Santiago de Chile, 15 ago (EFE).- Dos de los catorce militares condenados en Chile por el secuestro y muerte de Eugenio Berríos, un químico y agente de la policía secreta de la dictadura, no se han entregado aún a las autoridades, que los están buscando para que ingresen a la cárcel, informaron hoy fuentes oficiales.
«Son prófugos de la justicia y lo que están haciendo los organismos que corresponde es ubicarlos para que comparezcan ante la justicia e inicien el cumplimento de sus condenas por estos atroces crímenes que cometieron», dijo el portavoz del Gobierno chileno, Marcelo Díaz.
Uno de los prófugos es el ex mayor del Ejército chileno Arturo Silva Valdés, que recibió la pena más alta al ser considerado por la Corte Suprema como el autor material del secuestro y el asesinato de Berríos, ocurrido en Uruguay en 1995.
Según medios locales, el ex militar, condenado el pasado martes a veinte años y un día de cárcel, avisó a su círculo más cercano de que no se entregaría a las autoridades.
El otro condenado prófugo es el mayor retirado Jaime Torres Gacitúa, quien recibió una pena de diez años y un día por el secuestro y cinco años más por asociación ilícita.
Once de los militares condenados, entre ellos tres oficiales uruguayos, ya se encuentran en «Punta Peuco», una prisión especial para violadores de derechos humanos situada a 35 kilómetros al norte de Santiago.
Los trámites de ingreso a la cárcel se aceleraron después de que el decimocuarto condenado, el general retirado Hernán Ramírez Rurange, se suicidara el jueves.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), sostuvo que los militares prófugos cuentan con una red de apoyo al interior de las Fuerzas Armadas.
«Si no tuvieran esta red de apoyo no lo harían. Saben que cuentan con eso y se sienten seguros y tienen la arrogancia de decirlo a sus familiares», apuntó Lira en declaraciones a Radio BioBío.
Eugenio Berríos, químico de profesión y sindicado como fabricante del gas sarín que la policía secreta de Augusto Pinochet usó para cometer varios asesinatos, fue llevado a Uruguay en noviembre de 1991 para evitar que declarara en el juicio por el asesinato del ex Canciller Orlando Letelier y su asistente Ronnie Moffit, perpetrado en Washington en 1976.
El químico se instaló en Montevideo bajo un nombre falso y fue visto por última vez en 1992, cuando se presentó en una comisaría para denunciar que era vigilado. Fue entregado a unos militares uruguayos y en abril de 1995 se descubrió su cadáver enterrado en una playa, atado y con disparos en el cráneo.
