La guerra contra el narcotráfico que inició Felipe Calderon Hinojosa, ex Presidente de México, cumplirá el próximo diciembre 11 años, lapso en el que los militares asumieron las tareas de las policías. Su papel se ha visto manchado por casos graves de violaciones a derechos humanos: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y el abuso de la fuerza, algunas de ellas. Iguala, Tlatlaya, Ostula y Palmarito, los casos más mediáticos.
La violencia, mientras tanto, continúa cobrando víctimas, desplazando a la gente, y convirtiendo a comunidades en zonas fantasma. Entre éstas últimas, se encuentra Ahuihuiyuco, en Chilapa, Guerrero. Un éxodo de pobladores dejó al lugar en abandono.
Ahí, en la montaña baja de Guerrero, INE y Naucalpan, miembros Sedena, fueron enviados a resguardar a las tres decenas de personas que se quedaron. Ellos, integrantes de una institución señalada por los casos ya numerados, acusaron a los defensores de los derechos humanos de provocar la violencia, pues, dijeron, “protegen al delincuente. Dicen que trabajan para todas las personas, pero no es cierto’’.
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Chilapa, Guerrero, 15 de julio (SinEmbargo).– La guerra contra los cárteles de la droga en México cumplirá 11 años el próximo diciembre. El saldo de esta batalla son casi 200 mil muertos, más miles de desplazados, huérfanos, viudas.
Durante ese tiempo, el Ejército asumió las tareas de las policías, todavía rebasadas por los criminales, y algunos de sus elementos terminaron involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos.
Su actuación en Ostula, Tlatlaya, Iguala y Palmarito, los episodios emblemáticos, colocaron bajo la lupa a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Su titular, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, ha reclamado -en no pocas ocasiones- el regreso de “sus soldados» a los cuarteles.
Guerrero, por ejemplo, es un microcosmos de la guerra. Los muertos se cuentan por miles, los desaparecidos también, los pueblos se vacían… Y ahí es a donde los soldados INE y Naucalpan, como se les llamará a continuación para proteger su identidad, llegaron el 2 de junio pasado para evacuar una zona controlada por el crimen organizado.
La comisaría Ahuihuiyuco, Chilapa, en la montaña baja guerrerense, se convirtió en su hogar. Comen, duermen y esperan en una comunidad que tenía mil 370 personas y ahora sólo tres decenas.
Entre colonias fantasma, los uniformados conversaron con SinEmbargo sobre su papel en la estrategia de seguridad, los derechos humanos, Palmarito, los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa…
MEDIOS NECIOS, QUE ACUSÁIS A LOS MILITARES…
De acuerdo con los castrenses “esto», la violencia, la gente descuartizada, los pueblos abandonados… se genera por la forma de actuar de los defensores de los derechos humanos, y de los funcionarios públicos, quienes protegen y dejan libre al criminal.
Nau: Todo esto lo provoca derechos humanos. Protegen al delincuente. Dicen que trabajan para todas las personas, pero no es cierto. Cuando se hace algo en contra de esos bueyes, le creen más al delincuente. Los licenciados están en su escritorio esperando que llegue el billete. Los agarra uno [a los criminales] y al ratito ya andan sueltos. ¿Por qué ustedes [los medios de comunicación] no le tiran a esos [a los defensores de los derechos humanos]? Que dejen de andar protegiendo a esa gente. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué le creen más a ellos que a uno que trabaja en las fuerzas armadas?
PALMARITO
En mayo pasado se difundió un video en el que un miembro de la Sedena presuntamente ejecutó de manera extrajudicial a un civil sometido en Palmarito, Puebla. El soldado está preso no por homicidio, sino por el cargo de deserción equiparada debido a que no se presentó a trabajar después de que desatara el escándalo.
Sobre el asunto, Naucalpan e INE trataron de justificar las formas.
Nau: Es coraje. Si ya te mataron a un compañero, quieres acabar con él [con el delincuente]. Pinche coraje.
