Especialistas en seguridad consideraron que la crisis de las policías municipales y estatales se agrava debido a que estas instituciones están «abandonadas» por los gobiernos, federal y locales.
Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).– La detención, ataque sexual y asesinato del joven José Eduardo Ravelo, de 23 años, a manos de policías municipales de Mérida, Yucatán, ha vuelto a colocar la falta de profesionalización y confianza de estas corporaciones en el centro del debate. Más aún cuando el pasado 13 de agosto un Juez de control no encontró elementos para vincular a proceso a los cuatro policías de la capital yucateca, detenidos como parte de la investigación por la violación y agresiones que causaron la muerte de José Eduardo. Sin embargo, la Fiscalía estatal aseguró que presentará un recurso de apelación.
Especialistas en la materia consultados por SinEmbargo señalaron que las policías municipales y estatales han sido abandonadas por el Estado, lo que ha dado pauta a que los patrones de abuso y violencia persistan en parte por la falta de capacitación de estas corporaciones.
“Lo que estamos viendo son cuerpos policíacos que no están debidamente capacitados, profesionalizados, que no tienen protocolos de aplicación del uso de la fuerza y, desgraciadamente, quien lo está pagando es el ciudadano. Las muertes de personas inocentes y los abusos de autoridad flagrantes lo único que reflejan es que las policías han sido abandonadas por sus gobiernos”, expuso Ramón Celaya Gamboa, especialista en inteligencia y procesos de seguridad nacional.
El experto aseguró que este abandono se explica porque el actual Gobierno federal no tiene interés en el modelo de la policial civil y está enfocado a impulsar la militarización a través de la Guardia Nacional. En tanto que, a nivel estatal y municipal, la corrupción ha contribuido a este descuido porque se desvían los recursos destinados a estos cuerpos de seguridad o se emplean en otra cosa.
Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), planteó a su vez que lo más preocupante —y que pone en evidencia el desamparo a las policías locales— es que ni siquiera hay un presupuesto para profesionalización, pues recordó la reducción de recursos y fondos enfocados a la seguridad y capacitación de las policías.
“Hoy tenemos cero pesos y cero centavos para la profesionalización de las policías y a esto agreguémonosle que la FGR redujo en 86 por ciento los recursos para la profesionalización […] Si la situación era desastrosa cuando teníamos pocos recursos, imaginémonos ahora donde ni siquiera hay eso», dijo.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del presente año se eliminó el Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg), que se destinaba la capacitación, equipamiento e incluso programas de prevención en los municipios.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dependencia que administraba el Fortaseg, tiene un recorte de 94.5 por ciento —con respecto al de 2020—, y dejará a 286 municipios sin recursos adicionales para fortalecer sus capacidades en materia de seguridad, de acuerdo con información de la organización civil México Evalúa.
Además, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) también registró una baja de su presupuesto en un 4.6 por ciento, respecto al PEF 2020.
En México, al menos 127 mil 840 policías —el 98 por ciento del estado de fuerza, que ascendía a 130 mil 136 elemento preventivos— fueron sometidos a exámenes de confianza durante el 2020, de los cuales, 7 mil 66 (el 6 por ciento) reprobaron el examen, de acuerdo con el último reporte Modelo Óptimo de la Función Policial, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El estado de fuerza real operativo en el país —restando los policías que no aprobaron los controles de confianza— asciende así a 123 mil 70 elementos, es decir, que en México hay 0.96 policías por cada mil habitantes, lo que representa un déficit de 101 mil 458 elementos para alcanzar el estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes.
Del total de los elementos en activo, al menos el 66 por ciento cuenta con los tres elementos que se evalúan para el Certificado Único Policial, de acuerdo con el citado reporte.
UN COCTEL DE ABUSOS E IMPUNIDAD
La agresión contra el joven José Eduardo Ravelo ha sido el caso más reciente de violencia policías, pero no es el único que se registra en lo que va del año. Otros eventos como el de Victoria Esperanza Salazar, una mujer salvadoreña que fue detenida, sometida y asesinada por municipales en Tulum, Quintana Roo, y la muerte de la doctora Beatriz “N”, luego de ser detenida por elementos municipales en Hidalgo muestran que las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes preventivos son prácticas que se mantienen vigentes.
Para el doctor Daniel Vázquez Valencia, experto en seguridad y estudioso de impunidad y corrupción, estos casos persisten debido a la impunidad que impera en el país y porque no hay una intención real, por parte de ningún Gobierno y de ningún partido, en combatir las causas que los generan.
