El 5 de junio de 2016, los ciudadanos de Chihuahua elegirán un nuevo Gobernador. El actual, el priista César Duarte Jáquez, heredará a la entidad una deuda histórica y también la mancha de opacidad que ha impuesto a su gobierno, considerado como uno de los más corruptos del país.
El 5 de junio de 2016, los ciudadanos de Chihuahua elegirán un nuevo Gobernador. El actual, el priista César Duarte Jáquez, heredará a la entidad una deuda histórica y también la mancha de opacidad que ha impuesto a su gobierno, considerado como uno de los más corruptos del país.
Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).– El 5 de junio de 2016, en 235 días, los chihuahuenses saldrán a votar 818 cargos de elección popular, con los que se sustituirán a los actuales Gobernador, 67 alcaldes, 647 regidores, 67 síndicos y al menos 22 diputados locales de mayoría relativa y 11 o 14 plurinominales, dependiendo de la subrepresentación.
Será el próximo 1 de diciembre cuando dé inicio el proceso electoral, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE). En esta ocasión, los aspirantes a la gubernatura tendrán 70 días de campaña, mientras que los candidatos a diputados tendrán que dar a conocer sus propuesta en tan sólo 35 días.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), junto con sus aliados en esta entidad –entre ellos, el Partido de la Revolución Democrática (PRD)– gobiernan en 52 municipios de Chihuahua, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) administra 13 y el Partido del Trabajo (PT) dos.
En junio de este año, el Congreso local de Chihuahua reformó la Ley Electoral. Las modificaciones contemplan que los partidos de reciente creación no puedan participar en la jornada electoral de 2016; en el caso de los candidatos independientes, la legislación estipula que el número de firmas debe ser de al menos del 10 por ciento de ciudadanos en el padrón, así como no haber pertenecido a algún partido político en los últimos tres años.
El proceso electoral del 2016 en Chihuahua se jugará con nuevas reglas, que tendrán que pasar por el proceso de impugnación que ya anunciaron el PAN, Morena y el Partido Movimiento Ciudadano, además de algunos ciudadanos independientes que han señalado sus inconformidades con las trabas que se le pone a las candidaturas independientes, si es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no dicta lo contrario. Además desaparecerá el Instituto Estatal Electoral (IEE) para que entre en función el Organismo Público Electoral Local (OPLE).
Hasta el momento, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el PAN mantienen una lucha legal contra esa reforma, con el fin de quitar trabas a la figura independiente así como a los nuevos partidos políticos, pues en Chihuahua predomina un solo frente conformado por el PRI, el PRD, el Partido Nueva Alianza (Panal) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
«QUE EL CIELO BENDIGA A CHIHUAHUA»
César Horacio Duarte Jáquez pasará a la historia de México no sólo como el Gobernador de Chihuahua que hasta el último minuto escondió la información de la deuda que tiene ese estado sino que, de comprobarse, también será recordado como uno de los más corruptos.
Surgido de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha ocupado puestos en esas institución política a nivel local, y ha sido Diputado federal en dos ocasiones y legislador local en tan sólo una. El 4 de octubre de 2010, Duarte Jáquez asumió su cargo como Gobernador de Chihuahua.
En aquel entonces tomó las riendas de esa entidad y al mismo tiempo asumió la responsabilidad de una deuda pública por 12 mil 547 millones de pesos. Un año después los chihuahuenses ya debían 17 mil 316.6 millones; para 2012, los pasivos cerraron en 23 mil 284 millones de pesos; en 2013 dieron el salto a 41 mil 768.2 millones de pesos, nivel en el que se mantiene hasta el primer trimestre de 2015, con 41 mil 926 millones de pesos, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En diciembre de 2010, con dos meses de Gobernador participó en un acto público relativo a las fiestas de fin de año, donde dijo: “Que el cielo bendiga a Chihuahua”. De acuerdo con una investigación realizada por la reportera Sandra Rodríguez Nieto, publicada por este medio, es tanto el apego que Duarte tiene por la frase que, el 10 de junio de 2013, inició un trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la Ciudad de México, para registrarla como un “aviso comercial” creado para la “gestión de negocios”, trabajos de publicidad, administración de comercios y demás trabajos de oficina. El expediente quedó integrado con el número 83251, a nombre de César Horacio Duarte Jáquez. La dirección: Periférico de la Juventud número 8725, colonia Lomas Universidad, Chihuahua.
La deuda de Chihuahua ha crecido a una tasa anual de 10 por ciento; sin embargo, la economía avanza apenas 2.47 por ciento, lo que significa que el endeudamiento aumenta cinco veces más rápido que el desarrollo regional, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Ante esta realidad, diputados federales de la anterior legislatura presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del priista Duarte Jáquez y de Jaime Herrera Corral, secretario de Hacienda del estado, por el uso indebido de atribuciones y facultades, peculado y encubrimiento.
El probable despilfarro no ha salido a la luz, pues la administración de Duarte ha sido hermética en cuanto a la información del ejercicio o no ejercicio del los recursos.
