El Estado camina hacia la privatización parcial de la seguridad de los mexicanos, y ha detonado un crecimiento exponencial de policías, dice especialista.
Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).– El vacío del Estado mexicano en cuanto a seguridad refiere ha propiciado la creación de grupos de autodefensa; fragmentación de la sociedad por medio de rejas, bardas, garitas, fraccionamientos amurallados; y también ha permitido un crecimiento exponencial de servicios de seguridad privada –en algunos casos no regulada–, a la par del incremento de elementos policiales públicos, aseguran expertos en el tema.
A pesar que existe una inflación en el suministro de seguridad pública y privada, las autoridades no han logrado retener la criminalidad, pero tampoco han soltado el control económico y político de las policías –como lo han hecho en el sector energético, salud, telecomunicaciones–, refiere un estudio.
“Al mercantilizar un servicio que debería ser público, se engrandece la brecha entre ricos y pobres, y se fragmenta aún más el espacio urbano, construyendo una nueva geografía de la desigualdad hecha de miedo y estigma”, explicó la doctora Claudia Zamorano Villarreal, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
En la investigación llamada “Privatización de la seguridad pública en metrópolis mexicanas. Retos institucionales, socio-culturales y territoriales”, Zamorano Villareal expone que el incremento del presupuesto para la seguridad pública y privada conduce hacia «una privatización parcial de la seguridad, que contribuye a la fragmentación del monopolio de la violencia legítima del Estado, y a un proceso de ‘securización’; es decir, una especie de inflación de las medidas de seguridad de los ciudadanos. En algunos casos, se tiene una solución parcial para retener la criminalidad, pero estas acciones no disminuyen el miedo y la desconfianza de los ciudadanos».
La experta detalló que el Gobierno federal y los estatales entran en una paradoja, pues permiten la incursión de elementos privados, pero no sueltan las riendas de la seguridad de los mexicanos. Inclusive las fronteras de lo público y lo privado se cruzan cuando renta a policías municipales o federales a empresas o a ciudadanos con alto poder adquisitivo, a cambio de «sobresueldos».
Durante el sexenio del Presidente Vicente Fox Quezada [2000-2006] el presupuesto asignado a la seguridad y la defensa ascendió un 9 por ciento y aquel asignado a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) incluso disminuyó un 25 por ciento. No obstante, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, quien lideró la llamada «guerra contra el narco», el presupuesto del sector creció 62 por ciento y aquel de la SSP aumentó 142 por ciento. En esta secretaría esto se tradujo, entre otras cosas, en un aumento de policías federales que fue de 12 mil 907 efectivos en 2006 a 36 mil 940 en 2012, según cifras de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En el Gobierno de Enrique Peña Nieto, los hechos indican que la seguridad pública sigue teniendo una importancia central: en 2015 entre la Policía Federal, la Gendarmería de la República y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se absorbieron cerca de 2.54 millones de dólares, lo que representa un 22 por ciento del presupuesto asignado a todo el sector.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública refiere que existen en activo 367 mil policías; mientras que laboran 450 mil elementos privados y 600 mil guardias en la informalidad, según datos de la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada y Similares de los Servicios del Ramo (Conesprysir).
Sumado a ello, la Conesprysir calcula que este mercado mueve 240 mil millones de pesos al año.
El estudio asevera que el Estado no ha destinado los recursos financieros y físicos para regular y certificar a todas las empresas que brindan servicios de inseguridad, por lo que regular estas empresas es en extremo complicado y deficiente.
“Además se suman también actos de corrupción tanto de reguladores como regulados, lo que se refleja con el amplio número de agencias de seguridad que funcionan sin permiso del gobierno”, dijo la investigadora Zamorano Villarreal.
Agregó que a finales de los años ochenta, la certeza de que la seguridad pública era un asunto de Estado comenzó a derrumbarse en México: “Desde entonces, la inversión privada empezó a ganar terreno en la producción de servicios de seguridad, tanto que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) integró el rubro en los Censos Económicos de 1989 contando 210 empresas”.
De aquel año al 2014 el número de compañías que ofrecen el servicio de seguridad privada se multiplicó por 18, al pasar de las 210 empresas arriba referidas a 3 mil 834. “En el último cuarto de siglo, anualmente se sumó al negocio de la seguridad un promedio de 151 empresas con dimensiones y calificaciones muy desiguales”.
Pero a pesar de tantos policías, públicos o privados, la que en cuanto a la percepción de la población, las encuestas de 2012 y 2014 de Victimización del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ) indican que el tema de la inseguridad sigue siendo la principal fuente de preocupación de los mexicanos mayores de 18 años.
«Guiados por su preocupación en torno a la inseguridad, la población –especialmente los distintos sectores de clase media y alta– tienden a cuatro tipos de acciones: la adaptación de dispositivos de seguridad; la contratación de personal de seguridad privada; la organización vecinal y la contratación de seguros», refiere el estudio presentado por la doctora Claudia Zamorano Villarreal.
Sumado a ello, en las clases populares: «se ponen en marcha simulacros donde los vecinos salen a la calle ultra armados, tanto con cuchillos de cocina, palos, bates de béisbol, como con armas de fuego. También se cierran calles y se cuelgan mantas de amenaza contra infractores. Esto dice mucho sobre el sentimiento de indefensión de los habitantes pero además habla sobre los riesgos latentes de que este tipo de acciones se descarrilen, lo que incluye casos de linchamientos comunitarios».
Claudia Zamorano informó que ambos casos tampoco son soluciones contundentes, pues las llamadas «burbujas de seguridad» o residenciales provocan aislamiento, lo cual sirve de guarida para delincuentes, como el caso del Condado de Sayavedra, Estado de México, donde se encontró una de las casas de seguridad vinculada al narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”. En el caso de las clases populares, el poner rejas o muros en calles fragmenta el espacio urbano, que genera calles vacías, ideales para cometer ilícitos.
