La OCDE apuntó que la corrupción también limita el acceso justo y equitativo a los servicios públicos, tales como la educación y salud, «que son cruciales para ofrecer oportunidades de movilidad social». México es el país peor evaluado entre los integrantes del organismo internacional, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2016.
Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).– La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó auditar la declaración de impuestos, patrimonial e intereses de los funcionarios y políticos mexicanos si se busca abatir la corrupción y generar confianza en el Gobierno.
La percepción sobre que México es un país corrupto va en aumento y es el país peor calificado en este rubro entre los países que conforman la OCDE, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 (IPC), dado a conocer el pasado mes de enero.
El informe realizado por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional señala que México obtuvo una puntuación de 30 en una escala que va de 0 a 100, donde “0” es el país peor evaluado en corrupción y “100” es el mejor evaluado en la materia. La calificación de este año es cinco puntos menor que la de la medición anterior.
Esta calificación ubicó a nuestro país en la posición 123 de 176 países calificados, solo superada en Latinoamérica por Venezuela (posición 166), Haití (159.20 puntos), Guatemala (136 puntos). Y empatada con Paraguay y Honduras, compartiendo la 123 posición (30 puntos).
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En el “Análisis de la OCDE de la honestidad en México” aseguró que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida «Ley 3de3», reforzará la rendición de cuentas. Sin embargo, señaló que se podría fortalecer la estrategia y las directrices de la manera en que dicha información será verificada y auditada de manera consistente en todo el sector público.
«El Gobierno de México debe, por lo tanto, adoptar un enfoque basado en el riesgo al auditar estas declaraciones, según la vulnerabilidad a la corrupción y otras ‘banderas rojas’ que indiquen un mayor riesgo», apuntó en su apartado de conclusiones y recomendaciones a México.
Sumado a ello, refirió que «se debe de garantizar que existan sistemas de información enlazados que permitan una adecuada validación de la información».
Respecto al conflicto de interés de los funcionarios mexicanos señaló que la Secretaría de la Función Pública (SFP) podría «comunicar claramente que, a pesar de los nuevos requisitos de declaraciones, permanece en los funcionarios públicos la responsabilidad de informar proactivamente y resolver, cuando surjan, situaciones de conflicto de intereses, reales, potenciales y aparentes, en concertación con sus oficinas de gestión y control interno.
Y recomendó que «las actuales políticas y lineamientos de conflictos de interés, que incluyen cartas de notificación, podrían ser complementados por recordatorios más frecuentes y reforzados por capacitación intensificada».
El organismo presidido por José Ángel Gurría también recomendó fortalecer la protección a quienes denuncien actos de corrupción. Señaló que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas «existe muy poca protección contra represalias en caso de ser divulgada la identidad del denunciante, y hay una gran incertidumbre en cuanto a la manera en que serían aplicadas las medidas de protección previstas actualmente en la ley mexicana».
Por ello llamó a prohibir específicamente el despido o cualquier otra sanción a denunciantes sin causa válida, justificada mediante un debido proceso, si la información reportada puede razonablemente ser considerada como verídica en el momento en que fue revelada (es decir, si se considera que la denuncia fue hecha «de buena fe»).
También pide a México considerar la posibilidad de trasladar al empleador la carga legal de la prueba que demuestre que ninguna sanción ejercida contra un denunciante, posterior a la divulgación de una irregularidad, se encuentra relacionada con dicha divulgación e imponer sanciones a quienes ejerzan represalias contra los mismos y en caso de que hayan sido separados de su cargo pidió que exista una reparación.
Otras de las recomendaciones hecha por el organismo internacional es que la Secretaría de la Función Pública (SFP) se enfoque «en mejorar y ampliar lineamientos sobre la manera en que funcionarios de adquisiciones pueden y deben reaccionar cuando enfrentan dilemas éticos típicos y situaciones de conflicto de intereses en los procesos de licitación pública».
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El informe apuntó también que en caso de tener éxito, los nuevos sistemas anticorrupción en México, nacionales y locales, pueden contribuir a resolver gran parte de los principales retos sociales y económicos que México enfrenta.
«En primer lugar, al combatir más eficazmente la corrupción, las reformas pueden restablecer la confianza en las instituciones públicas y coadyuvar a una gobernanza más eficaz».
La OCDE apuntó que la corrupción agrava las disparidades sociales y económicas, al permitir que la influencia indebida de intereses especiales capture el ciclo de las políticas públicas y reduzca la capacidad de respuesta y la eficacia de las mismas, especialmente en detrimento de grupos marginados.
«La corrupción también limita el acceso justo y equitativo a los servicios públicos, tales como la educación y salud, que son cruciales para ofrecer oportunidades de movilidad social», concluyó.
