Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).– El Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) lamentó observar pocos avances en la implementación de las recomendaciones que realizó al gobierno de México tras su visita efectuada en 2011 y se dijo especialmente preocupado por el deterioro que prevalece en el país desde que presentó su informe.
«Los grandes desafíos detectados por el Grupo de Trabajo durante su visita y plasmados en su informe de misión aún perduran. Salvo excepciones, la impunidad prevalece, los hechos no se esclarecen y las víctimas no reciben una adecuada e integral reparación. Esta realidad puede y debe ser transformada. El Estado cuenta con una oportunidad histórica de transformar la situación imperante», refirió el organismo de Naciones Unidas en un informe difundido este martes.
El Grupo de Trabajo visitó el país del 18 al 31 de marzo de 2011, tras lo cual alertó que la impunidad es un elemento frecuente en los casos de desapariciones forzadas. Concluyó en ese entonces que muchos casos que podrían encuadrarse bajo este delito son reportados e investigados bajo una figura diferente o ni siquiera son considerados como delitos.
En su reporte presentado en Ginebra este día, los expertos que integran esa instancia dijeron que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocurrida en Iguala, Guerrero, hace casi un año demuestra con crudeza la falta de reconocimiento de la dimensión de ese problema en el país.
«Esta falta de reconocimiento cabal a la dimensión del problema se evidenció de manera cruda con la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, y las investigaciones tardías y deficientes que le siguieron; con las estadísticas oficiales, que aún con sus limitaciones, muestran una situación particularmente crítica, así como con el descubrimiento de fosas clandestinas en diversas partes de la República», dice el documento.
Esta tarde, la Cámara de Diputados aprobó crear una Comisión Especial que dará continuidad a las investigaciones y a los resultados del grupo interdisciplinario de expertos independientes designado por la CIDH sobre el caso Ayotzinapa. Por mayoría, el pleno acordó que la instancia legislativa sea integrada por ocho diputados, uno por cada grupo parlamentario, y que tenga presidencia que se rotará anualmente.
El Grupo de la ONU coincidió con el Comité contra la Desaparición Forzada, que en febrero de 2015 sostuvo que las desapariciones son generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, «muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”.
«Si bien se valora que el Estado indique en su respuesta que enfrenta retos y desafíos en materia de derechos humanos, incluyendo la desaparición forzada, el Grupo de Trabajo constata que el incipiente reconocimiento discursivo al problema de la desaparición forzada no ha sido consistente, uniforme y homogéneo entre todas las autoridades del Estado mexicano, ni al más alto nivel», manifestaron los expertos de la ONU.
El informe refiere que no existe un diagnóstico nacional sobre el problema de la desaparición forzada de personas que permita desarrollar las medidas integrales y efectivas para su prevención, erradicación, investigación, sanción y reparación.
Por ello alienta al Estado de México a aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales de acuerdo a los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
«El Grupo de Trabajo alienta particularmente al Estado a dar su consentimiento para que el Comité contra la Desaparición Forzada realice en un plazo razonable la visita solicitada con base en el artículo 33 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas», dice el documento.
El organismo de la ONU se dijo consternado porque el derecho de acceso a la justicia y el combate a la impunidad permanecen como el principal reto en México. «La impunidad generalizada perdura como un patrón crónico. La alarmante impunidad favorece la perpetración de las desapariciones forzadas», manifestó.
De igual forma lamentó que el Estado mexicano no haya proveído información sobre la implementación de su recomendación en materia de investigaciones forenses, por lo que invitó a las autoridades a adoptar la recomendación del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de crear una institución nacional de servicios forenses.
Aunque reconoció una disminución con el número de quejas en contra de las fuerzas armadas ha disminuido, reiteró el sentido de su recomendación de que se considere el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública y aplicación de la Ley penal.
El Grupo de Trabajo también reconoció la adopción de normatividad sobre el uso de la fuerza por parte de algunas corporaciones civiles y militares, así como la aprobación de legislación en la materia en contadas entidades federativas. Sin embargo, dijo «la escasa reglamentación existente y la fuerza que se emplea sigue sin ajustarse necesariamente y en toda circunstancia a los estándares internacionales».
Lamentó el abandono del Estado mexicano al problema de las desapariciones forzadas perpetradas durante el periodo de la así denominada “Guerra Sucia”. Parecería que en este tema el Estado ha renunciado al cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
«Salvo el trabajo de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero y las limitadas compensaciones otorgadas a algunas víctimas referidas en la recomendación 26/2001 de la CNDH, no se registran avances de otra índole. La impunidad es generalizada y no se conocen acciones efectivas y resultados concretos para la investigación de lo sucedido», dijo.
