La Segob, junto con la CEAV inician segunda fase de atención a víctimas por el caso Ayotzinapa

27/09/2015 - 10:30 pm

La segunda fase contempla la reparación de los daños ocasionados a las víctimas del caso Iguala

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbrago).- La Secretaria de Gobernación (Segob) informa que junto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) inician la segunda fase de atención en el caso Ayotzinapa.

Derivado del encuentro con los padres y familiares de los 43 estudiantes normalistas y otras personas en calidad de víctimas en el caso Ayotzinapa, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob y el CEAV, informaron que por instrucciones del Ejecutivo ambas dependencias trabajarán en coordinación para atender y acompañar a las víctimas del caso Iguala.

En el comunicado emitido este día detallan que se ha trabajado desde los primeros momentos del caso, brindado atención médica, psicológica, asesoría legal y acciones del trabajo social que incluyen: becas, programas osciles, entre otro apoyos.

Par la segunda fase atención a las víctimas describe que iniciará a partir de un esquema de trabajo en conjunto con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para integrar un sólo padrón de personas en calidad de víctima de este caso.

En la reunión del 24 de septiembre, la CEAV tomó nota de las demandas de los padres de los 43 las cuales serán atendidas, según informa el comunicado.

La segunda fase incluye el inicio de un programa de reparación integral para las personas afectadas en el caso. La reparación consiste en medidas para desaparecer las violaciones cometidas, cada medida depende de su naturaleza y del monto del daño ocasionado, “como la restitución, la indemnización, la reconstrucción del proyecto de vida, la satisfacción y las garantías de no–repetición”, describe el texto.

Se puntualiza que la reparación del caso está basado en información que ha generado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el informe de la GIEI.

La CEAV, señala el comunicado, es un organismo público descentralizado del Gobierno, dedicado a atender a todas las personas que han sido víctimas de un delito federal o de una violación a sus derechos humanos con el fin de apoyarlas.

Redacción/SinEmbargo
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