El Gobierno de Baja California debe 2 mil 300 millones de pesos a los bancos HSBC y Banorte por concepto de préstamos a corto plazo. De estos empréstitos, un total de 13 fueron solicitados durante 2017 y 2018, lo que para el economista Roberto Valero Berrospe es un ejemplo de la desastrosa administración estatal y ve poco probable que se puedan cubrir con estos compromisos tres meses antes de terminar la administración. Los muchos préstamos a corto plazo afectaron la viabilidad de pagos del Gobierno que encabeza el panista «Kiko» Vega ante las certificadoras financieras.
Por Eduardo Villa Lugo
Tijuana, 15 de febrero (Zeta/SinEmbargo).- La crisis financiera de Baja California no es una sorpresa; se veía venir. En los últimos dos años el Gobierno del estado, encabezado por Francisco Vega de Lamadrid, solicitó un total de trece préstamos a corto plazo para solventar los compromisos financieros inmediatos que presentaba la administración.
Por tratarse de préstamos a cubrirse en un año no era necesaria la aprobación del Poder Legislativo, lo que dio carta abierta para el endeudamiento, siempre y cuando no se excediera el 6 por ciento del recurso asignado en la Ley de Ingresos vigente.
Los empréstitos van de los 40 a los mil 500 millones de pesos y en total se habrían pedido más de 6 mil millones. Sin embargo, entre abonos y múltiples reestructuraciones de la deuda, a diciembre del 2018 quedaba pendiente por cubrir un monto de 2 mil 300 millones de pesos, según comentó el secretario de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz, durante la comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado.
La única justificación que presentó el Gobierno del estado es que tiene “deficiencias de liquidez de carácter temporal”, lo que sugiere que se utilizó para cubrir gasto corriente, según comentó el académico Roberto Valero Berrospe, quien agregó que el Ejecutivo federal otorgó de 2014 a 2018 alrededor de 98 mil millones de pesos en montos extraordinarios, cuyo destino resulta incierto.
Como consecuencia, agencias calificadoras como Fitch Ratings, HR Ratings y Moody´s Investors Services, bajaron la calificación crediticia de Baja California de manera consecutiva en los últimos tres años, algo que nunca había ocurrido.
El argumento presentado por dichas instituciones es el mismo: el uso continuo de financiamiento a corto plazo. La situación ha llegado a tal grado empresas como Santander, Citibanamex y BBVA Bancomer, han rechazado invitaciones de financiamiento, lo que vuelve aún más complicada la posibilidad de sacar adelante los compromisos inmediatos.
ZETA solicitó una entrevista con el secretario de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz, pero no se recibió respuesta. Ante ello, se buscó una reacción oficial del secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, quien aseguró que pese a la situación financiera compleja, los préstamos a corto plazo serán cubiertos antes de culminar la administración, aunque no pudo especificar los mecanismos que se utilizarán para ello ni las fechas.
LOS PRÉSTAMOS
La presunción del Alcalde Gustavo Sánchez Vásquez es que, pese a la complicada situación financiera municipal, sólo ha requerido un préstamo a corto plazo, mismo que se cubrió antes de tiempo. En contraparte, el gobernador ha requerido trece préstamos en el mismo periodo, los cuales han sido utilizados para cubrir la falta de liquidez temporal. Es decir, no tienen dinero para cubrir necesidades inmediatas pese a que dicho recurso se encuentra presupuestado.
Las únicas empresas que han respaldado al Gobierno del estado en estos dos años son Banorte y HSBC, la primera –cuya presidencia está a cargo de Carlos Hank González-–es la favorita del Ejecutivo local para solicitar empréstitos, entre ellos uno de mil 520 millones de pesos realizado el 2 de junio de 2017.
El primero de estos corrió por cuenta de HSBC el 19 de mayo de 2017, el cual fue de 750 millones de pesos y cuya expiración era de 365 días. El argumento –al igual que los otros 12– es que presentaban “deficiencias de liquidez de carácter temporal”.
No había pasado ni un mes cuando se requirió a Banorte un segundo préstamo de mil 520 millones de pesos, el cual vencía justo al año siguiente. Con esa suma, se cubrió la primera deuda y se obtuvo recurso para cubrir con complicaciones financieras, pues la Ley de Disciplina Financiera sólo permite endeudarse por ese concepto menos del 6 por ciento de lo estipulado en la Ley de Ingresos, lo que representaba un monto de 2 mil millones 682 mil 825 940.08 pesos.
Cuatro meses después, el 23 de octubre, se requirió a HSBC otro endeudamiento por 300 millones de pesos, bajo el mismo concepto, y el 11 de noviembre se solicitó un nuevo préstamo por 211 millones de pesos.
