Tixtla, Guerrero, 15 de diciembre (SinEmbargo).- Los enfrentamientos entre policías federales y estudiantes de la normal de Ayotzinapa, familiares de los normalistas desaparecidos e integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), ocurrida durante la madrugada y la mañana de ayer, no son hechos aislados, sino que se enmarcan en una estrategia gubernamental de propiciar una salida violenta a la crisis generada por la desaparición de los 43 normalistas, señaló el abogado Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
“Lo de ayer no es aislado, lo de ayer no es un incidente menor. Se enmarca en un proceso y en una estrategia gubernamental de prevenir o de generar las condiciones para una salida violenta, una salida represiva a lo que hoy se ha convertido ya en una crisis política y social para el gobierno federal”, dijo Rosales, quien acompaña a los padres de los estudiantes desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.
El abogado refirió como primer evidencia de esa estrategia las detenciones y traslados a prisiones federales de manifestantes tras las protestas en la Ciudad de México.
A ello, dijo, siguió el fichaje de agrupaciones y activistas que se han solidarizado con la causa de los normalistas, a quienes ligan con grupos considerados subversivos. El pasado 8 de diciembre, Reporte Índigo publicó que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) tenía fichado al abogado Rosales, a quien, según el medio, se le considera «radical» y con «vínculos con la subversión».
Lo siguiente fueron las declaraciones de mandos militares de que había grupos que buscaban manipular a los padres de los normalistas desaparecidos.
La última evidencia de esa estrategia, a decir del abogado, es el “manejo sesgado de la información” sobre la refriega de ayer, que dejó 14 civiles y siete policías federales lesionados.
La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunciaron que en la madrugada de ayer, jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos iban a bordo de dos camiones y se dirigían a la glorieta conocida como «El Caballito», en la ciudad de Chilpancingo, para comenzar con los preparativos de un concierto en solidaridad con Ayotzinapa que se realizaría esa ciudad, cuando un taxi con policías vestidos de civil y en estado de ebriedad los interceptaron y los agredieron verbalmente. Posteriormente comenzó el enfrentamiento.
En total fueron tres enfrentamientos. Los primeros dos fueron entre estudiantes y padres de familia y los agentes federales; en la tercera gresca participaron integrantes de la CETEG, que acudieron para apoyar a los normalistas.
Al término de una reunión que esta mañana sostuvieron los familiares de los normalistas desaparecidos, el abogado Rosales dijo a SinEmbargo que, a diferencia de cómo habían actuado algunos medios de comunicación anteriormente, respecto a los hechos de ayer no dieron voz a los padres de familia.
Consideró que hay medios de información “al servicio del gobierno” que únicamente señalaron como víctimas de los hechos de ayer a los agentes de la Policía Federal.
“Pero esto no es así: [hay que] recordar que los policías federales fueron los que llegaron ahí, a agredir a los estudiantes que se encontraban, era un número reducido de estudiantes”, dijo.
Sin minimizar el hecho de que tras la gresca también resultaron policías heridos, subrayó que no fueron los únicos lesionados: también hubo ocho estudiantes (siete normalistas y uno de la UNAM), dos padres de familia, dos profesores de la CETEG y dos periodistas.
Rosales señaló que la información divulgada por algunos medios se centró en señalar los actos de los maestros de la CETEG, a pesar de que ellos llegaron en la parte final, cuando ya habían ocurrido las primeras agresiones a estudiantes y padres de familia.
“Pero como es más fácil señalar y cuestionar hoy día y desacreditar a los maestros, les resulta más difícil desacreditar a los padres de familia, lo hacen contra la CETEG, y esa es una estrategia represiva. Están preparando las condiciones para una salida de carácter violento, eso es lo que nosotros vemos”, dijo.
Rosales consideró que la CETEG -organización magisterial disidente que ha expresado su solidaridad con la exigencia de justicia por los normalistas desaparecidos- es uno de los principales “blancos de represión” del gobierno dado el peso que tiene.
