El 26 de marzo, Juan Manuel Gómez Robledo, entonces Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, calificó de “no profesional y poco ético” el informe del Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y otros Tratos Crueles.
Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- El informe hecho por Naciones Unidas que sostuvo que la tortura es una práctica generalizada en México sigue dando de qué hablar. Durante la comparecencia que se llevó a cabo ayer en el Senado para ratificar a ocho futuros representantes diplomáticos, Juan Manuel Gómez Robledo ofreció disculpas, ocho meses y medio después y a punto de ser ratificado como Embajador en Francia, por haber acusado al Relator de la Tortura, Juan Méndez, de llegar a conclusiones “irresponsables y poco éticas”.
La Senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriela Cuevas Barrón, cuestionó a Manuel Gómez sobre este incidente y de qué garantías daría para evitar que vuelva a suceder ahora en Europa un problema diplomático similar al ocasionado por sus declaraciones previas, cuando fue subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“Me parece que el altercado fue uno que México se pudo haber ahorrado, y que es mucho más propio de la política de los últimos años pretender que se va ocultar [las violaciones a derechos humanos], y la verdad es que las cosas no deben ser así. No tapando”, dijo Cuevas.
Cuevas recordó que la otrora Embajadora en Bélgica, Sandra Fuentes-Beráin, recibió cuestionamientos por el Parlamento Europeo por las muertas en Ciudad Juárez y resolvió actuar con la verdad llevando a una delegación europea a dicha ciudad, por lo que espera de Gómez transparencia en derechos humanos.
Ante los cuestionamientos, Manuel Gómez Robledo ofreció una disculpa por las declaraciones hechas a finales de marzo en relación al Relator.
El diferendo comenzó el 9 de marzo, cuando Méndez presentó las conclusiones de la visita que había realizado en México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014, en las que afirmó que la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia “son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”.
Ese mismo día, el representante del Gobierno mexicano en Ginebra, Jorge Lomónaco, respondió al informe rechazando sus conclusiones. “No puedo más que reiterar que no podemos compartir la observación de que la tortura es generalizada en el país, porque no corresponde con la realidad”, señaló.
Posteriormente, el propio Secretario de Relaciones Exteriores dijo que el Relator sólo había aportado información de 14 casos y que en 13 de esos ya se habían presentado avances significativos para su atención.
Al respecto, Méndez puntualizó que esos 14 casos involucraban a 107 víctimas y explicó que únicamente podía presentar casos que cumplieran con las reglas del Consejo de Derechos Humanos, lo que implica evaluar denuncias y verificar que las víctimas hayan dado su consentimiento para usar sus nombres, entre otras. Asimismo destacó que esos 14 casos, que agrupaban a más de un centenar de víctimas, “es mucho más que la cantidad de casos enviados a cualquier otro país en el curso de un solo año”.
Luego, el 26 de marzo, el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Juan Manuel Gómez Robledo, quien calificó de “no profesional y poco ético” el informe del Relator. “Me parece muy irresponsable y muy poco ético que sobre la base de dichos que no pudo sustentar, que no pudo documentar, concluya que hay una práctica generalizada [de la tortura]“, señaló.
En aquella ocasión organizaciones defensoras de derechos humanos condenaron que el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, respaldara las palabras de su subalterno.
Esto provocó una carta de respuesta enviada por el propio Juan Méndez, en la que sostuvo que ningún Gobierno había antes hecho tales comentarios sobre el trabajo que desempeña para Naciones Unidas. Y también serios cuestionamientos sobre el reconocimiento que tiene la administración de Peña Nieto de las violaciones a derechos humanos.
“Fue una situación de la que aprendí muchísimo, del comentario que hice en el Senado, en una reunión de carácter informal, dio origen a un debate que demostró cuán arraigada está la importancia de seguir luchando por una mejor protección a los derechos humanos. Y reconozco que ofendí, a sectores importantes, y una vez más pido disculpas”, agregó Gómez Robledo.
El Senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Rabindranath Salazar Solorio, detalló que dará seguimiento en febrero al manejo que han hecho de los derechos humanos los tres embajadores postulantes, y que probablemente hoy sean ratificados por el pleno del Senado, a través de la conformación de una comisión europea, que vendrá a México para evaluar distintos temas.
“Yo creo que estas comparecencias deben generar conciencia en quienes van a representar a nuestro país. Tenemos que reconocer que tenemos un problema grave en materia de derechos humanos. Los legisladores europeos han sido críticos, al punto de poner en riesgo el Acuerdo Global, porque hay una preocupación muy real. Está el caso del finlandés asesinado Jiri Jackola y de la activista Bety Cariño del que hasta ahora habido poca respuesta”, dijo.
TORTURA SIN PRESUPUESTO
Por su parte, ayer llegaron al Senado las iniciativas de la Ley General en materia de Tortura y la Ley de Delitos de Desaparición Forzada, enviadas por el Presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, dado que el periodo legislativo termina hoy, senadores expusieron que esperan que sea en el próximo semestre que sean aprobadas.
La Senadora del PRD, Angélica de la Peña Gómez, expuso que el Ejecutivo no consideró la velocidad con la que debería ser avalada esta ley, ya que no se consideró un presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el 2016.
“La previsión presupuestal que está planteando la iniciativa del presidente tendría que aplicarse en el 2016, para que sea ejercida en el 2017, yo creo que están pensando que la instauración de estos mecanismos se va tomar, prácticamente un año, pero es necesario que se tomen consideraciones ahora, en vista de que quede aprobada en el próximo periodo legislativo”.
De la Peña detalló que de lo contrario será imposible que funcione un banco único nacional de ADN para encontrar desaparecidos. “Ubicar el origen y ponerle nombre a cada resto humano que se encuentre, hay fosas, pero también hay un desastre en los panteones, en los anfiteatros, personas que no tienen nombre ni apellido”.
La también presidente de la Comisión de Derechos Humanos expuso que la iniciativa enviada por Peña Nieto carece de la implementación de un banco de datos para personas detenidas, algo que es fundamental para evitar ambos delitos, que en muchas ocasiones inician bajo la custodia de las autoridades.
“Ese es el meollo de uno de los problemas, y eso también requiere de un reordenamiento institucional y se requieren recursos. Yo llevo en el tema desde hace tres años, hay dos iniciativas. Es entendible que el PRI estuviera esperando la propuesta del Presidente, pero a nosotros nos hubiera gustado que fuera en septiembre para cumplir con el plazo del transitorio constitucional”.
