La decisión del Presidente de la República de ordenar a la titular de la PGR que inicie acciones de inconstitucionalidad en contra de los congresos de los estados de Veracruz y Quintana Roo, es un paso importante en la lucha contra la corrupción, porque deja en el desamparo no sólo a Javier Duarte y Roberto Borge sino a todos los que abandonaran pronto el cargo y a los que llegarán.
La corrupción es la principal causa que está detrás de la serie de derrotas priistas del pasado 5 de junio. El tema estuvo en mayor o menor grado en las campañas positivas y negativas. No hubo un sólo estado donde no se hablará de la corrupción del Presidente de la República, del Gobernador o el Presidente Municipal en turno. La gente exige que esto cambie y es el sentido de la Ley 3de3 pero también del voto.
Y si bien esgrimir este tema de alto costo social, en un contexto de molestia social, habla de cierto oportunismo político lo cierto es que es un asunto de fondo en la vida pública que obliga a quien o quienes gobiernan a tomar cartas en el asunto.
El Congreso de la Unión ya aprobó las leyes generales que darán forma al llamado Sistema Nacional Anticorrupción y solo están a la espera su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Entonces, el intento de Javier Duarte y Roberto Borge de impulsar leyes a modo para protegerse luego de que su partido sufrió una derrota histórica provocaría que el mencionado sistema nacería acotado pues no tendría un carácter nacional sino en el mejor de los casos de la mayoría de los estados, si es que las iniciativas no hubieran sido repetidas en otros estados con la complicidad de los congresos locales. Acaso, ¿no tendría la tentación de hacerlo César Duarte Jaques o Mario López Valdez de asegurarse por este medio impunidad en los siguientes años? Claro.
Lo cierto es que la iniciativa acalambra a todos, incluido el propio Presidente, que tiene sus propias demandas de juicio político. Llegados una nueva hornada de panistas a gobiernos sin alternancia hasta ahora podrían significarles una mayor legitimidad si demandan a gobernadores corruptos a través de las leyes vigentes y la aplicación de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción.
Incluso, cobrará más sentido cuando asuman el cargo y encuentren finanzas públicas maltrechas, insuficientes para sostener los mínimos en el gobierno. Chihuahua, por ejemplo, ha superado la deuda pública que dejó Humberto Moreira en Coahuila y Javier Corral, el Gobernador electo, ya dijo que revisaría a detalle sus finanzas públicas y la fortuna estratosférica del Gobernador saliente.
Y muchos chihuahuenses le creen, por dos razones, Corral es un político congruente que no lo amilana el poder y sabe que esa causa es capital político. Sabe que tendrá problemas con la deuda pública y la falta de recursos públicos, y lo mejor que tiene a la mano es presentar demandas contra los culpables de la carencia de ellos para devolver recursos al gobierno, que se ve imposible.
El PAN tendrá nuevamente la oportunidad que desde Vicente Fox inmediatamente después de asumir el poder, cuando en el debate que sostuvieron Luis Ernesto Derbez y Jorge Castañeda, sobre qué hacer con el PRI, el guanajuatense se inclinó por la postura de no molestar que sostenía el poblano ante el argumento radical de que había que meter a la cárcel algunos de sus connotados militantes para estar en sintonía con el discurso de las “víboras prietas y tepocatas” pero sobre todo, buscar que no se volvieran un obstáculo en el momento de gobernar.
El PAN de Ricardo Anaya tiene a su alcance una magnífica oportunidad y con costo para Peña Nieto, de que sus gobernadores electos vayan con todo contra los corruptos en sus estados. Incluso, por la propia dinámica de la aplicación de las leyes anticorrupción, revisar el patrimonio de la pareja presidencial que es una demanda sentida de franjas importantes de la sociedad mexicana.
Si los gobernadores electos lo llevan adelante en forma directamente proporcional, será el beneficio político rumbo el 2018. No lo deberían desaprovechar, tienen a Peña Nieto de aliado desde el momento en que pactaron la aprobación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Negociar con el Presidente esa oportunidad significaría dejar hueco el sistema y el tema de la corrupción sería exclusivo de Andrés Manuel López Obrador, que no se olvide que Morena es una tercera fuerza en ascenso, con una didáctica sencilla en materia de exhibición de la corrupción en el sistema político: «el avión de Peña Nieto, ni Obama lo tiene», expresiones como está llegan y provocan el enojo de quienes han sido empobrecidos por las malas políticas públicas.
En definitiva, la corrupción no es poca cosa para la vida pública, le cuesta al país 19 mil millones dólares al año, lo que significa que los corruptos en las instituciones le roban bienestar a las mayorías que cada día tiene menores posibilidades de empleo, salud, vivienda o seguridad. No es casual que el 93 por ciento de los mexicanos la considere una carcoma en el sistema de las instituciones de este país. Y que nuestro país sea considerado el más corrupto de los 34 que integran la OCDE.
Entonces, la decisión de bloquear la iniciativa de blindaje de Duarte y Borge, es de las buenas noticias que tenemos en medio de tantas malas y penosas.
