo de lo que se observa en la cárcel con lo que ocurre en la calle?

Sí: mientras el Gobierno de la Ciudad minimiza el fenómeno, el año pasado la capital fue la quinta entidad con mayor extorsión a nivel nacional.

Y sí en cuanto a que la autoridad parece desconocer el fenómeno. No porque no se entere de su existencia, sino porque no lo investiga: casi la totalidad del chantaje que sufren los capitalinos no es investigado por la Procuraduría General de Justicia del DF.

La extorsión es uno de los delitos con mayor cifra negra debido al contexto en el cual es cometida, a sus múltiples modalidades y los diversos sujetos activos que la perpetran, situación común en el país y el Distrito Federal no es la excepción.

Hay que echar un vistazo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), levantada durante 2015 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De acuerdo con dicha fuente la cifra negra de las extorsiones reportadas fue de 98.4 por ciento durante 2014 en el Distrito Federal, es decir, que sólo fueron denunciadas 2 de cada 100 extorsiones.

¿Cuál es el nivel de víctimas de extorsión reportadas en el Distrito Federal?

De acuerdo con la ENVIPE se registró una tasa de prevalencia [1] de 8 mil 497 extorsiones por cada 100 mil habitantes en el Distrito Federal durante 2014. Esto ubica al Distrito Federal como la quinta entidad federativa con mayor cantidad de víctimas de extorsiones; tan solo por debajo de Guerrero, Estado de México, Baja California y Morelos. Asimismo es importante señalar que la tasa de prevalencia del Distrito Federal fue 26% mayor que la tasa nacional.

Estas cifras no muestran las extorsiones cometidas contra negocios, mismos que representan un porcentaje importante de este delito sobre todo porque una de las modalidades de extorsión que se ha registrado durante los últimos años es el denominado “cobro de piso”.

Así que vale la pena recuperar la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) levantada por el Inegi, ya que da a conocer que en el Distrito Federal se registró una tasa de prevalencia de este delito de 470 por cada 10 mil unidades económicas durante 2013.