La Suprema Corte está por resolver un importante amparo presentado por una de las firmas de Carlos Slim. Es sobre la tarifa cero de interconexión. Se trata de un asunto aparentemente muy técnico, pero con implicaciones económicas -y por supuesto legales- muy importantes, que ha tenido muy activo al sector de las telecomunicaciones en los últimos días.

Detrás de la decisión de los ministros, hay miles de millones de pesos en juego que dejará de ganar Slim o que deberán pagar sus competidores. En ambos frentes habría una afectación a sus negocios y por eso se está recurriendo a todo tipo de estrategias, incluidas obviamente las comunicacionales, para persuadir a la Corte.

Hasta ahora, los argumentos legales se inclinan a favor de Slim. El proyecto del ministro Javier Laynez Potisek propone amparar a Telcel, bajo el supuesto de que el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) viola sus derechos al imponerle la obligación de no cobrar ni un solo centavo a sus competidores por la terminación de sus llamadas en su red, es decir, la tarifa cero.

Esta obligación formó parte de las medidas asimétricas que los legisladores consideraron que debía cumplir América Móvil como Agente Económico Preponderante (AEP) en telecomunicaciones, al tener tres cuartas partes de los ingresos y clientes en el sector. Fue una disposición legal muy aplaudida por los competidores de Telcel, un acto de justicia ante los abusos que han padecido históricamente por parte de las empresas de Slim y uno de los incentivos para arrebatarle mercado, con el fin de equilibrar la cancha en telecomunicaciones.

Sin embargo, para Slim es una película distinta: lo que hicieron los legisladores fue meterse sin permiso a la casa del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entrar a su cocina, abrir el refrigerador y preparar un delicioso manjar para Telefónica, AT&T, Axtel y el resto de los competidores, sin considerar la posible afectación de derechos de Telcel. Es decir, los senadores y diputados se inmiscuyeron en terrenos que por sus facultades y experiencia competen al órgano regulador, y decidieron que debía usarse gratuitamente la red de Telcel. ¿Así nomás? Así nomás.

Recordemos: cuando los legisladores aprobaron en 2014 la LFTyR, lo hicieron en diversos artículos bajo una lógica política, para cuidar y afectar intereses económicos específicos. De ahí que muchos de los nobles alcances de la reforma constitucional en telecomunicaciones (redactada en un tiempo político distinto, en 2013, cuando estaba vigente el Pacto por México), quedaran desdibujados en la malograda ley en temas como los derechos de las audiencias, facultades del IFT, medios comunitarios e indígenas, medios públicos, privacidad y protección de datos, regulación de contenidos, entre otros. En esta última etapa es cuando algunas de las empresas que integraron años atrás el frente Tucotel (Todos Unidos contra Telcel) pudieron influir en el Poder Ejecutivo y el Congreso.

Lo anterior explica la dureza contra Telcel -necesaria ante la enorme concentración del sector de telecomunicaciones-, pero la débil regulación asimétrica hacia el otro AEP, Televisa, en el sector de la radiodifusión, en donde, por ejemplo, sí se consideró la compartición de infraestructura de los canales de la televisora, pero con tarifas para los interesados, a diferencia de lo que sucedió con las empresas de Slim. Se les pasó, pues, la mano a los legisladores, al actuar más con emoción que con razonamiento y argumentación legal y económica.

Un dato que refuerza lo dicho: la académica de la Universidad Panamericana y excomisionada de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Clara Luz Álvarez, solicitó a cada una de las comisiones del Senado que dictaminaron y aprobaron la LFTyR los estudios que realizaron para imponer la tarifa cero. La respuesta fue que las comisiones hicieron un “profundo análisis” que quedaría de manifiesto en la intensa discusión de los legisladores durante sus reuniones y que también se basaron en lo que expusieron académicas, académicos y organizaciones de la sociedad durante los foros realizados el 2 y 4 de abril de 2014 en el Senado. Nada serio, como vemos.

Es más, el Estudio sobre Políticas y Regulación de Telecomunicaciones en México, elaborado por la OCDE en 2012, y que fue tomado como referente fundamental para la reforma estructural del sector, con un énfasis relevante en lo que debía hacerse con las empresas de Slim, no emite en sus recomendaciones la tarifa cero. Lo que dice es que el órgano regulador debía seguir utilizando su plan de interconexión que exige que las tarifas de interconexión estén basadas en modelos de costos.

“Éste es un enfoque adecuado -dice-, congruente con el que se utiliza en otros países miembros de la OCDE”. Y agrega: “El desarrollo de modelos de costos de largo plazo con incrementos graduales y la determinación de parámetros relevantes debe basarse en una metodología transparente y someterse a auditorías realizadas por peritos independientes. La entidad reguladora debe estar facultada para determinar las tarifas de interconexión de manera ex ante, y no esperar a que se presenten las disputas, como hace actualmente” (página 137).

Por estos excesos es que Slim puede ganar. Quienes no simpatizan con esta posibilidad afirman que la reforma estructural de telecomunicaciones habrá fracasado. Exageran. La reforma es más que tarifas de interconexión, afortunadamente. Es autonomía del órgano regulador, es un nuevo modelo de concesiones que terminó con la discrecionalidad del PRI-gobierno en la entrega de las mismas, es el reconocimiento a los medios comunitarios e indígenas, es el fortalecimiento de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, es el derecho al acceso a Internet, entre otros aciertos. Como ya se ha dicho, faltó más, pero justo los legisladores tiraron varios logros constitucionales en su malograda ley.

También es aventurado asegurar que si la Corte concede el amparo se elevarán las tarifas, ya que el costo de la interconexión se trasladaría a los usuarios. Si esto sucede, habría que señalar a los legisladores que en 2014 actuaron, como dije, con visión política y no legal, y a las mismas empresas competidoras que no estarían dispuestas a perder la rentabilidad de un derecho que no les correspondía. Cobrar más, además, les afectaría en sus objetivos de crecer en el sector y fortalecerían más a Telcel, lo que sería muy lamentable para todos.

El amparo, téngase presente, es un derecho de cualquier persona. Con él se busca la protección de actos de la autoridad que vulneran derechos fundamentales. Si la Corte resuelve la inconstitucionalidad de un artículo que afecta de manera específica los derechos de una empresa (aunque sea del hombre más rico de México y de los más acaudalados del mundo), se hace con lógica jurídica, no de otra índole.

Parte del debate es si debe aplicarse la compensación retroactiva a Telcel o no. El proyecto del ministro Laynez propone que no, con lo que sus competidores se ahorrarían miles de millones de pesos. Como afirma Irene Levy (El Universal, 14 de agosto 2017), “aunque poco ortodoxa esta postura, porque resulta inusual que no se restituyan los derechos violentados una vez que se otorga el amparo, es bastante salomónica y dentro de todo políticamente correcta”. Ya veremos.

@telecomymedios

Gabriel Sosa Plata

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