Con 6 mil 558 millones 420 mil 667 pesos en duda, seis funcionarios públicos dejaron la Secretaría de Desarrollo Social para ocupar desde agosto de 2015 las oficinas de la de Desarrollo Rural, Territorial y Urbano.
Por decisión del Presidente Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga dejó su primer puesto federal, luego de que los resultados en la erradicación de la pobreza a nivel nacional no fueron los esperados, y se le dio una segunda oportunidad en la Sedatu. Para esa nueva tarea se llevó a cinco miembros de su equipo a quienes colocó en puestos estratégicos en materia de presupuesto, de adquisiciones y legales.
Pero en su primer año de funciones en la Sedatu, la ASF encontró un posible daño al erario por 4 mil 666 millones 536 mil 010 pesos. Ante los cuestionamientos por el mal manejo de recursos públicos, Robles ha dicho que aunque ha sido titular de ambas secretarías de Estado, hay órganos ejecutores del gasto «responsables con nombre y apellido». Algunos están en su círculo más cercano desde el 1 de diciembre de 2012, entre ellos, el Oficial Mayor Emilio Zebadúa y las direcciones que comanda, cuyas identidades no son públicas.
TERCERA PARTE DE UNA SERIE
Por Daniela Barragán y Dulce Olvera
Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).– En agosto de 2015, cuando Rosario Robles Berlanga tomó protesta como la titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), continuó con cinco funcionarios públicos que también conformaron su equipo en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Esto a pesar de que arrastraban 6 mil 558 millones 420 mil 667 pesos de posibles daños al erario público, de acuerdo con las Cuentas Públicas 2013, 2014 y 2015 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El equipo cercano que Robles trasladó a Sedatu estuvo conformado por Emilio Zebadúa González, Mauricio Razo Sánchez, Juan Carlos Lastiri Quirós, María Villalpando Rodríguez y Enrique González Tiburcio. Todos ellos han ocupado cargos prioritarios en ambas dependencias.
«Con relación a mi persona no existe ninguna denuncia por parte de ninguna autoridad», dijo Robles en una conferencia de prensa del pasado 11 de septiembre. «Yo soy la titular, yo soy la responsable de las políticas públicas de la Secretaría, pero por eso hay órganos ejecutores de gasto en cada una de las áreas y hay responsables con nombre y apellido».
Agregó ante la prensa, en compañía de su ex vocero Gustavo Rodríguez: «si alguien en Sedesol o en Sedatu hizo un mal uso de los recursos públicos, y si hay pruebas de ello, que se proceda conforme a la ley».
La ASF, durante la gestión de Robles y su equipo en la Sedesol, lanzó 19 observaciones al Oficial Mayor, Emilio Zebadúa González, mientras que Mauricio Razo Sánchez, Titular de Quejas del Órgano Interno de Control (OIC), fue llamado 171 veces a investigar a los servidores públicos responsables de las observaciones señaladas.
Como ejemplo, en una auditoría de 2014 realizada al programa de Comedores Comunitarios, se encontró que en ninguno de los expedientes técnicos se incluyó la solicitud de pago a la Oficialía Mayor para transferir recursos al proveedor, a fin de cubrir los costos del equipo de estos comedores. Por esa razón no se pudo comprobar que todos estuvieran en operación.
Pese a ello, Zebadúa, quien ha sido el hombre más cercano de Robles durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se mantiene como el Oficial Mayor de la Sedatu.
De acuerdo con el manual de organización, es el encargado de hacer cumplir el código de conducta de la institución y es el que establece, junto con el titular de la dependencia (Robles), las políticas, normas, lineamientos, sistemas y procedimientos para la programación, presupuestación y administración del personal y de todos los recursos (materiales, informáticos y financieros) de la Secretaría.
También revisa el desempeño de los servicios administrativos que se proporcionan; suscribe convenios, contratos y todos los documentos que impliquen actos de administración; propone a la Secretaria la designación y sustitución de servidores públicos; autoriza las adquisiciones y la documentación para los pagos con cargo al presupuesto; autoriza el ejercicio de los recursos de la secretaría y es el único conducto para gestionar las partidas Presupuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La Oficialía Mayor trabaja en conjunto con el Órgano Interno de Control en la resolución de asuntos internos. Mauricio Razo Sánchez era el titular del OIC tanto en Sedesol como en Sedatu hasta ser sancionado en abril de 2018 por la Secretaría de la Función Pública (SFP). La suspensión de 630 días fue por archivar, sin ninguna razón o justificación, los señalamientos de la ASF de los años 2013 y 2014.
