La violencia que vive el estado de Michoacán lo ha marcado por más de 15 años y continúa siendo subyugada por cárteles de narcotráfico y la respuesta de los grupos de autodefensas, principalmente, siempre en las portadas por diversos hechos de violencia en la zona.
Ciudad de México, lunes 15 de noviembre (SinEmbargo/EFE).– Michoacán, el estado mexicano que se convirtió en el primero en donde la “Guerra contra el narcotráfico” dio inicio hace ya 15 años, se convirtió esta semana una vez más en uno de los principales ejemplos de la difícil situación que el país atraviesa a raíz del narcotráfico y la cruel batalla para controlar plazas cruciales por parte de las bandas criminales.
En las últimas horas, medios locales reportaron que un grupo de civiles armados autodenominado “Pueblos Unidos” tomó el municipio de Ziracuaretiro, al oeste del país, para ampliar su área de influencia en la lucha que dicen haber emprendido contra el crimen organizado.
A bordo de unas 50 camionetas, unos 400 hombres armados con armas de alto calibre llegaron a la plaza de toros San Andrés, de Ziracuaretiro, donde realizaron una reunión con representantes de diversos sectores sociales, reseñó el portal mexicano Debate.
Esta no es la primera vez que Michoacán ve surgir grupos de autodefensas. Estos grupos tuvieron su origen en los estados de Michoacán y Guerrero, donde nacieron en 2013 a raíz de la amenaza del crimen organizado al igual que en el central estado de Morelos.
Sin embargo, en otras ocasiones, los grupos de autodefensa se han convertido en organizaciones aún más sanguinarias que los grupos narcos a los que buscaban enfrentar y frenar en un primer momento.
En diversas ocasiones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su rechazo a estos grupos argumentando que es el Estado el responsable de la seguridad, además de que estos grupos son aprovechados por «maleantes» para infiltrarse.
La expansión territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunado al vacío de poder que han dejado las que antes eran las agrupaciones criminales dominantes y la existencia de un Estado débil a nivel local son los principales motivos de la persistente violencia en Michoacán, entidad en donde hace casi 15 años el expresidente Felipe Calderón inició su guerra contra el narco y cuyos índices de asesinatos persisten al alza.
Apenas el 2 de noviembre pasado fueron hallados los cuerpos de 11 personas en un camino de terracería cerca de la localidad de Tarecuato, del municipio de Tangamandapio. Este episodio generó indignación sobre todo porque entre los fallecidos había seis eran menores de edad, pero además puso nuevamente en la lupa a esta entidad que desde hace un mes gobierna el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, luego de seis años del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a cargo de Silvano Aureoles Conejo.
Las cifras oficiales muestran que en un lustro, en el periodo de Aureoles Conejo, los homicidios crecieron al menos un 155.56 por ciento, pues de 952 que se registraron en el año 2015; para el 2020 la cifra de víctimas se incrementó a un total de dos mil 433.
Durante el Día de Muertos, las autoridades reportaron que en el estado fueron asesinadas a balazos un total de 19 personas, incluyendo los 11 hombres de Tangamandapio.
Estos asesinatos forman parte de una tendencia. En lo que va del año, de enero a septiembre, se han registrado al menos 1 mil 633 homicidios dolosos en Michoacán, un crecimiento de 13.24 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior que reportó mil 442.
En el estado que fue gobernado por Aureoles Conejo no existe algún indicio que haga pensar en el pronto establecimiento de la paz y seguridad para sus habitantes. Así lo dejan ver los hechos que mantienen aterrorizada a la población y que no cesan: enfrentamientos, caminos destrozados con dinamita, ataques con drones explosivos y bloqueos en las carreteras.
El Gobierno estatal intentó apostar por una estrategia de desplegar operativos en la región y envió a cientos de efectivos para reparar y reabrir carreteras dañadas por cárteles de la droga, pero las acciones no fueron del todo exitosas, pues los grupos delincuenciales respondieron con más ataques en un abierto desafío a las autoridades.
En tanto que el Gobierno federal, que ha mantenido una política de no confrontaciones con Andrés Manuel López Obrador, optó por no enfrentarse directamente y de manera armada al crimen organizado, por lo que retiró a los elementos de la Guardia Nacional, como se pudo apreciar en diversos videos difundidos a inicios del mes de abril.
