La forma en la que autoridades han manejado el caso de Emilio Lozoya Austin ha generado incertidumbre sobre la actuación del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la República, y ha llevado a plantear la interrogante sobre si hay intereses detrás que buscan protegerse.
Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).–La opacidad ha caracterizado el caso de corrupción que enfrenta Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, desde que arribó a México en julio de 2020 para ser juzgado por haber recibido 10.5 millones de dólares de sobornos de Odebrecht para la campaña de Enrique Peña Nieto, quien habría ordenado que parte de esos recursos se destinaran a sobornar a panistas y priistas, un caso emblemático que sigue impune.
La forma en la que autoridades han manejado este caso, a puerta cerrada y sin respetar el principio de publicidad, viola la Constitución, genera incertidumbre sobre la actuación del Poder Judicial, de la Fiscalía General de la República (FGR), y pone en duda si las autoridades buscan proteger ciertos intereses, coincidieron personas expertas en el sistema de justicia penal consultadas por SinEmbargo.
Es por ello que organizaciones, periodistas y especialistas han exigido incluso a través de amparos que las autoridades cumplan con un requisito básico del sistema penal mexicano: la publicidad de las audiencias.
Los especialistas coinciden en que esa primera decisión fomentó entre la ciudadanía un clima de incertidumbre que se mantiene hasta ahora —como quedó evidenciado con la polémica que generaron las fotos del exfuncionario en un restaurante de lujo de la capital del país el pasado fin de semana—, y pone en duda tanto el trabajo de la Fiscalía como del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por la falta de transparencia en el caso.
Estefanía Medina Ruvalcaba, cofundadora de TOJIL, opinó en entrevista con SinEmbargo que al usar como argumento las restricciones por la pandemia «se ha generado un mecanismo de completa opacidad» para tratar las denuncias contra Lozoya Austin por recibir sobornos de la firma brasileña Oderbretch, el caso más relevante en México en términos de persecución de corrupción de alto nivel.
Aunque tanto la Constitución mexicana como el artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que las audiencias deben ser públicas, desde el 15 de julio de 2020 el CJF anunció que sólo informaría a medios vía WhatsApp y en tiempo real lo sucedido en la audiencia del exfuncionario.
Por ello, la organización TOJIL solicitó en julio de ese año a la FGR que le dejara conocer la carpeta de investigación y, al ser parte de la ciudadanía, se le reconociera como víctima de la corrupción por la que se investiga a Lozoya, incluso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda envió en abril un escrito a la Jueza que analizaba el caso para que aceptara la calidad de víctimas de las defensoras, con lo que podrían participar en la investigación y el proceso; aunque un Juez de distrito rechazó la petición, actualmente el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México analiza un recurso de revisión.
Ante la negativa de transparentar el proceso, periodistas también han recurrido a la vía judicial.
El reportero Juan Pablo Reyes narró a este diario digital que en julio de 2020 interpuso un amparo para ingresar a las audiencias argumentando que debe garantizarse el principio de máxima publicidad por tratarse de un caso de trascendencia nacional, también pidió que, en caso de existir restricciones por la pandemia, se le permitiera ingresar a una sala contigua a donde se realicen las audiencias y seguir en vivo el proceso.
No obstante, el 28 de septiembre de ese año el Juez Decimosexto de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México rechazó el recurso legal. El comunicador promovió un amparo, pero fue hasta el 6 de mayo de 2021 que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa de Primer Circuito lo rechazó y ponderó el derecho a la salud por encima del acceso a la información.
El reportero insiste en la importancia de seguir de cerca las audiencias porque, reconoce, «no se pueden conocer todos los detalles» a través de los mensajes enviados en redes por el CJF, además, recuerda que en otros estados del país, pese a la pandemia, jueces sí permitieron el ingreso del público implementando medidas sanitarias.
«El pretexto que pone el Poder Judicial del tema sanitario está rebasado, porque ya se demostró que las audiencias se pueden llevar a cabo vía remota, e incluso presenciales con ciertas restricciones. Pero eso no debe ser obstáculo para la publicidad y para que todos sepamos qué es lo que está pasando en los tribunales. La llegada de Lozoya a México sirvió como pretexto para cerrar las puertas y no ver qué está pasando en el caso», opina Susana Camacho Maciel, consultora en temas de justicia penal con organizaciones de la sociedad civil como Borde Político.
Para la abogada, el desarrollo del caso Lozoya también deja en evidencia que la FGR «utiliza la justicia y las herramientas procesales a modo», lo que alerta sobre un «pacto de impunidad». Como ejemplo recordó la filtración a medios de comunicación de la denuncia que presentó el exdirector de Pemex ante la FGR en agosto de 2020 y en la que mencionó a 70 políticos, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto y el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya.
«Por una parte se filtra información respecto a adversarios políticos, pero por otra nos esconden o no sabemos si realmente existen las pruebas que Lozoya prometió que podrían llevar a juicio a sus superiores. Entonces estamos atrapados en juicios mediáticos, no hay juicios que lleguen a tribunales».
Actualmente, sólo uno de los mencionados en la denuncia, el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Mauri, enfrenta un proceso penal privado de la libertad.