Actualmente, Duarte recibe por su trabajo un salario base mensual de 40 mil 648 pesos, una compensación de 90 mil 700, y un sueldo total de 124 mil 141 pesos. A pesar que siempre ha tenido cargos públicos, a la par como Gobernador ha construido una fructífera carrera en la iniciativa privada, pues él y su esposa son inversionista de un banco local, supuestamente gracias a un fideicomiso con recursos públicos. Además tienen participación en farmacias proveedoras del sector salud estatal. Sin embargo, hasta el momento, ninguna autoridad federal o local ha tomado cartas en el asunto.
Denuncias por supuestos uso indebido de recursos públicos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y cohecho, entre otros, son las marcas con las que se va Duarte Jáquez y que, en gran medida, dejará a su sucesor.
UN BANCO Y EL MANOJO DE ESCÁNDALOS
En septiembre de 2014, el activista y miembro de la Unión Ciudadana, Jaime García Chávez, presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) y autoridades financieras a partir de una investigación formal ciudadana en la que acusaron a Duarte Jáquez, a funcionarios de la administración estatal y a otros con carácter de prestanombres, de participar en la creación del Banco Progreso de Chihuahua, SA de CV, y para ello haber desviado 65 millones de pesos de recursos públicos.
El Gobernador chihuahuense ha negado haber utilizado recursos públicos de manera indebida. Pero el Senador panista Javier Corral Jurado asegura:
“César Duarte se hizo rico inexplicablemente, pues carece de alguna actividad empresarial económica que pueda justificar ese nivel de ingresos. El caso del Banco Progreso es sólo un caso, pero el más documentado. Lo que en realidad ha sucedido es que el Gobernador ha ido a un saqueo a las arcas del erario. Ha comprado una gran cantidad de ranchos en el estado en los últimos años, ha habido licitaciones amañadas y uso de información privilegiada, directamente y personeros”.
A finales de ese año, un grupo de ciudadanos, con documentos obtenidos con solicitudes de transparencia, informó que el gobierno de Duarte desvió 80 mil millones de pesos hacia el Banco Progreso de Chihuahua, S.A. de C.V., empresa de reciente creación en donde él es o iba a ser socio.
En noviembre de 2012 Duarte y su esposa constituyeron un fideicomiso (contrato 744743) en Banorte, por 65 millones de pesos, por medio del cual adquirieron acciones de Banco Progreso Chihuahua. Luego sacaron millones de pesos del Gobierno estatal para alimentar de recursos a su propio banco.
Un equipo de la periodista Denise Maerker obtuvo copia de ese fideicomiso y le preguntó al Gobernador. Él respondió: “Está el fideicomiso, claro, y no lo leí. A lo macho que no lo leí”.
“[El fideicomiso] es un listado de asociaciones crediticias que se unieron para respaldar en un momento determinado el riesgo que pudiera tener el Banco Unión Progreso. Y eso se hizo porque hay más de 100 mil ahorradores, más de 3 mil accionistas de una unión que hubiese sido una crisis social muy profunda en el estado”, argumentó el priista.
En julio 2013, el listado de socios del banco ya incluyó el fideicomiso 744743 de los Duarte. En marzo de este año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aprobó la creación de ese banco. El fideicomiso sirvió de respaldo.
Se sabe que el Secretario de Hacienda de Chihuahua, Jaime Herrera Corral, fue quien realizó 342 depósitos de la dependencia a la Unión de Crédito Progreso; sin embargo él también es o era socio de esa institución financiera.
A pesar de ello, Herrera Corral dijo a SinEmbargo, en agosto pasado, que sobre el caso existe desinformación e incluso falsificación de documentos que presuntamente comprueban la relación de funcionarios locales con actos de corrupción.
Pero el banco no es la única bomba que le ha explotado en las manos a César Duarte.
El 30 de julio pasado, este diario digital publicó un reportaje en el que se reveló que el Secretario de Salud de Chihuahua, Pedro Hernández Flores, cobró dos salarios durante al menos dos años: uno por haber ocupado, hasta 2014, la posición de director general del Régimen Estatal de Protección en Salud, o Seguro Popular, y otro más por el cargo de director Administrativo de la Secretaría de Salud del estado. De acuerdo con documentos oficiales, por el primero recibió 64 mil 68 pesos mensuales, y 56 mil 139 por el segundo.
Además, copias de un estado de cuenta a nombre del mismo titular de Salud, con 5.7 millones de dólares, fueron difundidas por correo electrónico a diversos medios de la entidad. En el documento se observa que la cuenta, número 7702197435 de la sucursal en El Paso de Wells Fargo, fue abierta desde 2011, en el primer año de la actual administración.
Un mes después, en septiembre pasado, se difundió que Hernández Flores habría depositado a Bertha Olga Gómez, esposa del Gobernador César Duarte Jáquez, un millón 345 mil dólares mediante un cheque y habría emitido otro a nombre de Rosa Isela Gaytán, titular de Servicios Jurídicos en la Secretaría de Salud de Chihuahua, éste por un monto de 645 mil dólares.
Las imágenes de los dos cheques que corresponden a la institución bancaria estadounidense Wells Fargo, y que fueron emitidos en una sucursal de El Paso, Texas, fueron enviadas a medios de comunicación y divulgadas profusamente en redes sociales.