INE: La impotencia de ver a tu compañero tirado. La ira de uno es la que gana, pues.
Nau: Imagínate, le hacen daño a uno de tus hermanos, ¿le perdonarías la vida todavía? Convivimos más entre nosotros que con la misma familia. Imagínate, dormimos uno al lado del otro, cada quien con su arma. Y que al rato estés dormido y te esté faltando tu compañero ahí.
El caso de Palmarito avivó las críticas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
«Los lamentables eventos ocurridos el 3 de mayo en Puebla, donde fallecieron cuatro elementos militares y seis civiles durante un operativo, son prueba fehaciente de que la militarización de las tareas de seguridad pública conlleva el uso desmedido de la fuerza letal u otras graves violaciones de derechos humanos. Es predecible que de aprobarse la Ley de Seguridad Interior este tipo de situaciones continúen ocurriendo», señalaron grupos civiles en un comunicado.
Nau: Ya, diles que modifiquen las leyes, que inventen, el país ya da miedo. Nosotros tenemos familia también, aunque seamos militares. Andan también vestidos de ciudadanos, y da miedo pues.
INE: Antes le tenían respeto al Ejército, antes.
Nau: Piensan que entre nosotros está el delincuente.
Nau: «Ahí les pasan [los delincuentes], y no les hacen nada’’, nos dice la gente. Tienen razón. No les podemos hacer nada. Las leyes que tenemos no nos permiten hacerles nada. Si nosotros estamos aquí y nos disparan, lo que tenemos que hacer nada más es repeler la agresión.
INE: Los agarramos, los ponemos a disposición del Ministerio Público, de la PGR [Procuraduría General de la República] y al ratito ya andan sueltos. Luego ya no depende de nosotros.
Nau: Por eso nos pierden el respeto.
LA NOCHE DE IGUALA
La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, un centenar de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron atacados por funcionarios públicos y presuntos miembros del crimen organizado. Durante la investigación de la llamada “noche de Iguala’’, activistas, periodistas, politólogos, defensores de los derechos humanos y sobrevivientes pidieron que militares del Batallón 27 de Infantería declararan, pues, si bien en un primer momento no lo aceptaron, estuvieron en la calle durante el ataque a los normalistas.
La Sedena, sin embargo, prefirió ignorar las acusaciones y no permitió que los uniformados fueran entrevistados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso.
INE: Ahí nos dijeron que nosotros, que el Ejército desapareció a ellos [los estudiantes de Ayotzinapa].
–¿Por qué? Hubiera sido más fácil hablar.
Nau: ¿Sabes por qué no habla uno? Porque no está preparado para eso, y no tiene autorizado hablar. Hay que tener autorización para dar una respuesta al pregunta que estás haciendo. Tal vez ustedes [los medios de comunicación] tengan sospechas, pero los mandos de arriba, ellos saben las reglas de nosotros. Ellos saben porque ellos son los que las dan [las indicaciones]. Los que están autorizados han dicho la verdad. Nada más que la prensa no cree.
Frente al cuestionamiento sobre los militares que presuntamente participaron activamente en Iguala, y sobre algunos uniformados que aceptaron que dentro de la institución sí hay elementos que forman parte de grupos criminales, no creen que hayan estado involucrados en el ataque a estudiantes de Ayotzinapa.
INE: Como en todo, hay gente buena, pero también hay quien está inmiscuido [con el crimen organizado].
Nau: Ellos [los estudiantes] son el futuro de México.
Mientras tanto, mayo pasado cerró con 2 mil 186 homicidios dolosos, una cifra nunca antes vista, al menos hasta donde la contabilidad oficial alcanza. Las matanzas de la semana anterior también exhibieron una estrategia y a un Gobierno federal rebasado. En sólo tres días, al menos 76 personas murieron en asesinatos colectivos perpetrados en Guerrero, Guanajuato, Puebla, Sinaloa y Chihuahua.
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