Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).– Después de recorrer durante casi dos años el sinuoso camino de la burocracia para que se reconociera su derecho a la identidad, Guadalupe Escobedo Mérida, una mujer de 34 años que vivió desde la infancia y hasta hace poco en las calles del Distrito Federal, finalmente obtuvo su acta de nacimiento.
Y, sorpresivamente, en el evento en que se hizo la entrega simbólica de su documento de identidad –pues su acta se emitió desde el 29 de agosto pasado– también se le otorgó el acta de nacimiento de su hija, que Guadalupe no había podido tramitar en el año y 10 meses que la nena tiene de vida debido, precisamente, a que carecía de su propia acta.
El caso de Guadalupe podría ser el mismo de al menos 4 mil 14 personas más que viven en la vía pública en el Distrito Federal, de acuerdo con datos del Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social local. Aunque la cifra del IASIS no es precisa, ya que corresponde únicamente a las personas callejeras que atendió durante el invierno 2011-2012, es la única disponible para calcular el número de personas que viven en las calles.
Por otro lado, la cantidad de personas que no cuentan con un acta de nacimiento en el Distrito Federal alcanzaría hasta las 30 mil, que es lo que el director del Registro Civil, Héctor Maldonado, estima como poblaciones vulnerables en la capital que carecen del documento identitatario elemental para tener personalidad jurídica en el país.
Un programa del gobierno capitalino para tramitar gratuitamente la primer acta de nacimiento a poblaciones vulnerables como callejeros, migrantes o ancianos, planea cubrir ese número de trámites durante la presente administración. Hasta ahora se han entregado actas de nacimiento a 375 mujeres y hombres callejeros.
Pero lo que comúnmente es un simple trámite, en el caso de Guadalupe –quien dejó la vida en la vía pública desde diciembre de 2012– la entrega simbólica de su acta de nacimiento fue toda una celebración, en la que estuvieron presentes el Consejero Jurídico y de Sevicios Legales, José Ramón Amieva Gálvez; el director del Registro Civil; el director de Justicia Cívica de la Consejería, Martín Pedro Cruz Ortiz; la coordinadora de Vinculación con la Sociedad Civil de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Orfe Castillo Osorio, y hasta el líder del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, Juan Anaya.
Sentado al centro de una larga y reluciente mesa dispuesta en un salón del Registro Civil, Amieva Gálvez incluso aprovechó el evento para dar a conocer un acuerdo para que en los 52 juzgados cívicos de la ciudad no se discrimine a la población callejera.
Pero para Luis Enrique Hernández Aguilar, director de la organización El Caracol, que ha acompañado a Guadalupe en su proceso de reintegración social desde su embarazo, el acontecimiento no amerita una celebración, pues se trata del cumplimiento de un derecho básico, que es el derecho a la identidad.
“Es un acto de justicia, más que un acto que se tenga que celebrar. Vergüenza debería de darnos estar haciendo un acto como este ante un derecho elemental”, expresó en entrevista con SinEmbargo al término del evento. “Hoy no es celebrar, hoy es más bien una pauta para seguir exigiendo el derecho de los ciudadanos a tener su documento de identidad y a no vivir discriminación ni exclusión”.
Sin embargo, de eso ninguno de los funcionarios presentes habló. Tampoco hicieron referencia a todo el tiempo que le tomó a Guadalupe conseguir acceder a su derecho a la identidad, ni a los obstáculos administrativos que enfrentó porque no tenía ningún otro documento que avalara su identidad, no tenía familiares que pudieran dar fe de ella, y ni siquiera se acordaba de su fecha de nacimiento.
Mucho menos recordaron que Guadalupe dio a luz en la calle, en la víspera de la Navidad de 2012, tras lo cual fue trasladada al Hospital General Doctor Gregorio Salas Flores, administrado la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Y que el personal de ese hospital intentó entregar a la hija de Guadalupe bajo custodia al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), argumentando que la mujer había llegado oliendo a solventes. El hecho de que Guadalupe hubiera tenido antes otra hija, con la que vivió en la calle y de la que fue separada, también pesó en esa determinación.
En agosto pasado, SinEmbargo recuperó la historia de Guadalupe como ejemplo de la discriminación sistemática que viven las mujeres callejeras que se convierten en madres. Aunque finalmente Guadalupe y su hija no fueron separadas, gracias a la intervención de El Caracol y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), el personal del hospital Gregorio Salas Flores se negó a entregarle el certificado de nacimiento de su bebé.