Ambos cheques tienen fecha del 9 de julio de 2015 y cuentan con el sello de aprobación del cajero. El dinero proviene de una supuesta cuenta de Pedro Hernández registrada con el número Wells Fargo No. 7702197435.
La dirección que César Duarte Jáquez usó para registrar la frase “Que el cielo bendiga a Chihuahua” es la misma, de acuerdo con el padrón de proveedores de la Secretaría de Hacienda de aquella entidad, donde fue registrada una compañía de servicios médicos que ha ganado contratos millonarios para surtir al gobierno del mismo mandatario. La empresa se denomina “Servicios y Atenciones Médicas K”, y aparece en la relación de empresas que hacen negocios con el gobierno estatal con el número de registro A-32-27621.
Como domicilio fiscal, en la misma documentación, la empresa registró Periférico de la Juventud 8725, colonia Lomas Universidad. Al marcar los números telefónicos que aparecen la documentación oficial, una recepcionista respondió informando que la oficina era de “Almacenes Ymmarsa”, empresa también proveedora del Sector Salud de Chihuahua.
Información oficial documenta cómo el gobierno del estado ha entregado de manera directa la asignación de contratos millonarios a la farmacéutica Servicios y Atenciones Médicas K. En una auditoría realizada por la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre los estados financieros de los Servicios de Salud consta que, el 28 de mayo de 2012, se realizó una sesión extraordinaria para asignar a esta compañía un contrato por un “importe máximo” de 321.1 millones de pesos.
“Este importe corresponde a la adjudicación directa número 282/2012, con fallo adjudicatorio del 28 de mayo en sesión extraordinaria número 012/2012 del Comité de Adquisiciones, adjudicándose a Servicios y Atenciones Médicas K, S.A. de C.V, mediante contrato D20518, obligándose éste a entregar cada uno de los bienes, apegándose a las descripciones y presentaciones que se indican en el anexo 1, corresponder a las claves incluidas en el cuadro básico del Sector Salud (…) este por un importe mínimo de $96,427,739.09 y máximo de $321,136,133.61, este contrato tendrá una vigencia del 28 de mayo al 31 de diciembre de 2012”, dice el Informe Técnico de resultados de la auditoría.
CRIMEN Y NARCOTRÁFICO
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) refieren que durante 2014 en los municipios Chihuahua y Ciudad Juárez se perpetraron 13.07 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.
El Observatorio Nacional Ciudadano asegura en su informe de 2014 que Chihuahua «goza de mejores condiciones de seguridad, sin embargo, dicho enunciado es debatible pues todavía en 2014 fue la tercera entidad con mayor tasa de homicidio doloso».
Por otra parte, en el informe “Las 50 ciudades más violentas del mundo en 2014”, elaborado por la organización Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC, figuran una decena de ciudades mexicanas, entre ellas, dos de Chihuahua: la capital y Ciudad Juárez.
La ciudad de Chihuahua ocupó el lugar 43 con 298 homicidios, en tanto que Ciudad Juárez se ubicó en el lugar 27; el documento destacó que ésta última fue la única de las ciudades mexicanas cuya tasa de homicidios dolosos aumentó de 2013 a 2014, al pasar de una tasa de 37.59 a una de 39.94 por cada 100 mil habitantes.
ATAQUES A DERECHOS HUMANOS
Organismos públicos de derechos humanos, nacionales e internacionales, aseguran que México vive una crisis en la materia. Se ha destacado que las principales violaciones apuntan a prácticas como la tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales a manos de fuerzas del Estado. Hechos que se replican en toda la República y van en aumento.
Hace unas semanas, Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que las entidades donde se violan con mayor frecuencia los derechos humanos son: Guerrero, Oaxaca, Baja California, Chihuahua, entre otras.
En las observaciones preliminares de la Visita in Loco la CIDH detalló: «Los estados fronterizos con Estados Unidos de América —Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas—sienten de manera particular la violencia relacionada al narcotráfico y al crimen organizado».
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó encuestas para saber las condiciones que enfrentan las mujeres, niñas y niños que viven en penales femeniles. El organismo encontró que existe prostitución en 20 establecimientos penitenciarios que pertenecen a los estados de Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Nayarit, Nuevo, León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
También encontraron que en los penales de Chihuahua existe el autogobierno; es decir, que cierto número de internas asumen en papel de la autoridad.
De acuerdo con registros de la CNDH, el 40 por ciento de los hechos violatorios a derechos humanos que generaron recomendaciones para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se perpetraron en Chihuahua y en Michoacán.
A la fecha, Chihuahua es el único estado donde sigue sin ser tipificado el feminicidio. No obstante, entre 2010 y 2014 organizaciones civiles de Chihuahua documentaron 727 presuntos feminicidios, un promedio de 182 al año, 15 por mes, cuatro a la semana. Además, en lo que va de 2015 han reportado el asesinato de 26 mujeres sólo en Ciudad Juárez, detalló Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
La organización ha referido que existe una ola de violencia comunitaria contra las mujeres, además que se han incrementado los casos de desaparición de jóvenes chihuahuenses.
