La Fiscalía General de la República fue señalada por abrir tres investigaciones en contra de la defensa de una imputada, puesto que la ONU y el Instituto Federal de la Defensoría Pública indicaron que el Gobierno no debe de obstaculizar el derecho a una defensa adecuada.
Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).– La Defensoría Pública Federal y las Naciones Unidas condenaron que la Fiscalía General de la República (FGR) persiga a defensores de derechos humanos, esto después de que se diera a conocer que la institución dirigida por Alejandro Gertz Manero abrió tres investigaciones en contra de la defensa de Brenda Quevedo Cruz, presa desde 2007 por el presunto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda.
El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) recordó que el Estado no debe de obstaculizar el trabajo de personas defensoras, como ha sido establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y por estándares internacionales.
«El #IFDP reitera la importancia de que se garantice el derecho a una defensa adecuada, sin que esta sea obstaculizada o que se generen climas hostiles hacia defensoras y defensores públicos. Seguiremos trabajando por el acceso a la justicia para las personas más vulnerables», escribió la organización en Twitter.
?El #IFDP reitera la importancia de que se garantice el derecho a una defensa adecuada, sin que esta sea obstaculizada o que se generen climas hostiles hacia defensoras y defensores públicos. Seguiremos trabajando por el acceso a la justicia para las personas más vulnerables. pic.twitter.com/jt0BxaAW77
— Defensoría Pública Federal (@defensoriaifdp) February 15, 2022
Por su parte, la ONU declaró en redes sociales: «El derecho a la defensa adecuada de las personas acusadas de un delito es una garantía fundamental ampliamente reconocida por el derecho internacional de los #DDHH. Para ser efectiva, dicha defensa debe realizarse sin interferencias, obstaculizaciones o acciones indebidas».
El derecho a la defensa adecuada de las personas acusadas de un delito es una garantía fundamental ampliamente reconocida por el derecho internacional de los #DDHH. Para ser efectiva, dicha defensa debe realizarse sin interferencias, obstaculizaciones o acciones indebidas. https://t.co/NzWfR92IXW
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) February 16, 2022
Instituciones federales ya han sido señaladas en ocasiones anteriores por perseguir e investigar a defensores de derechos humanos. La extinta Procuraduría General de la República (PGR) había abierto investigaciones entre 2015 y 2016 en contra de la defensora de los derechos de personas migrantes Ana Lorena Delgadillo, la antropóloga forense Mercedes Doretti, y la periodista Marcela Turati. A la fecha, la ahora Fiscalía no ha aclarado si las investigaciones continúan.
El pasado 18 de noviembre, organizaciones defensoras de derechos humanos externaron su preocupación por la “persecución y criminalización” en contra de José Martínez Cruz por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien habría buscado iniciarle procesos penales y administrativos.