Ese certificado era el único con el que Guadalupe podía registrar a su hija, dado que ella no tenía ningún documento que la acreditara como quien decía ser. Había vivido en la calle desde niña y nadie sabía si tenia familia ni dónde podía haber vivido.
Entonces empezó un doble problema para Guadalupe: si ella no existía jurídicamente, tampoco podía hacerlo su hija.
El director de El Caracol, organización que lleva más de 20 años trabajando con poblaciones callejeras, dijo que la violencia estructural que padecen las personas que viven en la vía pública provoca que vayan alejándose de su propia historia personal. La depresión, el estrés y los estragos por el consumo de drogas también afectan.
“En el camino de la historia de una persona que vive en la calle pasan muchos temas de orden emocional y psicológico que impiden que a veces se recupere la historia. Esto es muy delicado porque a veces cuando intentas buscar un acta te piden los nombres de la mamá, del papá, de los hermanos, te piden un documento, y creo que este primer atorón que se tiene al momento de querer recuperar su historia es un tema delicado y es consecuencia de que viven una violencia estructural cotidiana”, consideró Hernández.
Tal fue el caso de Guadalupe.
Dado que no tenía ningún documento y ni siquiera sabía qué edad tenía ni cuándo había nacido, el proceso para poder tramitar su acta de nacimiento implicó que El Caracol tuviera que realizar una investigación sobre su pasado: averiguar si tenía familia, intentar buscarla, constatar que no hubiera sido registrada.
Yesenia Espitia Pérez, de El Caracol, había resumido así ese trajín: “Fue un año constante de investigar, prácticamente ir a tocar puerta por puerta en la colonia que ella dijo que vivía, investigar, rastrear en todos los albergues en que ha estado, todas las personas que la han conocido, ir a la colonia donde vivió. Escuelas, plazas, casa por casa, calle por calle estuvimos preguntando, pero nada”.
Con base en esa investigación para rastrear el pasado de Guadalupe, el equipo de El Caracol calculó que había nacido el 12 de diciembre de 1979. En el acta que le fue entregada este martes se asienta esa fecha como la oficial de su nacimiento. En los espacios disponibles para los nombres de su madre y su padre aparecen líneas punteadas que indican que no existen tales datos.
Otro problema que las personas que viven en la calle enfrentan para acceder a su identidad es la falta de capacitación y sensibilidad de los servidores públicos del Registro Civil para atenderlos. Hernández puntualizó que es importante entender que son personas con una condición de vida particular y que, por lo tanto, requieren de un trato distinto.
“Si le preguntan a los chavos ‘¿Cómo se llama tu mamá?’ Hay chavos y chavas que no se van a acordar,. El propio estrés en el que se ven envueltos no les permite dar sus datos, esa barrera inmediata hace o que el chavo se enoje y se salga o que el servidor público se desespere y no le dé el documento”, ejemplificó.
A eso se suma la discriminación que viven quienes viven en la calle. “Cuando una persona que vive en la calle llega a pedir un documento no va a ir con traje, y por supuesto lleva los estragos de la calle”, refirió Hernández. “Cuando llega el chavo, lo que el funcionario ve no es a un ciudadano, sino a alguien que vive en la calle”.
Además, señaló que la falta de representatividad legal de las organizaciones civiles que acompañan a las personas callejeras también es un obstáculo cuando se encuentran tramitando su acta de nacimiento.
El Caracol acompaña a decenas de han recibido o están en trámite para recibir su acta de nacimiento. En mucho de ello, reconoció Hernández, el apoyo de la Consejería Jurídica ha sido fundamental, lo que consideró como una muestra de la falta de sensibilización de los servidores públicos, que actúan eficazmente sólo porque reciben órdenes y no porque asuman que la tramitación de actas para poblaciones callejeras es un derecho.
“Un tramite administrativo no tiene que ser un obstáculo para obtener un derecho”, expresó.
Se trata, además, de un «derecho llave», como expuso Juan Martín Pérez, director de la Redim, refiriéndose a que el acceso a la identidad es necesario para poder acceder a otros derechos básicos, como la salud, la educación o la vivienda.
Para Guadalupe, la obtención de su acta de nacimiento y la de su hija supone el siguiente paso en su proceso de reintegración: inscribir a su hija a una guardería, conseguir un empleo y, eventualmente, dejar el albergue para madres solteras donde vive actualmente y conseguir su propia vivienda. Desde que su hija nació, Guadalupe no sólo dejó la calle, sino también abandonó el consumo de drogas. Los planes de vida que desde hace unos meses tenía, estuvieron hasta ayer supeditados a un simple trámite.
