De 1994, antes de la Reforma Energética, al 2015 la CRE registra más de 400 empresas con permisos vigentes para generar su propia electricidad, entre ellas Telmex, Palacio de Hierro, Kimberly-Clark, Bimbo, Ford… Sin embargo, la iniciativa para reformar la Ley Eléctrica pretende revocarlos si se obtuvieron mediante «fraude», ya que se han detectado «sociedades distorsionadas» que afectan a la CFE.
Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).– La iniciativa propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de la Industria Eléctrica (2014) propone, entre otros puntos, revocar los permisos para autoabastecimiento otorgados a empresas con la capacidad de generar su propia energía para sus procesos de producción, solo en los casos en que hayan sido obtenidos «mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley».
De 1994 al año 2015, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) registra más de 400 permisos vigentes de esta figura en su mayoría del sector energético como Iberdrola, aunque también destacan compañías de magnates como Telmex (Carlos Slim Helú), Palacio de Hierro (Alberto Bailléres González), Altos Hornos de México (Alonso Ancira, en proceso judicial) y Kimberly-Clark de México (Claudio X. González). También son permisionarias Cervecería Cuauhtémoc, Tiendas Soriana, Nestlé México, Bridgestone de México, Cargill de México, Kraft Foods, Laboratorios PISA, Bimbo, Ford Motor, Médica Sur, Panasonic México, Sabritas, Grupo Posadas, Kellog’s, Mabe, BioPappel, Grupo Gamesa, Sony México y Coppel, entre otras como muestra la tabla.
«Los permisos de autoabastecimiento se crearon previo a la Reforma Energética con la entrada en vigor de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en los noventa. Los requisitos son que solo sea para consumo propio y, en caso de que existan sobrantes, se vendan a la Comisión Federal de Electricidad. Es una fórmula ganar-ganar, porque la CFE no tenía la capacidad para suministrar el servicio eléctrico a todos los actores en el país. Reduce costos de generación al emplear tecnología eficiente, lo que hace a las compañías más competitivas y la CFE en tanto se puede enfocar en garantizar el servicio a otros sectores», expuso el analista energético Arturo Carranza sobre la iniciativa que la Cámara de Diputados tiene hasta inicios de marzo para votar.
Sin embargo, agregó el especialista, conforme la figura fue creciendo se fue cayendo en «algunas distorsiones», que la reforma a la Ley Eléctrica busca revisar y ordenar. «Muchas empresas empezaron a asociarse con otras empresas que reciben beneficios de energía más barata. Son sociedades simuladas o ficticias que generan un mercado de electricidad paralelo y por ende pérdida para la CFE del mercado industrial , un segmento que compra grandes volúmenes», dijo. «La autoridad energética revisará que sean sociedades constituidas legalmente. Si no, las cancelará. Pero debe ser muy cuidadosa porque puede caer en el riesgo de generalizar a todos los permisos, lo que afectará los derechos de la iniciativa privada».
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) calcula que el sector privado ha invertido para autoabastecimiento alrededor de 16 mil millones de dólares. Pero, en dado caso de revocar los permisos, estas empresas deberán comprar energía a la CFE, lo cual se traducirá en un incremento en sus costos de producción y –si no se respeta la presunción de inocencia– en una afectación a la certidumbre jurídica de los inversionistas.
El jueves, Miguel Santiago Reyes Hernández, Director General de CFEnergía, expuso ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados que la iniciativa no pretende regresar a la CFE a una situación de «empresa única», sino brindarle un piso parejo para competir y expuso las prácticas desleales de comercio derivadas de la Reforma Energética, por lo que se propone la «eliminación de la simulación y fraude a la ley amparados bajo el régimen de autobasto». Por los subsidios, inflación, tipo de cambio y reglas de despacho, dijo, el daño actual a la CFE asciende a 412 mil 410 millones de pesos. Solo a Iberdrola se le han subsidiado más de 56 mil millones por el proyecto eólico de La Venta en Oaxaca.
Ante los señalamientos de la inconstitucionalidad de la medida y la posible violación al T-MEC, el Presidente López Obrador ha dicho que las empresas en riesgo están en su derecho de ampararse, pero el Gobierno federal que encabeza «defenderá» la industria eléctrica nacional, porque con su privatización «se benefició a empresas extranjeras y hubo corrupción; estos empresarios hicieron su agosto», afirmó por el caso de puerta giratoria en Iberdrola.
Esta empresa española llegó a México en la década de los noventa, pero despegó durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, al convertirse en la principal generadora de energía eléctrica privada en México mediante contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mientras el mandatario panista extinguió la Compañía de Luz y Fuerza. En julio de 2016, incorporó al Consejo de Administración de su filial en Estados Unidos, Avangrid, al expresidente Felipe Calderón; y Georgina Yamilet Kessel Martínez, exsecretaria de Energía, expresidenta del Consejo de Administración de Pemex y de la Junta de Gobierno de la CFE, se integró como vocal en el Consejo de Administración de Iberdrola España en 2013.
¿Y EL MERCADO MAYORISTA?
La iniciativa para reformar la Ley Eléctrica también propone modificar la prioridad del orden del mecanismo de despacho (qué energía subir primero a la red eléctrica), actualmente operado por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) con un criterio de eficiencia y economía. El reajuste de apostar esta vez al criterio de confiabilidad obstaculizaría a las más de 100 empresas generadoras que participan en el Mercado Eléctrico Mayorista, entre ellas, de energías eólicas y solares, las más baratas y menos contaminantes.
El especialista energético Arturo Carranza observó que entre los diferentes generadores actualmente se prioriza a las tecnologías más eficientes con costos variables más bajos: renovables, seguidas del ciclo combinado (con gas natural) y luego se suben a la red la de termoeléctricas (carbón, combustóleo o diésel, más caros y más contaminantes), ya sea privadas o de la CFE.
Pero la iniciativa con carácter de preferente pretende reformar el artículo XX para anteponer en el despacho a las centrales generadoras de la CFE. En primer lugar a las hidroeléctricas, en segundo a las demás centrales de la empresa pública, posteriormente a la energía eólica y solar de los particulares, y finalmente a las centrales de ciclo combinado (con gas y otro de vapor) de particulares.
No obstante, como las centrales hidroeléctricas solo producen un 10 por ciento del total, las principales beneficiadas serían las plantas más contaminantes de la CFE, que generan energía eléctrica a partir de combustóleo y carbón, lo que tendría implicaciones ambientales alejando al país de sus obligaciones de la Ley de Transición y del Acuerdo de París.
«La autoridad argumenta que los proyectos de renovables estresan a la red eléctrica por ser intermitentes. Pero si el objetivo es no generar apagones, lo urgente no es pensar qué despachar primero, si las más baratas o las más confiables, sino invertir para modernizar y fortalecer toda la red eléctrica para hacerla eficiente, pues data del siglo pasado. ¡No pelearse!», dijo Carranza.
En la misma línea, el IMCO analizó que pasar de un modelo basado en criterios de eficiencia económica a un modelo donde se despache primero a las centrales hidroeléctricas, seguido por las demás plantas de la CFE –independientemente de sus costos de generación–, significa que el criterio de costos y eficiencia deja de existir.
«Esto elimina cualquier incentivo para la inversión privada en proyectos de generación, acabando en los hechos con el Mercado Eléctrico Mayorista, con efectos para los consumidores que terminarán pagando el incremento en los costos del sistema ya sea a través de su factura eléctrica o a través de sus impuestos», determinó en un informe.