Así lo explicó: “Ahorita es la organización más grade a nivel estatal que sostiene, por lo menos en Guerrero, al movimiento de los padres de familia y los estudiantes de Ayotzinapa, y en la medida en que la CETEG sea reprimida, sea desarticulada, en esa misma medida va a perder una fuerza importante [la causa de] los padres de familia y los estudiantes”.
El vocero de los familiares de los normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz, también consideró que se trató de una acción deliberada, cuyo propósito es cerrar el caso de los 42 normalistas, quienes están desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado, hace casi tres meses.
“Todo eso a nosotros nos hace ver de que es todo planeado desde hacia varios días, desde las declaraciones del Secretario de Marina, desde las declaraciones de Peña Nieto de que olvidemos o de que tratemos de superar el dolor, ya viene planeado todo como parar cerrar el caso, y con la ayuda de los medios como El Universal, como Milenio, tratan de hacer víctimas a los policías federales cuando las víctimas están aquí”, dijo refiriéndose a los estudiantes, padres de familia, maestros y periodistas que resultaron lesionados.
ALISTAN ACCIONES
De la Cruz refirió que mañana martes, algunos de los padres de familia de los normalistas desaparecidos darán una conferencia de prensa en la Ciudad de México, en la que presentarán fotografías, vídeos y testimonios que comprueban las agresiones de los policías federales.
Para mañana también tienen previsto que algunos otros familiares se reúnan en Iguala con familias de desaparecidos en ese municipio.
Rosales refirió que se presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Guerrero, la cual quedó registrada bajo el folio VG/263/2014-2. El abogado previó que por tratarse de hechos que involucran a servidores públicos federales, dicha queja sea retomada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Además, se va a dar parte de los hechos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) mediante una comunicación, dado que los padres de familia y los normalistas de Ayotzinapa tienen medidas cautelares ante dicha instancia y “se puso en riesgo su integridad física”.
Entre los 14 civiles agredidos, hubo dos familiares de los normalistas desaparecidos: Mario González, padre de uno de los 42 estudiantes desaparecidos, y Lambertino Cruz Antonio, tío de la madre de otro de ellos.
Lambertino Cruz tiene el brazo izquierdo dislocado, dos descalabramientos, moretones en el costado derecho y en el tabique nasal.
A él lo agredieron cuando intentó defender a una maestra de la CETEG, a quien policías federales, dijo, arrastraban y azotaban en el piso.
Uno de los dos golpes que tiene en la cabeza está en la nuca. Él refiere que fue un policía quien lo golpeó por detrás. Otro policía le habría causado el otro golpe en la cabeza. Tras haber caído al piso a causa de los golpes en la cabeza, los policías lo siguieron golpeando en el piso, dijo.
“TODO CONLLEVA A LASTIMARNOS”
El vocero de los padres de los normalistas desaparecidos se refirió a la agresión de la Policía Federal, que ocurre mientras ellos siguen esperando que las autoridades les entreguen con vida a sus hijos.
“Todo eso para nosotros es indignante y llena de rabia cómo estas personas preparadas para el ataque abusan de la fuerza en contra de los padres de familia”, dijo.
“Estamos viviendo algo que no deberíamos vivir, porque sentimos que la función de los policías, que ellos lo tienen en sus patrullas, que es para proteger y servir al pueblo, y creo que de esta manera ni nos protegen ni nos sirven, sino todo lo contrario. Nos están afectando física, psicológica y mentalmente, todo conlleva a lastimarnos”.
Sobre la respuesta que los Senadores, con quienes se reunieron la semana pasada, podrían dar a las demandas que les plantearon, de la Cruz dijo no esperaban una respuesta distinta a la que les han dado el resto de las autoridades: la indolencia.
“Si ellos de verdad sintieran lo que dijeron o lo que trataron de decirnos ese día, desde el primer momento se hubieran manifestado, hubieran dado una postura como Senado, como parte del [poder] legislativo en México. Pero se han mostrado apáticos, indolente a lo que estamos viviendo.
Por ejemplo, lo de ayer: no se ha escuchado nada de ellos, ni de los Diputados. ¡De nadie! De ningún partido, ni políticos ni nada. Sabemos que hay muchas complicidad entre ellos y pues, a esperar, nosotros seguimos en la lucha y no nos vamos a detener”.
