El director de Derechos de los Pueblos Indígenas, Víctor Martínez, afirmó que en las comunidades indígenas de Chihuahua existe un gran interés por participar en el desarrollo de políticas públicas y entre sus principales demandas están el respeto a su autonomía con los proyectos impulsados por el nuevo Gobierno federal.
Chihuahua, Chihuahua, 15 de octubre (Raíchali).– Los cuatro pueblos originarios de Chihuahua (ódami, rarámuri, o’boa y warijó) han demandado al Estado el respeto a su autonomía, fuentes de empleo que les permita permanecer en su comunidad, y acceso a servicios básicos como agua y alimentos.
Aunque las necesidades varían por comunidad y etnia, estos tres temas han sido recurrentes durante el proceso de consulta que actualmente está en proceso en 20 municipios.
Así lo dio a conocer el director de Derechos de los Pueblos Indígenas, Víctor Martínez, quien destacó que en las comunidades existe un gran interés por participar en el desarrollo de políticas públicas.
AGUA Y ALIMENTOS, CADA VEZ MÁS ESCASOS
En algunas comunidades el problema es que llovió tarde, en otras, que el temporal llegó con granizo, al final el resultado es el mismo: la producción de alimentos no será suficiente.
Durante el proceso de consulta, detalló, todas las comunidades coinciden en que, de nuevo, el próximo año no tendrán suficiente comida. Uno de los municipios más afectados será Guadalupe y Calvo, específicamente en Baborigame.
«Vemos que en algunos lugares se secó el maíz porque no llovió a tiempo, hay otros en donde llovió, la milpa iba bien, pero el granizo lo tumbó. Hay preocupación porque se prevé una carencia de alimentos, otra vez».
A esa problemática se suma la necesidad de acceder al servicio de agua potable cerca de sus casas, lo que les permitiría desarrollar huertos y corrales de gallinas para la producción de más alimentos.
Expresó que acercar el agua a las comunidades también les ayudaría a disminuir las enfermedades gastrointestinales que afectan principalmente a niños, niñas y adultos mayores.
DERECHO A LA AUTONOMÍA
En los recorridos del equipo de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi) se han detectado situaciones como la intromisión de los ayuntamientos en el nombramiento de autoridades indígenas.
Uno de esos casos, explicó Martínez, es el municipio de Morelos, en donde las personas consultadas expresaron que es el Ayuntamiento el que nombra a los gobernadores indígenas.
Batopilas es otro caso similar. Ahí, la denuncia fue que la Coepi, antes Coordinadora Estatal de la Tarahuamara, hacía los nombramientos y, al llegar con la consulta, lo primero que les preguntaron fue cuándo iban a ir para elegir a sus autoridades.
En esa misma línea, una exigencia recurrente es el reconocimiento de su derecho a la autonomía en la organización interna de cada comunidad y el respeto al espacio común y a su territorio.
«Un común: la demanda al respeto a sus autoridades, a su propia forma de organizarse, sí hay interés de participar, de conservar su territorio y espacios comunes».
EXIGEN FUENTES DE EMPLEO
Otra de las denuncias más sentidas entre las comunidades indígenas es la falta de empleo, lo que los orilla a migrar para salir adelante.
La principal preocupación, detalló él funcionario, es que al terminarse el programa de empleo temporal del Gobierno federal, también perdieron una fuente de ingresos importante y la posibilidad de trabajar en proyectos que ayuden a las comunidades.
«El trabajo es una demanda fuerte. Dicen que no quieren salir fuera pero no les queda de otra. Les parecía, por ejemplo, que el programa de empleo temporal iba más acorde a los intereses y necesidades porque tenían un ingreso seguro».
El impacto que han tenido las comunidades por la cancelación de programas federales con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se puede observar en el reclamo de los indígenas que iniciaron en junio con las marcha del hambre por trabajo.
La demanda de los representantes de 20 comunidades de Guachochi y Bocoyna, es que eliminaron programas como Procampo, Prospera, así como becas para las mujeres entre 45 y 55 años que ya no tienen hijos en edad escolar.
SOBRE LA CONSULTA
La consulta a los pueblos originarios inició en 2017 como parte del Plan Estatal de Desarrollo, el cual establece que se debe trabajar con respeto a los derechos de las comunidades indígenas.
El objetivo, informó el director, es armonizar la ley estatal con los parámetros nacionales y los tratados internacionales que ha suscrito México, entre ellos el Convenio 169.
A la fecha se han realizado dos consultas. La primera fue para la reforma de los artículos 8, 9 y 10 de la constitución local, para ampliar el derecho a la participación y consulta.
La segunda corresponde a la Ley de consulta, la cual esperan que sea el mecanismo que garantice a los pueblos originarios que tendrán voz y voto en los proyectos que les pueda impactar tanto positiva como negativamente, por ejemplo, el desarrollo de megaproyectos.
En la cancha del Poder Legislativo también hay una reforma al Código Municipal para que cada Ayuntamiento cuente en su estructura con una representación indígena.
«Hay interés de participar, vemos que el tema de consulta no es un tema prioritario en las comunidades, pero para quienes hacemos política pública deben marcarse bien los caminos. Sí el informar, sí el sensibilizar, pero también tienes que obligar a que se respeten los derechos y eso sólo lo vamos a lograr con la ley»
Las reuniones se han realizado en las sedes que las comunidades han determinado en los municipios de Madera, Temósachi, Guerrero, Moris, Bocoyna, Cuauhtémoc, Delicias, Meoqui, Parral, Balleza, Guachochi, Unique, Morelos, Batopilas,Carichí, Chihuahua, Juárez, Uruachi, Chínipas y Guadalupe y Calvo.
