La CIDH detectó casos en los que reas de las prisiones femeniles pueden pasar hasta tres meses en celdas de castigo. Enfatiza la falta de información que existe sobre este tema.
Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- México carece de un órgano imparcial e independiente que permita hacer frente al hacinamiento, corrupción, indebida atención médica, falta de privacidad, ausencia de oportunidades reales para la reinserción social y maltrato por parte del personal en cárceles estatales y federales, concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Comisionado James Cavallaro, en calidad Relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad y Relator de país, realizó una visita de trabajo a México entre el 22 y el 24 de septiembre, que tuvo como objetivo monitorear la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en este país, además de realizar actividades relativas a los mecanismos de soluciones amistosas y seguimiento de peticiones y casos.
El Relator visitó el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 «El Altiplano» (CEFERESO No. 1), en el Estado de México, así como el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha, el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y el Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente, en el Distrito Federal.
En su visita al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha, el Relator observó condiciones “deplorables” en las celdas de castigo utilizadas, y especialmente por el prolongado tiempo de aplicación de este tipo de sanciones. Al respecto, una de las internas refirió llevar encerrada tres meses en celdas de castigo; este periodo de tiempo fue también confirmado por las autoridades. Por su parte, en su visita al Recurso Preventivo Varonil Oriente, se comprobó que este contaba al día de la visita, con una población de 12 mil 883 personas privadas de libertad, cuando su capacidad es para 5 mil 604 personas.
LAS CONSECUENCIAS DE LA FUGA DE “EL CHAPO”
Según la información recabada por la Relatoría, los reclusorios federales presentarían mejores condiciones físicas y más control, pero también un ambiente de extrema represión. “En este sentido, se caracterizan por la utilización de prolongados regímenes de aislamiento, hasta por 23 horas al día, restricción de comunicación entre internos y graves dificultades para tener contacto con el exterior.
En particular, la Relatoría recibió testimonios sobre los hechos ocurridos el 19 de septiembre del 2015 en el CEFERESO, cuando fuerzas federales de seguridad habrían ingresado y sacado de forma violenta a los internos de sus celdas, a fin de quitarles sus mini televisores y relojes personales. Esta situación, junto con otras inconformidades relacionadas con sus condiciones de detención como el prolongado encierro por 22 o 23 horas diarias en celdas que miden 2 por 3 metros en las que se encuentran dos o tres personas, habría dado pie a una huelga de hambre iniciada ese mismo día”.
En el caso del CEFERESO del Altiplano, desde la fuga del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el 12 de julio de este año, tanto familiares como abogados de los reclusos han denunciado que en el penal se ha recrudecido la represión en contra de los internos, quienes, incluso, publicaron un desplegado en distintos diarios para protestar por la situación.
De acuerdo con el informe de la Relatoría, la CIDH observa con preocupación lo manifestado por organizaciones de la sociedad civil, respecto de la falta de disponibilidad de información sobre lo que pasa en este tipo de reclusorios.
Advierte que en los penales federales y estatales en México se presentan patrones comunes y estructurales, tales como hacinamiento, corrupción, indebida atención médica, falta de privacidad, ausencia de oportunidades reales para la reinserción social, maltrato por parte del personal penitenciario a cargo de la custodia de las personas privadas de libertad, e imposibilidad de éstas para presentar quejas ante un órgano independiente que cumpla con los estándares de independencia e imparcialidad reconocidos.
Asimismo, la Comisión observa que se presenta en gran medida un uso excesivo de la prisión preventiva y la falta de aplicación de medidas sustantivas. “En particular, en la visita a los centros realizada por esta Relatoría, se recibieron numerosos testimonios de personas cuyos casos habrían excedido ampliamente el límite constitucional de dos años para la aplicación de la prisión preventiva. La Relatoría también observó que las personas procesadas y sentenciadas compartirían las mismas celdas y se encontrarían en las mismas áreas comunes”.
Esta semana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer también un informe en el que destacó que existe un problema de sobrepoblación en los penales del país, lo cual afecta no sólo la rehabilitación y reinserción de internos, sino que además les mina la posibilidad de una vida digna y no permite generar buenas prácticas en el sistema penitenciario.
El documento llamado “La Sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana. Análisis y Pronunciamiento” expone que actualmente hay una sobrepoblación penitenciaria del 25.4 por ciento, lo que significa que en las 388 prisiones mexicanas hay capacidad para 203 mil 084 personas, pero habitan en ella 254 mil 705 internos. Por tanto existen 51 mil 621 presos que no cuentan con un espacio óptimo de habitabilidad.
Ruth Villanueva, Tercera Visitadora General de la CNDH, advirtió que la sobrepoblación en las cárceles “es resultado del uso desmesurado de la prisión, que incluye rezago judicial, el cual se refleja en que casi el 50 por ciento de la población interna es procesada, así como la imposición de penas excesivas, a veces sin la posibilidad de medidas cautelares, o el otorgamiento de libertades anticipadas, y la falta de utilización de penas alternativas o sustitutivas de la pena privativa de libertad”.
