Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).– El Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quedó fuera del Fideicomiso acordado por el gobierno federal con Buena Vista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras para atender los daños por el derrame de lixiviados de sulfato de cobre en el Río Sonora. A la par, el dirigente de Acción Nacional (PAN) manifestó su respaldo al mandatario, quien desde hace una semana se ha confrontado con el gobierno federal, y se dijo preocupado por «las expresiones de dureza de algunos funcionarios en el gobierno federal».
Madero Muñoz, quien no se había pronunciado sobre el derrame ocurrido desde hace más de un mes, lanzó un «exhorto a continuar por ese camino del diálogo y a que el Gobierno Federal recuerde su obligación de escuchar y dialogar con todas las partes”.
Por su parte, el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rodolfo Lacy Tamayo, explicó el día de ayer en Ures, Sonora, que el Fideicomiso se constituirá dentro de Nacional Financiera (Nafin) con un comité que va a administrarlo y en el que solo participarán el gobierno federal y las empresas involucradas, “y será presidido por un servidor por instrucciones de Presidencia”.
Rodolfo Lacy Tamayo junto a Ricardo Aguilar Castillo, subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); Mikel Arriola Peñalosa, comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; Guillermo Haro Bélchez, Procurador Federal de Protección al Ambiente y Alejandro Ozuna Rivero, titular de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Gobernación, forman parte de la comisión que el Presidente Enrique Peña Nieto instruyó crear “con el propósito de llevar a cabo acciones inmediatas, oportunas y eficaces para evaluar y subsanar los daños causados a la población con motivo del derrame tóxico en el Río Sonora”.
La designación de esta comisión especial se dio luego de que el Gobernador sonorense expulsará del Comité de Operación de Emergencias a los delegados federales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Padrés Elías consideró que los funcionarios federales no eran interlocutores válidos, luego de que calificaron como ilegal una presa construida en el rancho, “El Pozo Nuevo de Padrés”, de la cual él era propietario.
”El presidente de ese consejo es el Gobernador del Estado o su representante, y seguiremos al frente de ese consejo, pero de ninguna manera considero yo como un válido representante a ninguna de esas dependencias, a los señores delegados”, afirmó la semana pasada.
En respuesta, el gobierno federal, a través del Vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez Hernández, además del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, respondió a las acusaciones del Gobernado.
En este contexto, Gustavo Madero Muñoz, respaldó a Guillermo Padrés Elías y se dijo preocupado por «las expresiones de dureza de algunos funcionarios en el gobierno federal, pero también damos la bienvenida al diálogo y a la colaboración entre los Gobiernos Federal y de Sonora, para atender a los habitantes de la zona contaminada”.
“Los funcionarios emanados del PAN son representantes de la voluntad popular en un proceso democrático, en Sonora y en toda la República, por lo que tienen total respaldo por parte de Acción Nacional, y por ello también demandamos respeto a la soberanía de los estados”, declaró Madero Muñoz.
Sin embargo, en visita por las comunidades dañadas Rodolfo Lacy Tamayo explicó que el fideicomiso será administrado por un representante de Grupo México, otro asignado por el gobierno federal y un tercero, quien será un especialista designado por los dos primeros.
RECUENTO DE LOS DAÑOS
El pasado 6 de agosto se registró un derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi ocasionado por la mina Buena Vista del Cobre de Grupo México. Luego de lo ocurrido las autoridades federales y estatales han realizado diversas acciones para remediar las afectaciones causadas por la minera.
Grupo México afirmó en un principio que el accidente fue ocasionado por la temporada de lluvias en la región y no por una mala construcción del represo de la mina Buenavista del Cobre. Después dijo que los litros derramados fueron 40 mil, cuando en realidad fueron 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos, es decir, 40 millones.
Posteriormente la empresa dijo que, entre otros factores, una causa relevante del derrame, fue un defecto de construcción en el sello de una tubería del sistema Tinajas 1, que forma parte de las obras de construcción para una nueva planta de proceso de cobre y que fue contratada a una firma contratista especializada de la región, denominada TECOVIFESA. Dicha empresa “no soslayará su compromiso de reparar las afectaciones ambientales provocadas por el derrame de nuestros materiales”, señaló la minera.
Antes del desastre ocasionado por la mina Buenavista del Cobre, la acción de Grupo México en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) estaba en 48.23 pesos por unidad. Posterior al derrame, bajó a 45.67 pesos, y presentó una caída de 5.6 por ciento. Hoy en día, se encuentran en un precio de 47.50 pesos, una baja de 1.5 por ciento respecto al día del derrame.
A más de un mes del desastre ambiental que impactó a más de siete municipios sonorenses y a más de 24 mil personas, el grupo perdió en el valor de capitalización (precio de todas sus acciones) 5 mil 683 millones de pesos, si se consideran los cierres del 7 de agosto al pasado viernes del mismo mes. En relación con el valor máximo de los títulos alcanzados este año, la pérdida en valor de capitalización asciende a 13 mil 545 millones de pesos.
El 29 de agosto, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró al menos siete oficinas de la mina Buenavista del Cobre. Peritos de la dependencia federal colocaron sellos con la leyenda de “asegurado” en las puertas de los inmuebles en Cananea, Sonora, como parte de las diligencias que realiza la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, con el fin de resguardar documentos y evidencia que ayude a deslindar responsabilidades.
La acción fue ordenada por el Ministerio Público Federal ante la denuncia presentada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en contra de Grupo México por la comisión de delitos contra el ambiente.
El 8 de septiembre la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Sonora dijo que los estragos podrían ser de 2 mil millones de pesos y no 800 millones, como sugirió un reporte de diputados expuesto la semana pasada, ni mucho menos los 100 millones que planteó el Gobernador Guillermo Padrés Elías.