Camacho Maciel insiste: «Los datos en este tipo de casos no tendrían que conocerse a través de medios, de filtraciones, tendríamos que verlos en las audiencias, pero [la FGR] no quiere ir a audiencia porque posiblemente no tiene la fortaleza de pruebas que se necesita para presentar un caso de esta naturaleza y tener una respuesta contundente por parte de los jueces».
En el mismo sentido se pronuncia la abogada Medina Ruvalcaba, quien insiste en retomar la publicidad de las audiencias y del proceso penal para «que sea mucho más corto el rango que tienen las autoridades para actuar de manera irregular».
«Todos los casos en materia penal tienen cierto interés en la ciudadanía, pero especialmente este [el de Emilio Lozoya], que trata delitos de corrupción en donde los verdaderamente afectados somos todos los ciudadanos. Como afectados tenemos el derecho de saber qué está pasando y como ciudadanos somos un gran actor dentro de los procedimientos penales porque al estar presentes, al analizar qué están defendido nuestras autoridades, cómo se están desempeñando, nos convertimos en un verdadero contrapeso que ayuda a evitar que se cometan actos de impunidad y corrupción», agrega la defensora.
Consultada sobre este tema, el área de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura informó que la posibilidad de permitir el ingreso de medios de comunicación y del público en general a las próximas audiencias de este y otros casos seguirá sujeta al Semáforo de riesgo por COVID-19.
En el mismo sentido se pronunció el 6 de octubre Arturo Zaldívar, Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del CJF, al ser cuestionado sobre cuándo reabrirán las audiencias:
«Cuando haya condiciones sanitarias, se tomarán las medidas para que pueda haber un regreso, antes no. (…) No daré marcha atrás hasta que las condiciones sanitarias lo permitan, porque si abrimos para un caso, tenemos que abrir para todos. Yo no puedo decir este asunto es muy relevante y tienen mucho interés los medios, vamos a hacerlo de esta manera y todos los demás casos no. Eso sería una justicia discriminatoria. Mientras no tengamos condiciones de poderlo hacer de manera general, no lo haremos. Yo creo que cada vez falta menos tiempo», expuso en conferencia.
Mientras que la FGR anunció el lunes que Lozoya Austin tendrá hasta el próximo 3 de noviembre para aportar pruebas en su defensa y defender el criterio de oportunidad que solicitó.
#FGRInforma | Emilio “L” sigue siendo procesado y los tiempos judiciales otorgados para aportación de pruebas terminan el 3 de noviembre. Los procesos contra el acusado y de quienes recibieron los sobornos continuarán con transparencia.
Más información ➡️ https://t.co/p0Ke3T47se pic.twitter.com/2ZA1TnRFFk
— FGR México (@FGRMexico) October 11, 2021
MÉXICO, EL MAL EJEMPLO
Las especialistas lamentan las respuesta de las autoridades a la trama de corrupción que involucra a políticos y a la empresa brasileña Odebrecht, pues aseguran que México parece no haber aprendido de la experiencia de otros países latinoamericanos pese a retrasarse años en judicializar los casos.
Aunque desde 2017 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) prometió juzgar a involucrados en la trama de sobornos de Odebrecht, hasta 2020 Emilio Lozoya fue el primer político de alto nivel detenido por su presunta relación con el caso.
Además, destaca la aboga Estefanía Medina, el país podría tomar como ejemplo el caso de Perú, donde las audiencias contra funcionarios investigados por la trama de corrupción fueron transmitidas en televisión y mediante redes sociales, por tratarse de un tema de interés nacional.
En julio del año pasado el Fiscal encargado del caso Odebrecht o «Lava Jato» en Perú, José Domingo Pérez, defendió la importancia de la publicidad de las audiencias en un mensaje difundido en las redes sociales de TOJIL.
«La justicia es un servicio publico y todos y todos tienen derecho a saber la verdad en los casos Odebrecht», enfatizó.
¿Saben cómo se llevó el caso #Odebrecht en Perú?
Reconfortante escuchar al Fiscal José Domingo Pérez encargado del caso y quien ha procesado a 4 ex-presidentes hablar de la publicidad como necesaria para la justicia. pic.twitter.com/JZCO8FXUaA
— TOJIL (@TojilAJ) July 10, 2020
«Creo que el mejor ejemplo de la región que podríamos tener es el caso de Perú, el caso de Brasil es muy destacado, sin embargo, también las autoridades que estuvieron inculcadas en esas investigaciones después se les ligó a acciones de tinte político, pero en definitiva todos los países donde ha golpeado el caso Odebrecht, incluso en los acuerdos que llevó acabo la propia Odebrecht y el Gobierno de Estados Unidos, tuvieron mucha más transparencia porque esos acuerdos han sido públicos, han sido circulados a todos los países de América Latina, han servido como evidencia para otras acciones legales y México sigue siendo el peor ejemplo de cómo se ha manejado el caso, cómo se transparenta el caso», asegura Medina Ruvalcaba.
La abogada consideró que ahora el proceso contra Lozoya pasará por un «momento clave», por lo que se espera que autoridades actúen «conforme a la ley, no únicamente para proteger ciertos intereses».
Susana Camacho insiste en que cuando venza el plazo para que Lozoya presente sus pruebas, la FGR ya tendría que contar con elementos suficientes para juzgar a otros exfuncionarios y debería presentar cómo espera que el exdirector de Pemex repare el daño que causó ya que, enfatiza, la figura del criterio de oportunidad no fue creada para dejar los casos en impunidad.
