La española Iberdrola, cuestionada por el Gobierno federal por abusar de la CFE, planeaba construir una central termoeléctrica a unos metros de la Reserva de Anillos de Cenotes de Yucatán, pero la Semarnat no le aprobó el permiso ambiental por faltarle requisitos.
Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).– Por falta de estudios y consulta pública, la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) no dio la autorización ambiental a la española Iberdrola para instalar la termoeléctrica de ciclo combinado «Mérida IV» a unos 200 metros de la Reserva de Anillos de Cenotes en Yucatán, luego de la presión de la comunidad maya de Kanasín y San Antonio Tehuitz de la zona conurbada de Mérida.
La empresa energética, cuestionada por el Gobierno federal por dañar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), puede volver a presentar otra Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para esta central eléctrica, ofrecida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2020.
En Pesquería, Nuevo León, el permiso de autoabastecimiento de Iberdrola de la central de ciclo combinado «Dulces Nombres» no fue renovado y, aunque presentó un amparo, la Ley de la Industria Eléctrica considera ilegal este mecanismo por ser abusivo para la CFE. En su país sede, España, la energética también ha sido cuestionada por las altas tarifas registradas desde finales del año pasado e incluso su presidente Ignacio Sánchez Galán insultó a los consumidores llamándolos «tontos».
Pero en Yucatán, el Secretario de Fomento Económico, Ernesto Herrera Novelo, dijo a la prensa local que «la Semarnat no tiene facultades para cancelar los proyectos» y que al «sólo faltar algunos estudios», la empresa «seguirá y construirá esa planta eléctrica en Kanasí» con el apoyo el Gobierno estatal. SinEmbargo pidió un comentario al respecto, pero argumentó estar de viaje.
Ante la posibilidad de que la española vuelva a solicitar el permiso ambiental, los mayas seguirán organizándose contra el megaproyecto al considerar que amenaza la selva y a los anillos de cenotes, principal fuente de agua de la Península de Yucatán.
«Rechazamos la termoeléctrica porque puede lastimar nuestra selva maravillosa, nuestros cultivos (agrícolas y de miel), hay zonas arqueológicas que pueden ser enterradas; es un centro ceremonial gigantesco con hallazgos de nuevas pirámides. Queremos seguir viviendo en un lugar limpio, poder seguir bebiendo el agua limpia», dijo un integrante del colectivo Ma’alob Cuxta, conformado por comuneros de Kanasín y San Antonio, académicos y organizaciones sociales, cuya identidad pidió ser resguardada por seguridad.
Esta termoeléctrica de 500 MW plantea quemar como combustible 150 millones de pies cúbicos de gas natural al día, equivalente a 3 millones de toneladas de CO2 al año, más que el total de los automóviles registrados en el Yucatán. Los gases tóxicos que generaría la planta (como óxidos de nitrógeno) provocan daños a los sistemas respiratorio, circulatorio e inmunitario.
Como parte de su operación también extraería 25.5 metros cúbicos por hora de agua con aditivos tóxicos (ácido sulfúrico, amoníaco, cloruro cálcico), expone el Colectivo Ma’alob Cuxta con base en la Manifestación de Impacto Ambiental, documento denegado que también reconoce que se contaminarán cuatro mil kilogramos de tierra con aceite lubricante sin detallar el tratamiento de los residuos tóxicos sólidos y líquidos peligrosos que generará.
El impacto al aire, al agua, a los vestigios arqueológicos y a la salud sería en detrimento de la región para beneficiar a privados. El Gobierno de Yucatán asegura que iluminará al estado, pero Iberdrola aún no tiene ningún contrato con el servicio público estatal por lo que, prevé el colectivo, la electricidad que produciría sería para empresas privadas.
El proyecto eléctrico, contextualiza, está planeado a tres kilómetros de la mayor planta de procesamiento de carne de cerdo de la empresa Kekén, la cual consume grandes cantidades de energía y, de acuerdo con un informe de Greenpeace México, contamina acuíferos y genera emisiones tóxicas como el resto de las granjas porcícolas alrededor.
Otros integrantes del colectivo comentaron que además del impacto ambiental en una zona vulnerable a las inundaciones agudizadas por el cambio climático, el proyecto de la central termoeléctrica está exacerbando fricciones entre los comuneros.
«Tenemos que cuidar nuestra riqueza de cenotes», dijo uno de ellos. «La negativa de la Semarnat fue un round, pero no hay que darnos por confiados de que no vayan a seguir intentándolo».
FALLAS EN PERMISO AMBIENTAL
El 14 de enero de 2021 un miembro del colectivo Ma’alob Cuxta solicitó a la Semarnat que transparentara a la comunidad maya la información completa del proyecto de la central termoeléctrica para que se sometiese a una consulta informativa, como parte del proceso de la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) presentada por Iberdrola en diciembre de 2020. La otra consulta a la que tienen derecho, la indígena libre, previa e informada, la Secretaría de Energía no la ha realizado.
«El enterarnos por otras vías y no por consulta es preocupante», dijo una comunera de la zona.
La Semarnat convocó a la consulta pública –no indígena– hasta el 8 de octubre pasado y aunque no realizó la reunión informativa, el dictamen final fue negativo para la Iberdrola.
Pero antes, el colectivo Colectivo Ma’alob Cuxta detectó diversas irregularidades por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat para llevarla a cabo de manera adecuada, empezando porque la dependencia publicó los datos personales del solicitante pese a que pidió confidencialidad por su seguridad por el asesinato a defensores ambientales.
En el marco de la lentitud de procesos por la pandemia, a inicio de 2021 la DGIRA pidió al miembro del colectivo presentar una constancia de vecindad, pese a que ya había dado su credencial de elector. El Ayuntamiento de Kanasín negó al solicitante el requisito de la constancia de vecindad, pese a ser nativo de la comunidad y descendiente de dos familias mayas originarias de Kanasín.
Frente a la negativa, se interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y sólo así el Ayuntamiento emitió la constancia, la cual fue presentada el 23 de febrero de 2021 en la Delegación de Semarnat. Hasta seis meses después, la DGIRA dio acuse de recibido.
El 8 de septiembre la DGIRA emitió un oficio en el que comunicaba que la solicitud de consulta pública había cumplido con el requisito de tiempo y forma. Sin embargo, dejó pasar los plazos previstos para la celebración de la reunión pública de información, por lo que «llevó a cabo una simulación de consulta sin dar información accesible a la comunidad», consideró el colectivo Ma’alob Cuxta.
A la par, aún sin la Manifestación de Impacto Ambiental aprobada, el titular de la Secretaría de Fomento Económico de Yucatán, Ernesto Herrera Novelo, informó a la prensa local que habían hablado vía telefónica con directivos de Iberdrola y que tenían la entidad «en el radar» por la facilidad de acceso al agua.
«¿Hay un acuerdo entre Iberdrola y el Secretario de Fomento Económico en la lógica del dinero? Esas son nuestras autoridades que privatizan los beneficios y socializan los efectos, que pongan la planta en su club de golf, por qué siempre en comunidades indígenas», cuestionó un integrante del colectivo maya
