De acuerdo con la Constitución mexicana existen tres sujetos jurídicos que pueden solicitar la consulta: los ciudadanos, mediante la recolección de firmas; la Cámara de Senadores, elegida por López Obrador como cámara de origen, con el 33 por ciento de sus integrantes; y el propio presidente, quien este lunes se dijo dispuesto a intervenir si no se juntaban las firmas.
Por Juan Manuel Ramírez G.
México, 15 sep (EFE).- Mientras los ciudadanos se apuran para recolectar los cerca de 1.8 millones de firmas necesarias para impulsar una consulta que pedirá enjuiciar a exmandatarios por corrupción, el Presidente ya hizo su parte y entregó al Senado su propia solicitud.
«La información que tengo es de que sí van hoy a tener las firmas que se requieren, que ya están ordenando las firmas y que ya van cerca de 2 millones de firmas de ciudadanos. De todas formas, porque hoy vence el plazo, consideré importante presentar también este escrito para tener más seguridad», indicó Andrés Manuel López Obrador este martes desde Palacio Nacional, cuando faltaban horas para conmemorar el Grito de Independencia.
A las 11:00 hora local (16:00 GMT) llegó al Senado un largo escrito en el que el mandatario pide a los legisladores avanzar en esta consulta ciudadana para decidir si se juzga, o no, a cinco expresidentes mexicanos por corrupción.
La acción es una estrategia que busca señalar la corrupción de pasados Gobiernos, pero que de reojo mira las elecciones de 2021, cuando el 6 de junio se celebraría esta consulta al mismo tiempo en que se elegirán 21 mi cargos de elección popular entre gobernaturas estatales, ayuntamientos y diputados.
«¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investigue y en su caso sancione la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?», es la pregunta que propone López Obrador, según el documento.
ESTRATEGIA POLÍTICA
Para el abogado penalista Gabriel Regino «la consulta popular está dentro de los márgenes constitucionales», pero «no es necesaria para poder, en su caso, hacer investigaciones sobre posibles hechos delictivos en que hubiesen incurrido los expresidentes».
Precisó que en el proceso penal la noticia criminal, la denuncia o querella, la puede presentar una persona cualquiera, cuando se trata de delitos de oficio y que por lo tanto el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía General de la República (FGR) está obligada a realizar la investigación.
El letrado explicó que si hoy una persona hace un escrito y presenta una denuncia contra tres, cuatro o cinco expresidentes «y establece que delitos posiblemente hubieran cometido» eso obligaría a la FGR a iniciar las investigaciones, sin necesidad de una consulta popular.
Aunque en este caso, cuando «se une una consulta popular con un proceso penal podemos intuir que se trata de una estrategia de carácter electoral para el próximo año».
«Es una estrategia, con visión política, asociar la consulta a un tema de carácter electoral con una pregunta que podría tener amplios efectos en la población», apuntó.
Regino explicó que una investigación a los expresidentes «generaría un clima sumamente mediático» y dijo que, tal y como está actuando actualmente la Fiscalía «es altamente probable que se inicie una investigación por delincuencia organizada, lavado de dinero y otros delitos».
FIRMAS A CONTRA RELOJ
De acuerdo con la Constitución mexicana existen tres sujetos jurídicos que pueden solicitar la consulta: los ciudadanos, mediante la recolección de firmas; la Cámara de Senadores, elegida por López Obrador como cámara de origen, con el 33 por ciento de sus integrantes; y el propio presidente, quien este lunes se dijo dispuesto a intervenir si no se juntaban las firmas.
Con el periodo del 1 al 15 de septiembre para recolectar los casi dos millones de firmas, es decir, el 3 % del listado nacional electoral actualizado, los ciudadanos, identificados con el izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), encabezaron la recolección rúbricas en plazas públicas.
«Estamos demostrando que nos estamos moviendo más los ciudadanos que el Congreso o el propio presidente», dijo en entrevista con Efe, el activista Omar García, quien todavía este lunes, junto con otros organizadores, recopilaba firmas en una casa en la céntrica colonia (barrio) Roma.
Hasta el lugar, decenas de personas llegaron desde distintos puntos de la capital mexicana, de otros estados de México y hasta del extranjero para firmar o entregar paquetes de firmas.
«Siempre hemos apostado a la participación ciudadana, a que en la democracia el pueblo este cercano al gobierno para hacerlo rendir cuentas», añadió García, quien es sobreviviente del trágico episodio de las desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
Para Gonzalo Fernández, activista LGBT, la recolección de firmas es una nueva herramienta de participación ciudadana.
«Ahora la democracia es más participativa porque no se trata votar un día por alguien que nos va representar y ya regresar a nuestras casas», dijo.
Fernández y un grupo de amigos se dedicaron a reunir firmas del colectivo LGBT en la Zona Rosa de Ciudad de México y aunque la cantidad que acumularon, unas 150, para ellos resultó significativa.
Tras la presentación de la petición, la Cámara de Senadores turnará de inmediato ambas solicitudes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la recibirá y tendrá 20 días naturales para resolver sobre la constitucionalidad de la consulta y la pregunta.
