El Gobierno federal aseguró que el informe de la ONU se «limita a abordar cuestiones» que ya fueron resaltadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), «cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes».
México, 15 mar (EFE).- El reciente informe de la ONU que denuncia que al menos 34 detenidos por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron torturados «no sustenta» dichas acusaciones ni aporta «elementos nuevos» para avanzar en el caso, indicó hoy el Gobierno de México.
En un comunicado, el Gobierno de México señala que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) omitió en su reporte, presentado hoy, «información relevante» que consta en los expedientes del caso, donde se explica que las pruebas periciales obtenidas se hicieron siguiendo «los más altos estándares».
«Las investigaciones en marcha y pruebas en dichos expedientes aportan indicios que no sustentan las conclusiones a las que arriba el informe», consideró el Gobierno federal.
La investigación de Naciones Unidas, basada en análisis forenses y entrevistas con personas implicadas -detenidos, testigos y autoridades-, concluye que hay evidencias de que 34 personas fueron torturadas.
En el escrito, el Gobierno mexicano dijo hoy estar preocupado «de manera especial» porque el informe «arroja conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación, o que se encuentran bajo análisis del poder judicial».
Explicó que el informe se «limita a abordar cuestiones» que ya fueron resaltadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), «cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes».
Según el comunicado, en varias reuniones con esta oficina de las Naciones Unidas, el Gobierno de México compartió «consideraciones y puntualizaciones importantes» sobre el contenido del reporte, tanto por su «metodología» como por los «vacíos de información» que contiene.
El Gobierno aseveró que varios casos han sido analizados y sometidos bajo el Protocolo de Estambul, que no ha acreditado «la comisión de tales actos (de tortura), salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente».
El Gobierno «reafirma su determinación por esclarecer plenamente el caso», concluyó.
Además, el Ejecutivo atiende el mecanismo de seguimiento al caso, y la investigación del mismo constituye un «esfuerzo sin precedentes».
El representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab, dijo que en las investigaciones de las denuncias por tortura «la respuesta del Estado se ha centrado principalmente en la práctica de Protocolos de Estambul», con «tan solo dos dictámenes positivos» confirmando la existencia de este delito.
No obstante, Jarab recordó que tanto instituciones internacionales como el relator especial sobre la tortura Juan Méndez han expresado sus preocupaciones por «la forma incorrecta de utilización del Protocolo de Estambul» en el país, empleado «como instrumento único».
Realmente, este ha de ser utilizado en el contexto de «otras pruebas y fuentes», por lo que «un resultado negativo no significa necesariamente la ausencia de tortura».
Según la versión oficial, en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías corruptos arrestaron en Iguala a los estudiantes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.
Pero padres y organismos internacionales denunciaron irregularidades en las pesquisas y pidieron que se abrieran nuevas líneas de investigación.
