El empresario sinaloense Juan Manuel Ley recibió una concesión para la renta de un estadio en Culiacán, pero al mismo tiempo para crear un recinto nuevo. Denuncias civiles aseguran que fue un regalo de Malova, con todo y recursos públicos.
Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).– En 2010, durante su campaña a la gubernatura de Sinaloa, el panista Mario López Valdez, mejor conocido como Malova, prometió construir dos estadios de béisbol en esa entidad. Nunca dijo cómo lo conseguiría. No les dijo a los votantes que un empresario –uno de los más ricos de esa entidad– tiraría un viejo recinto en Culiacán y levantaría uno nuevo, con un presupuesto que en su mayoría es dinero público, pero sin compartir las ganancias con las arcas estatales.
A principios de 2012, con la autorización del Cabildo –por unanimidad de votos–, el Presidente Municipal de Culiacán, Moisés Aarón Rivas Loaiza, firmó la ampliación de la concesión del Estadio Municipal “General Ángel Flores” a la empresa Promotora de Deportes y Espectáculos, S.A. de C.V., firma de Juan Manuel Ley López, uno de los hombres más adinerados y poderosos de la región noroeste, según relata Expansión en su número de Los 100 empresarios más importantes de México.
Según se lee en la Gaceta Municipal la ampliación fue festejada por casi todos los funcionarios de Culiacán, incluso aplaudieron el compromisos con el deporte de Ley López y algunos regidores aseguraron que Malova ya tenía los recursos que faltaban para el nuevo estadio.
«Hay que destacar la participación decidida del señor Gobernador del Estado, licenciado Mario López Valdez, ya que su capacidad de gestión y su disposición para aportar los recursos necesarios para la construcción del nuevo estadio de Béisbol, fueron determinantes y de eso fuimos testigos mis compañeros regidores Jaime Alberto Blancarte Salazar y Francisco Javier Juárez Hernández», dijo el entonces Regidor Óscar Javier Valdez López.
Pero si se iba a construir un estadio nuevo para el deporte más popular en la región, ¿Cuál era el problema? De acuerdo con lo que estipulaba la Gaceta Oficial todo estaba en orden.
Todo marchaba bien hasta que un grupo de ciudadanos pertenecientes al Colectivo para la Defensa del Patrimonio Público comenzó a cuestionarse las cláusulas del convenio.
En el documento, la empresa de Juan Manuel Ley López se compromete a invertir –no pagar– 75 millones de pesos para el nuevo recinto porque asumió un compromiso con el estado de Sinaloa. Además agrega que pagará al municipio 8 por ciento mensual de lo que recaude en el estacionamiento.
Pero en las cláusulas también se estipula que como la empresa de Ley López invertirá 75 millones de pesos en el estadio, es acreedora a una compensación, que consta de lo siguiente:
«La empresa no cubrirá al Ayuntamiento derechos, impuestos, contribución o contraprestación alguna por los actos realizados al amparo del presente convenio, que enunciativa, más no limitativamente, son: la realización de obras de mantenimiento, el uso del inmueble, la comercialización de áreas del estadio, la realización de actividades comerciales, de espectáculos públicos, publicitarios, etc, que sean aplicables conforme a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa y las Leyes de Ingresos vigentes para el Municipio de Culiacán”.
A esos beneficios se suman la inversión millonaria de recursos públicos para la construcción del estadio. En un principio se había estimado que serían 225 millones de pesos provenientes el estado y la Federación. Sin embargo, denuncias ciudadanas aseguran que se tratan de 580 millones, 380 a nivel estatal y 200 millones provenientes de la Comisión Nacional del Deporte (Conade).
Es decir, que con 75 millones de inversión el empresario Juan Manuel Ley López, quien también es presidente del Club Tomateros de Culiacán, recibiría la concesión de un nuevo estadio y no pagaría nada durante 25 años, más que un mínimo porcentaje mensual por el estacionamiento.
Mientras podría rentar ese lugar para eventos deportivos, culturales, artísticos, políticos y demás. Además de tener los derechos para cambiarle el nombre o venderlo.
De hecho hoy se llama Estadio Bancomer, esto luego que Juan Manuel Ley vendiera los derechos a la institución bancaria por un monto de 300 millones de pesos, según reportó el 10 de enero de 2013 el diario digital Río Doce.
Manuel Barrantes Tarriba, integrante del Colectivo para la Defensa del Patrimonio Público, denunció que el propio municipio y estado ocultaron información. Inclusive los integrantes de la iniciativa interpusieron quejas a la Comisión local de Derechos Humanos y también promovieron recursos ante un Juez federal, quien les dio la razón cuando ya habían demolido el antiguo estadio Ángel Flores.
«Un grupo de ciudadanos empezamos a cuestionarnos sobre la pertinencia de invertir recursos en un estadio, habiendo tantas otras necesidades, prioritarias según nosotros, así como sobre la conveniencia de destruir el antiguo estadio para construir en el mismo lugar otro, en lugar de conservar el que se tiene y construir otro en alguna otra parte para así tener dos estadios; además de la posibilidad de desarrollar alguna otra zona de la ciudad, y no saturar más la zona donde estaba el anterior; la cual hace aproximadamente 20 años “sacaron” la antigua Central de Autobuses porque, entre otras razones, se encontraba muy saturada, comentó Barrantes.
El Gobernador Mario López dijo desde antes que terminara el estadio que las obras concluirían aunque le costara el puesto y que no tenía que preocuparse el empresario Ley.
«Hay cosas tan incongruentes y tan complicadas en este País que para hacer una carretera hay problemas, para hacer una presa hay problemas, para hacer un estadio es problema, ¿desde cuándo no se hace un estadio en Sinaloa? Cinco o seis décadas… Que Juan Manuel [Ley] no se preocupe, habrá temporada, habrá estadio, aunque no haya Gobernador», dijo Malova a Noroeste.
«Sé que una decisión de esa naturaleza implica que pueda yo perder mi puesto, pero cuando se trata de apoyar al deporte y de hacer cosas por el bien de esta actividad y por el bien de Sinaloa y de Culiacán, pues no me importa», aseveró el panista.
El pasado mes de agosto se inauguró este espacio. De acuerdo con cifras dadas a conocer por el Gobernador Malova se invirtieron más de 305 millones de pesos en su infraestructura y 140 millones adicionales para su equipamiento.