Los otros tres funcionarios que Robles decidió conservar en su equipo a pesar de las irregularidades planteadas por el órgano fiscalizador son Juan Carlos Lastiri Quirós, Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Social y Humano en Sedesol y luego Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en Sedatu hasta enero de 2018 cuando contendió por la gubernatura de Puebla; Enrique González Tiburcio, coordinador de asesores en Sedesol y ahora subsecretario de Ordenamiento Territorial; y su abogada María Evangélica Villalpando Rodríguez, cabeza de la Unidad de Asuntos Jurídicos de Sedatu.
Ese equipo, tan solo en su primer año de funciones, ya acumulaba 4 mil 666 millones 536 mil 010 pesos de posible daño al erario público. Pero continuó.
LAS DIRECCIONES DE EMILIO
Emilio Zebadúa ha sido funcionario público desde 1996, cuando fue Consejero General del Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE). En el año 2000 trabajó en la Secretaría de Gobierno de Chiapas durante la administración de Pablo Abner Salazar Mendiguchía; de 2003 a 2005 fue Diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de 2006 a 2012 presidió la Fundación para la Cultura del Maestro A.C. Luego Rosario Robles lo nombró Oficial Mayor en la Sedesol, mismo cargo que tiene en la Sedatu.
Zebadúa recibe un sueldo total bruto de 189 mil 944 pesos mensuales. Tiene un seguro institucional, de retiro, de gastos médicos y de separación. Entre sus prestaciones están la paga de defunción, la ayuda para despensa, asignación de vehículo y asistencia legal, de acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).
Esa es la única información que ofrece como funcionario público. En su declaración patrimonial que presentó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) decidió no hacer públicos sus bienes patrimoniales ni tampoco sus posibles conflictos de interés.
El funcionario, como Oficial Mayor de Sedesol, contó con 204 empleados y por el nivel de su puesto, se le otorgó un equipo de cinco asesores y un secretario particular. Además, en la oficina del Secretario Técnico del Oficial Mayor cuenta con un Auxiliar de Control de Gestión, un Auxiliar de Oficina, con el Departamento de Apoyo y Seguimiento Administrativo, y la Dirección de Gestión y Control Administrativo.
Tanto en la Sedesol como en la Sedatu, Emilio Zebadúa fue el responsable de, entre otras, la Dirección General de Planeación y Presupuesto, y la Dirección de Recursos Materiales, que son las áreas con el mayor número de menciones en los informes de la ASF.
La Dirección General de Programación y Presupuesto, que es mencionada en las auditorías en 51 ocasiones, está conformada por 45 personas y cuenta con una Dirección de Contabilidad, un departamento de Sistema Integral de Información y una Subdirección de Rendición de Cuentas.
El nombre del titular de esta Dirección no es público.
Esa unidad está conformada por la dirección de Ejercicio Presupuestal; un Departamento de Control y Seguimiento de Gasto de Inversión; Departamento de Gestión y Seguimiento Presupuestal; Departamento de Control y Seguimiento; dos Departamentos de Fiscalización; un Departamento de Análisis y Pagos de Servicios Generales; una Dirección de Información y Análisis Presupuestal y la Dirección de Normatividad Presupuestaria.
En una auditoría de la Cuenta Pública 2014 se analizaron cinco convenios por 430 millones 109 mil pesos, suscritos en 2014 por la Sedesol con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR) para la ejecución de proyectos de adquisiciones y servicios.
Sin embargo, se presumió un probable daño por 324 millones 632 mil pesos, por los «actos u omisiones a los funcionarios que en su gestión» contrataron servicios con esta universidad sin vigilar y supervisar el cumplimiento de lo contratado. Tampoco se cercioraron que contara con la capacidad técnica, material y humana, por lo que se pagó a terceros por los servicios, sin que se cuente con evidencia de la realización por parte de los proveedores, concluyó el órgano fiscalizador.
Como resultado, se inició el procedimiento para la imposición de una multa al Director General de Programación y Presupuesto de Sedesol, «por no haber atendido en el plazo y términos solicitados el requerimiento de documentación e información, realizado mediante el oficio número DGAF/1315/2015 de fecha 10 de septiembre de 2015».
Esta omisión generó un probable daño al erario por 2 millones 435 mil pesos, ya que la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Sedesol realizó pagos de manera directa a 134 Coordinadores Técnicos Sociales, aunque se encontraba vigente el convenio de coordinación entre la Secretaría y la UAEMOR para llevar a cabo los trabajos.
El 22 de septiembre de 2014, aún en la gestión de Robles, la UAEMOR recibió de Sedesol 162 millones 316 mil pesos. La ASF observó que los recursos se transfirieron a dos empresas, las cuales a su vez enviaron dinero a una empresas más, y ésta a una cuarta.
