La quinta parte de la población siente que vive a merced de los atropellos de los servidores públicos, considera estudio de la UNAM. El caso de os 43 normalistas fue un detonante, concluye.
Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- Los mexicanos sienten que sus derechos humanos más vulnerados son el poderse expresar libremente, recibir un salario digno y ser tratado con libertad y respeto de acuerdo con un diagnóstico elaborado por expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre los 25 grandes temas nacionales.
El trabajo está integrado por 25 libros temáticos, que forman parte de “Los mexicanos vistos por sí mismos”, que abarcan desde el tema de la salud en México hasta la situación de los migrantes y la percepción sobre seguridad, la situación de los adultos mayores y la brecha digital, entre otros.
En el tomo “La sociedad mexicana y los derechos humanos” destaca que, según la percepción de una encuesta aplicada entre mil 200 personas, los mexicanos siente que sus derechos más vulnerados son: Poder expresarse libremente (25.9 por ciento), recibir un salario digno (25.2 por ciento), ser tratado con dignidad y respeto (25.1 por ciento), acceso a la salud (24.7 por ciento), que se respete su vida privada (23.7 por ciento), vivir en un medio ambiente libre de contaminación (23.3 por ciento), que se respete la propiedad privada (21.4 por ciento), tener un trabajo digno (20 por ciento).
“El exceso de violencia en la represión condensó el problema de inseguridad al que ha llegado la sociedad nacional y la inexistencia de límites que demarcan las conductas individuales de los funcionarios y de los grupos sociales, que se debe al estado poroso de las instituciones públicas en una sociedad que carece de estabilidad y un orden jurídico regulador”, observa el documento.
De acuerdo con el estudio, en el país 15 de cada 100 habitantes considera que en México no se respetan los derechos humanos, principalmente por parte de las policías municipales y los agentes del Ministerio Público.
También señala que la quinta parte de la población aún no entiende la relevancia que tiene el respeto a sus garantías individuales.
LOS MUNICIPALES Y LOS MP
De acuerdo con las estadísticas mostradas en el estudio, el 38.8 por ciento de los entrevistados considera que su Policía Municipal es la que viola con más frecuencia los derechos humanos, ya que incurren con frecuencia en abusos, errores y conductas delictivas; están lejos de alcanzar los mínimos estándares de calidad profesional y confiabilidad; carecen de los conocimientos y capacidades para ejercer adecuadamente sus funciones; tienen carencias en materia de investigación; salarios insuficientes y condiciones laborales precarias; no cuentan con los equipos para combatir con ventaja a la delincuencia; no están administrados, vigilados y controlados con sistemas modernos; no disfrutan del aprecio ciudadano “se les teme, se les desprecia y se desconfía de ellas”.
“Todo esto no sólo la hace ineptas para cumplir su delicada función sino que en las condiciones actuales del país las hace vulnerables a la infiltración por parte del crimen organizado”, señala el documento.
En lo que se refiere al Ministerio Público, según la “opinión generalizada y enraizada en la sociedad, es una institución despótica, a la que se le teme y a la cual nadie quiere llegar. Sus agentes adolecen de vicios, ya que son intolerables, pero sobre todo, no están capacitados para desempeñar sus funciones de investigación y persecución de delitos”, agrega.
El estudio señala como una de las figuras violatorias de los derechos humanos, los miles de arraigos que se han aplicado, de los cuales en el 97 por ciento no se han obtenido pruebas, “no existe figura similar en ningún otro país democrático”.
En cuanto al trato a las víctimas, el 39 por ciento considera que es regular a nivel general, mientras que el 37 por ciento lo considera así en las procuradurías, sin embargo, el 40.6 por ciento de los encuestados expresó sentirse desprotegido
De acuerdo con las conclusiones, la quinta parte de la población siente que vive a merced de los atropellos de los servidores públicos.
EL DETONADOR
De acuerdo con el estudio, la violencia regresó a el país como la imagen representativa de la sociedad y rompió la percepción generalizada de estabilidad “que hizo perder la confianza en el Presidente de México”.
Y advierte que la crisis y la incertidumbre se detonaron por la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, que ante la incapacidad de las autoridades municipales para resolverlo, se convirtió en un conflicto que debería ser resuelto por el gobierno federal.
“La velocidad con la que se difundió el problema a lo largo de la nación y la rapidez de su expresión política revelan la falta de instituciones sólidas en los tres niveles de gobierno, no capaces de regular el conflicto social y delimitar la violencia en el ámbito geopolítico”, detalla.
Por otro lado, la celeridad con la que se manifestaron las consecuencias del problema “muestra la pérdida de la centralidad del Ejecutivo federal -tanto institucional como simbólicamente- que rigió durante décadas las relaciones de autoridad y obediencia, de poder y negociación, de estabilidad y legitimidad en el entramado político nacional de las coaliciones gobernantes y frente a la población de la sociedad mexicana”.
