Las comunidades y organizaciones denunciaron que con la siembra de soya transgénica afectaría la apicultura que es una actividad ancestral en la zona, una fuente importante de ingresos y es el patrimonio de la cultura maya.
Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- Comunidades mayas de la Península de Yucatán y organizaciones en defensa de los pueblos indígenas instaron hoy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a declarar como infundadas las impugnaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la multinacional Monsanto, con los que buscan obtener los permisos para comenzara a sembrar soya transgénica en la selva.
En una conferencia de prensa, representantes del pueblo maya y organizaciones como Greenpeace, LITIGA OLE, y los colectivos Apícola Chenero y el sin Transgénicos MA OGM, y la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), dieron a conocer que el próximo miércoles 7 de octubre la SCJN decidirá, con la ponencia del Ministro Fernando Franco González, sobre los recursos de Revisión (241/2015, 270/2015 y 410/2015) derivados de los amparos presentados por autoridades tradicionales mayas de Campeche en contra del permiso de soya transgénica otorgado a Monsanto.
De acuerdo a las organizaciones, esta sentencia es fundamental dado que la agricultura transgénica puede afectar de manera directa los derechos humanos de las comunidades mayas como son: la identidad cultural, la autonomía, la alimentación, medio ambiente, territorio, acceso a los recursos naturales tradicionalmente manejados, entre otros.
“Para las y los apicultores mayas, la sentencia de la Suprema Corte es muy relevante porque lo que se decida incidirá directamente en su patrimonio biocultural y su forma de vida”, sostuvieron.
Recordaron que en el año 2012, “las apicultoras, los apicultores y las comunidades mayas consideraron que el permiso para liberar soya transgénica otorgado por Sagarpa vulneraba sus derechos a la consulta, libre, previa, informada y culturalmente adecuada; al medio ambiente sano; y hacía caso omiso al principio precautorio; argumentos que les fueron reconocidos por jueces federales mediante sentencias emitidas en 2014.
Sin embargo, las sentencias a su favor fueron impugnados por la Sagarpa y por Monsanto y el caso llegó a la SCJN dado a la trascendencia y relevancia del caso, y la posible afectación o alteración de valores sociales, así como la convivencia y bienestar para las comunidades apícolas mayas que habitan en la Península de Yucatán.
“La Secretaria encargada de los asuntos agrícolas [Sagarpa] y la tercera perjudicada [Monsanto], mediante recursos de revisión en contra de las sentencias de los Jueces federales, pretenden mantener los actos que transgreden profundamente la vida del pueblo maya, pese a que las autoridades están obligadas a respetar y garantizar los derechos fundamentales del pueblo maya como pueblo originario, atentando contra sus derechos humanos y el principio de pluriculturalidad; transgrediendo sus obligaciones constitucionales y convencionales en perjuicio de sus derechos humanos de naturaleza colectiva”, denunció el abogado Luis Miguel Cano, integrante de LITIGA OLE.
Las organizaciones denunciaron que de aprobarse la siembra de soya genéticamente modificada en la Península de Yucatán terminaría con un círculo virtuoso en una región en la cual la apicultura ha fomentado un desarrollo humano sustentable durante años.
“La apicultura se sostiene en la riqueza cultural y ambiental de la selva maya, entonces, las comunidades protegen la selva, que les genera ingresos. El romper el círculo tendría consecuencias nefastas. Ya se han deforestado más de 38 mil hectáreas en 2013, tan sólo en Campeche, en parte para la siembra de soya. También existe el riesgo de desertificación de las cuencas hídricas por la siembra de extensas parcelas de soya. Por último, no podemos olvidar los riesgos para la salud de las comunidades por las fumigaciones con glifosato, mismas que ya se han visto en otros países como Argentina”, advirtieron.
Por su parte, el abogado de la organización de promoción y defensa de los derechos humanos, Indignación, Jorge Fernández, criticó que “mientras que la autoridad encargada de los temas agrícolas en México expidió permisos de soya transgénica (actos reclamados) que afectan la actividad histórica del pueblo maya consistente en la apicultura y la meliponicultura, a través de la cual expresan el ejercicio de derechos fundamentales como son: identidad cultural, la autonomía, el territorio y el acceso a los recursos naturales tradicionalmente manejados; el Gobierno de Yucatán reconoció la posible afectación por la siembra de soya transgénica al Patrimonio Biocultural y a los derechos humanos del pueblo maya y tomó medidas legales y administrativas para su protección”.
Además, las ponencias del Ministro Eduardo Medina Mora y de la Ministra Margarita Luna Ramos, miembros integrantes de la Segunda Sala, decidirán en próximas fechas sobre los recursos de amparos en revisión presentados por las cooperativas mieleras de Campeche (498/2015, 499/2015 y 500/2015) y las asociaciones de apicultores en Yucatán (198/2015), respectivamente, contra el mismo permiso.
En este contexto, las organizaciones instaron a que el Máximo Tribunal del país “garantice los derechos humanos del pueblo maya, confirmando las sentencias obtenidas en los Juzgados Federales y, por lo mismo, declarar como infundados los recursos interpuestos por las autoridades y Monsanto, de manera que se lleve a cabo un control de constitucionalidad de los actos reclamados y resulte la protección más favorable para las comunidades mayas, garantizando el principio de pluriculturalidad”.
EL DECLIVE DE LAS ABEJAS
En tanto, Rémy Vandame, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, sostuvo que diversos científicos muestran que el declive de las abejas en el mundo se debe primeramente a la extensión de los monocultivos y al uso de plaguicidas.
“En México, estamos a tiempo para elegir un modelo de agricultura que no retome estas tendencias, y que respete primero a la sociedad y al medioambiente. El debate en torno al cultivo de soya genéticamente modificada es una parte pequeña de esta gran discusión en torno al modelo de agricultura y de país que queremos”, alertó.
En este sentido, Leydi Pech, integrante del Colectivo Apícola Chenero, sostuvo que las comunidades mayas culturalmente no conocen la soya transgénica y que este tipo de cultivo además no generaría ningún tipo de empleo para la población de la región.
“También nos va a afectar por la pérdida de nuestros bosques, esos bosques les sirven a las abejas, tenemos diversidad de especies todo el año para que se alimenten. La soya transgénica requiere grandes áreas de desmonte. La apicultura es una actividad ancestral, es el patrimonio de la cultura maya, nos genera ingresos económicos muy importantes, y también permite cuidar el medio ambiente. Además, los mecanizados están siendo fumigados con avionetas y eso nos trae consecuencias. Aun así, a nosotros nadie nos preguntó sobre la siembra de soya transgénica”, abundó Pech.
Por su parte, María Colín, representante legal de Greenpeace México, concluyó que “a corto plazo, se debe garantizar zonas libres de transgénicos, petición a la que se ha negado la Sagarpa, lo que representaría una medida definitiva para proteger el campo mexicano, a las comunidades, a los productores y a los consumidores de la imposición de soya, maíz o cualquier otro cultivo transgénico, en nuestro campo, en nuestra mesa, en nuestra dieta, dado que nos está vedado el etiquetado de transgénicos”.