La Universidad Autónoma de Morelos transfirió el 9 de octubre de 2014 un monto por 158 millones 710 mil pesos a la cuenta bancaria de la empresa Consolidación de Servicios y Sistemas Administrativos, y el 15 de diciembre de 2014 mandó 146 millones 404 mil pesos a la empresa Factibilidad Empresarial de México.
La ASF realizó visitas domiciliarias a las dos empresas, Consolidación y Factibilidad, para verificar, investigar y examinar las operaciones con la UAEMOR. Ninguna de ellas proporcionó la información solicitada, por lo que se les inició el procedimiento de multa.
Además, las actividades de ambas compañías son ajenas a los servicios solicitados por la Universidad, pues con la información obtenida se constató que corresponden al de «otros intermediarios de comercio al por mayor y al por menor» y «comercio al por menor de artículos de papelería, comercio al por mayor de abarrotes, promotores de espectáculos artísticos, deportivos y similares», respectivamente.
Por otra parte, se comprobó que cada una de estas empresas transfirió 137 millones 969 mil pesos, para un total de 275 millones 938 mil pesos, a una cuenta bancaria a nombre de la empresa Esger, Servicios y Construcciones, la cual a su vez transfirió a la cuenta bancaria de la empresa Integradora de Capital Humano, la cantidad de 106 millones 051 mil pesos.De la cuenta bancaria de Integradora, la Dirección de Programación y Presupuesto emitió 3 mil 750 pagos a Coordinadores Técnicos Sociales, quienes ejecutaron los servicios de este convenio de coordinación.
«No existe evidencia que justifique la transferencia de recursos que realizó la UAEMOR a estas dos empresas, toda vez que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa (factura del proveedor, contratos o convenios celebrados y entregables), que soporte las salidas de los recursos, por lo que se inició el procedimiento de multa al rector», expuso la ASF.
@Rosario_Robles_
Ante las observaciones, el órgano pidió que la Secretaría de Desarrollo Social cumpliera estrictamente lo establecido en la Ley de Adquisiciones para evitar la opacidad y se abstenga de contratar o convenir servicios, cuando éstas no tengan la capacidad para ejecutarlos.
Eso es en cuanto a la Dirección de Programación y Presupuesto. En lo que respecta a la Dirección General de Recursos Materiales, señalada por la ASF en 11 ocasiones, tiene 41 plazas en las que están la Dirección General de Adquisiciones; la Administración Inmobiliaria y Activo Fijo; la Dirección de Adquisiciones y Contratos, que se divide en contratos menores y mayores, y el Departamento de Control y Atención de Auditorías.
En la auditoría 15-0-20100-02-0284 realizada en 2015 a la Sedesol, la Dirección General de Materiales realizó una adjudicación directa con una empresa para la entrega de 66 mil 460 impresos del Programa 3×1 para Migrantes en 29 delegaciones de la Secretaría en entidades federativas y oficinas centrales. Sin embargo, no se proporcionaron los acuses de recibo, solo un documento que no cuenta con datos de la empresa que lo emite y que contiene una lista de los datos de la guía y rastreo de movimientos.
De 2 mil 736 impresos correspondientes a las delegaciones de Oaxaca, Sinaloa y la Ciudad de México, no se proporcionó evidencia alguna.
La Dirección de Recursos Materiales entregó relaciones de envíos y no comprobantes de la recepción en las direcciones establecidas en el contrato y un escrito del 17 de mayo de 2016 dirigido a la Jefa de Departamento del Programa 3×1 para Migrantes, el cual no contiene el sello de recepción de la dependencia.
“No fue posible identificar las entregas de los 66 mil 460 impresos ni tampoco se proporcionó evidencia de la autorización de prórroga para su entrega”, señaló la ASF.
Sedesol proporcionó los oficios circulares de fecha 6 de junio y 12 de octubre de 2016 con los cuales el Encargado del Despacho de la Unidad de Microrregiones envío 10 mil 958 impresos a las delegaciones de Durango, Hidalgo, Sinaloa y Oaxaca. La ASF respondió que eso era evidencia del envío, más no de la entrega.
Se emitió una recomendación para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca “sus mecanismos de operación y control para garantizar que cuando se adquiera el servicio de impresión y distribución de material impreso para la promoción del programa, las entregas se realicen en los lugares establecidos en los contratos, y además que se cuente con la evidencia de su distribución final”.
El posible daño generado a la Hacienda Pública Federal fue por un monto de 595 mil 140 pesos solo por la falta de evidencia de la recepción.