El más reciente “Diagnóstico sobre tortura y malos tratos” de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que la brutalidad policiaca y tortura son prácticas generalizadas en el país desde la década de 1990, a pesar de que las instancias jurídicas en México no lo han reconocido, ya que “ningún Juez ha juzgado un caso de tortura”.
“En el país existen condiciones institucionales y estructurales de larga raigambre histórica que han potencializado la tortura”, refiere el documento donde se explica que, a pesar de las reformas penales en México, “las fuerzas policiales y militares actúan con base en su propio marco paralegal”.
Vázquez Valencia ha señalado que la violencia policial y el uso excesivo de la fuerza persisten en México por la arraigada corrupción e impunidad.
“En materia investigación, sanción y combate a la impunidad lo que tenemos es continuidad, nada ha cambiado”, insistió el especialista cuyos temas de investigación incluyen la teoría jurídica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; los estudios sobre democracia, derechos humanos y mercado, y la relación entre corrupción, impunidad y derechos humanos.
Para el investigador de la UNAM son diversas las causas de la impunidad y se deberían de analizar en cada caso. Una de ellas, explicó, podría ser que estos cuerpos policiacos pertenezcan o sean parte de redes de macrocriminalidad, es decir que estén cooptados o infiltrados por grandes organizaciones criminales. Esto es lo que permitiría que no sólo hagan uso excesivo de la fuerza sino perpetren abiertamente violaciones graves a derechos humanos, esto es no sólo detenciones arbitrarias, sino tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
Otra explicación es que puede ser un problema de cultura organizacional de la corrupción, es decir grupos policiacos que, si bien no pertenecen a un cartel o una red de macro criminalidad, lo cierto es que se aprovechan de su placa para obtener tasas de ganancia.
El investigador de la UNAM destacó que se requiere un buen diagnóstico en todos los cuerpos policíacos del país, incluidas las fiscalías, y las Fuerzas Armadas.
El segundo paso, dijo, es que también es necesario que en este tema se involucre la clase política, aunque a ella «no le interesa combatir la impunidad, ni tener una fuerte política de la construcción del Estado de Derecho”.
CASOS EMBLEMÁTICOS
Uno de los casos más recientes y que ha causado gran indignación en México es el de Victoria Esperanza Salazar, una inmigrante salvadoreña de 36 años que fue asfixiada hasta la muerte por un policía del municipio turístico de Tulum, en Quintana Roo, que le colocó la rodilla encima.
Activistas compararon lo sucedido en marzo pasado con el asesinato del afroestadounidense George Floyd, quien murió asfixiado por la policía de Mineápolis, Minesota, en mayo de 2020, lo que desató las históricas protestas por la justicia racial en Estados Unidos.
En otro episodio, la desaparición de una familia entera en marzo de este año en Jalisco evidenció la colusión de las policías con la delincuencia organizada. Virginia Villaseñor y su hijo Iker, de 9 años, así como su hermano Julio Villaseñor, Jimena Romo y Julia, hija de ambos de un año de edad, desaparecieron en el municipio de Acatic, en la región Altos de Jalisco, cuando regresaban de sus vacaciones en la Ciudad de México.
En la desaparición estuvieron involucrados ocho policías municipales, incluidos el comisario y el subcomandante, quienes los retuvieron cuando circulaban por ese municipio a bordo de su camioneta y después los habrían entregado al crimen organizado de acuerdo con el Fiscal general del estado, Gerardo Octavio Solís.
El caso de Giovanni López, un joven albañil de 30 años, asesinado por policías municipales el 5 de mayo DE 2020, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco, ha sido uno de los más mediáticos. Los elementos lo habrían atacado presuntamente por “no traer puesto el cubrebocas”. El asesinato fue el que inició una ola de indignación por el uso de la fuerza pública por parte del Estado.
La muerte de Giovani permitió que se viralizara también el caso de Carlos Navarro Landa, un serigrafista de 33 años fue detenido el pasado 2 de mayo de 2020 por elementos policiacos en el fraccionamiento de Los Cántaros y fue ingresado al cuartel San José, en Jalisco. El joven fue entregado muerto a su familia luego de haber sido arrestado en Xalapa.
El caso del joven Alexander Gómez Martínez, de 16 años, fue similar. El jovencito futbolista de tercera división fue asesinado el 9 de junio de 2020 por un policía cuando viajaba en su motocicleta junto con algunos amigos en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, causo gran indignación.
