Durante los primeros 19 meses de su administración en la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto  evadió el tema de la inseguridad. Se concentró y sumó a ello el esfuerzo de todos sus colaboradores, en provocar una imagen del México reformista en el extranjero, y de un gobierno de pacto y negociador en el País, al sacar, al costo económico y político que fuera, lo que llamo “las reformas transformadoras”.

El descuido en el tema de la seguridad le ha cobrado la factura a Peña. Hoy el país está, sin exagerar, que arde. Las manifestaciones en la mayoría de los estados de la República para pugnar por una solución, una aclaración y un castigo hacia los responsables de lo sucedido a los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, cuando seis fueron asesinados y 43 desaparecidos la última semana de septiembre de 2014.

Las manifestaciones traspasaron las fronteras mexicanas, y también la línea que divide las expresiones pacíficas de la rebelión social. Lo que sucedió el lunes en Chilpancingo, cuando inconformes incendiaron edificios públicos, tomaron sitios privados y cometieron otra serie de delitos de orden social, es la respuesta más cruda ante la incapacidad de la autoridad para resolver, o por lo menos dar líneas de investigación de lo acontecido hace ya 20 días. Es la barbarie social ante la barbarie criminal y la incapacidad gubernamental.

La campaña que realizó el Presidente Peña en sus múltiples giras por países de América, Europa y Asia, para vender condiciones de un México en “Paz”, “Reformador”, y en el mejor momento para la inversión, se ha ido desmoronando en las últimas semanas, ante la aparición del México real, el de la violencia y la inseguridad, el del narcotráfico y el gobierno entrelazados, hasta dañar de manera sangrienta a la sociedad.

Peña no puede en estos momentos, ni con el espaldarazo de un premio Nobel de Economía, contradecir lo que las imágenes, videos, manifestaciones, gritos y hechos, han mostrado al mundo. El asesinato a sangre fría de seis estudiantes normalistas por parte de Policías Municipales, la desaparición de 43 estudiantes normalistas acción cuya principal sospecha cae en la corporación policíaca municipal y en un grupo del narcotráfico, escindido del cártel de los Beltrán, a su vez escindido del Cártel de Sinaloa; y el descubrimiento de 28 cadáveres –y la cuenta sigue ante la revelación de más fosas clandestinas- que ahora no se sabe de quiénes se trataba, ni cuándo fueron muertos, mucho menos los motivos, los nombres y los culpables de tal atrocidad.

Estas imágenes de brutalidad han sido vistas en todo el mundo. Las han reportado periódicos, televisoras y portales lo mismo en Estados Unidos que en Medio Oriente, en Inglaterra y que  Francia, en América Latina, en Asia y en la Europa Central. Estas imágenes demuestran lo que Enrique Peña Nieto había ocultado en sus giras: el crimen organizado, el narcotráfico y la narcopolítica desbordados. Dejan ver un país tan inseguro para la inversión como peligroso para el intercambio académico, comercial; y difícil de recomendar en términos turísticos. Acapulco antes un paraíso para turistas ahora es la ciudad a la que recomiendan no visitar.

Y 20 días después del asesinato y la desaparición de los estudiantes normalistas, el Presidente se indigna de los hechos cometidos por los manifestantes en Chilpancingo; la sociedad puede ser paciente, pero el Estado Mexicano debe ser efectivo.

El repunte en hechos delictivos, el descubrimiento de muertos en Guerrero, en el Estado de México, la violencia y la sangre derramada en Baja California Sur, en Michoacán y en Sinaloa, en Tamaulipas, Jalisco y Nuevo León, son resultado del ajuste entre células criminales de los cárteles de la droga, ante el reacomodo criminal luego de la aprehensión de los líderes criminales.

Enrique Peña Nieto como Felipe Calderón Hinojosa, carece de una estrategia integral de combate al crimen organizado y el narcotráfico, que no sólo reduzca los índices de violencia e inseguridad, sino que acabe, paulatinamente, con la impunidad que gozan los cárteles para realizar sus ilícitas actividades con el amparo de corporaciones policíacas, la protección de sus bienes y recursos financieros ante la ausencia de una política contra el lavado de dinero.

Cuando el Presidente Peña concentra los esfuerzos de su equipo en la detención de líderes de cárteles, acción por cierto nada despreciable, se queda en la celebración mediática del hecho, en lugar de rematar con la investigación ministerial que llegue no a descabezar una organización criminal, sino que le abone al desmantelamiento de un cártel.

Pero mientras el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez, el cártel de los Beltrán, el cártel Arellano, se quedaron aparentemente sin una cabeza criminal ante la aprehensión de sus líderes, las estructuras de dichas organizaciones no fueron tocadas. Intactos los recursos ilícitos, las rutas de la droga y las rutas financieras; intactas las células criminales. Y son estos, que luego en la autoridad les da por llamar “reminiscencias” de los cárteles, precisamente, quienes pelean territorios, se dividen en más células e incrementan el número de muertos, la cantidad de sangre y los niveles de violencia.

Evadir en el primer año del sexenio el tema de la inseguridad, la violencia y el combate al crimen organizado, le ha salido caro al país. Los criminales extendieron sus redes hacia las instituciones, y los jóvenes están siendo asesinados. Masacrados. Eso, a 20 días de los hechos, solo ha resultado por parte del Estado Mexicano, en la captura de poco más de 30 policías que sospechan, tuvieron que ver en la barbarie contra los normalistas. Y eso, no satisface ni a los mexicanos, ni a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, y promotores de la paz, ni a nadie.

Luego de las manifestaciones en México, en las principales ciudades en el extranjero, las recomendaciones de organismos como la ONU, Amnistía Internacional y otros, la siguiente acción está en la cancha del Presidente Peña, y ésta debe ser tan contundente como efectiva, en la solución, procesamiento y castigo a los responsables de la muerte y la desaparición de normalistas -y ahora la muerte de 28 personas enterradas de manera ilegal- en el Estado de Guerrero.

Por lo pronto, ante los ojos de los mexicanos -manifestantes o no- de los extranjeros y de los organismos nacionales e internacionales, lo que vemos es el México real. El de la cruel inseguridad y la terrible violencia.

Adela Navarro Bello

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