La situación y desesperación en la zona es tal que, para cientos de personas de la comunidad de El Aguaje, del municipio de Aguililla, no les ha quedado más opción que dejar su hogar por la guerra entre el CJNG y Cárteles Unidos. Medios nacionales reportaron que en la localidad quedan al menos unos 300 pobladores, de miles que había hace tres décadas. Ninguno de los gobiernos, ni estatal ni federal, se ha responsabilizado por la falta de resultados en el combate a los grupos armados que mantienen a la región asediada.
Para especialistas, el panorama para esta región a corto y mediano plazo no es nada alentador porque se estima que aumentará la tensión y enfrentamientos en la zona, principalmente por la retirada del Ejército.
UNA ESPIRAL DE VIOLENCIA
Durante 2019, las extorsiones y el cobro de piso generaron un ingente negocio que llevó a los cárteles a disputar el territorio, ocasionando macabros sucesos.
El pasado 8 de agosto de dicho año, aparecieron en Uruapan, una importante localidad agrícola, 19 cadáveres en la ciudad, varios de ellos colgados de un puente.
De acuerdo con un recuento de Efe, la ola violenta ha dejado un total de 80 homicidios con arma de fuego en Michoacán, tan solo en los primeros 12 días de septiembre del año en cuestión.
TIERRA DE NARCOS
Michoacán cuenta con 113 municipios y es ideal para la producción y tráfico de droga, por su ubicación en la zona centro-occidente del país y colinda con estados con gran potencial económico y otros, como Guerrero, que son cuna del cultivo de amapola, la planta de la que deriva la heroína.
Además, tiene 247 kilómetros de litoral en el Pacífico, en los municipios de Lázaro Cárdenas, Coahuayana y Águila, donde históricamente pobladores han detectado el tráfico de cocaína, desde Suramérica, en lanchas rápidas.
En este contexto, información de las áreas de inteligencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, identificó a tres organizaciones de narcotraficantes con amplia presencia en Michoacán.
La principal amenaza la representa el CJNG, que en 2019 expandió sus tentáculos a todas las regiones de Michoacán, bajo el mando del michoacano Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, el narcotraficante más buscado por Estados Unidos y México, tras la caída de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
La segunda organización es La Nueva Familia Michoacana, con su brazo armado autodenominado como «Los Viagras», y es encabezada por Nicolás Sierra Santana “El Gordo”, un personaje que logró infiltrar los grupos de autodefensa para combatir al extinto cártel de «Los Caballeros Templarios».
El Cártel de Tepalcatepec opera en el municipio que lleva ese nombre, colindante con el estado de Jalisco, y donde se han registrado cruentos enfrentamientos con sicarios del CJNG.
LA VIOLENCIA EN MICHOACÁN
De 2015 a 2016, los homicidios intencionales en Michoacán incrementaron en un 75 por ciento y de esta forma la ola de asesinatos es la más alta durante más de diez años. Especialistas acusaron que el origen de este repunte se remonta a dos años atrás, cuando el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto intervino el estado.
Entre enero y septiembre de 2016, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó que en Michoacán hubo 947 homicidios dolosos o intencionales, esto representa 54 por ciento más asesinatos que en el mismo periodo del 2013, cuando el Presidente Peña Nieto decidió que la tasa ameritaba la intervención.
La administración de Peña Nieto desplegó en el 2014 una intervención en Michoacán, y creó una comisión especial encabezada por el exdirector de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Alfredo Castillo Cervantes.
Aquel año en que las autoridades intervinieron, Michoacán cerró con 777 averiguaciones previas por homicidios dolosos. En enero del 2015, Castillo anunció su salida de la entidad. Y las cifras repuntaron. En los primeros nueve meses de este año hubo 947 investigaciones por homicidio doloso.
Las estrategias de seguridad se han quedado cortas por la falta de acompañamiento de los estados, ha dicho desde entonces en varias oportunidades el Observatorio Nacional Ciudadano.
-Con información de Sugeyry Romina Gándara, Juan Luis García Hernández y EFE