El 4 de diciembre del mismo año, el Estado nuevamente refinanció la deuda al solicitar 277 millones de pesos. En ambos casos, Banorte rescató al Gobierno de Vega.
Para el año siguiente, el Gobierno de BC recibió una gran noticia para sus intenciones de préstamo, pues debido al incremento presupuestal de 2018, el tope de financiamiento llegó a 3 mil 006 millones 958 mil 960 pesos, lo que fue aprovechado desde el 5 de enero, pues adquirió otro compromiso a corto plazo por 660 millones de pesos, argumentando la misma falta de liquidez.
El 26 de marzo de 2018 solicitó otros 600 millones más a HSBC y nuevamente se endeudó el 16 de mayo por 306 millones de pesos. Los dos contratos vencían al año siguiente.
Menos de 30 días después del último préstamo, el19 de julio de 2018, adquirieron un nuevo compromiso por 625 millones de pesos, con fecha de vencimiento del 18 de julio de 2019; el 7 de agosto volvieron a solicitar los servicios de Banorte para cubrir con sus adeudos inmediatos. El monto en esta ocasión fue de 625 millones de pesos y con un interés de 1.5 por ciento, una cifra ligeramente superior al 1.15 de los anteriores.
Otros dos préstamos se realizaron los días 3 y 16 de octubre, cuando formalmente la crisis financiera se evidenció formalmente, pues el sector magisterial y el Poder Judicial comenzaron a resentir la falta de pago, tanto en maestros jubilados como en los recursos destinados al gasto corriente. Los montos fueron de 300 y 40 millones de pesos, respectivamente.
Para noviembre, las instituciones públicas comenzaron a paralizarse y resentir la falta de liquidez para cubrir con compromisos básicos.
El último préstamo solicitado en 2018 se otorgó el 27 de diciembre, el cual nuevamente fue cubierto por Banorte. Se trata de un crédito simple sin garantía otorgado por 618 millones 400 mil pesos, con lo que se presume cubrió gran parte de los pendientes que tenía la administración.
Los tres últimos créditos serán cubiertos el último día de julio, según documentos signados en poder de ZETA.
CALIFICADORAS CASTIGARON A “KIKO”: VALERO
Los constantes préstamos a corto plazo solicitados por el Gobierno del Estado llamaron la atención de las agencias calificadoras que durante tres años bajaron su nivel crediticio de manera consecutiva, al grado de considerarlo un Estado con riesgo de impago.
Para el académico Roberto Valero Berrospe, esto es una consecuencia de la mala administración pública, derivada del excesivo uso de esta figura para cubrir gasto corriente, principalmente.
El argumento de Fitch Ratings, HR Ratings y Moody´s Investors Services, es el mismo: “mayores riesgos asociados con el pago de la deuda de corto plazo, la cual deberá liquidarse antes del próximo cambio administrativo de 2019”.
Aunque Fitch Ratings reconoce que durante los últimos años no se ha incrementado la deuda pública, afirman que hay un severo deterioro ante el excesivo uso de esos financiamientos cortos. Por su parte, Moody´s reconocían que la deuda corta alcanzaría el 5% de la Ley de Ingresos, lo que resulta preocupante debido a que este año culminaría la administración.
Por su parte, HR Ratings indica que el presupuesto estatal se ha incrementado, pero también el gasto corriente, además que se piden préstamos y no se cubren compromisos preocupantes, como el adeudo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado y Municipios de Baja California (Issstecali), que incrementó de forma sustancial durante esta administración.
Valero Berrospe aseveró que sólo se entendería un endeudamiento de esta naturaleza si se viviera una crisis como la de 2008, donde se desplomó la recaudación, pero en estas condiciones no hay argumento que no sea una pésima administración pública, o bien, que hay dinero perdido.
Esto coincide con la calificación otorgada por la Confederación Patronal de la República Mexicana, la cual a través de su presidente, Gustavo de Hoyos, afirmó que Baja California se encuentra en “números rojos”.
“Tenemos un indicador (de deuda) con las entidades federativas, en Baja California el tamaño y composición está en semáforo rojo, en máxima alerta. Sabemos que el Gobernador y su equipo está haciendo gestiones que tradicionalmente se entregaban”.
Si bien De Hoyos respalda la afirmación del Gobernador sobre la falta de recursos extraordinarios, Valero Berrospe asegura que durante toda la administración la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha otorgado un total de 98 mil millones por conceptos extraordinarios para la entidad, y que sólo en el cierre del año se le facilitaron 2 mil 055 millones de pesos, según documentos de la misma dependencia federal.
ESTADO FUE OMISO; DEBIÓ PREVENIRLO: ROVIROSA
El ex presidente del Colegio de Economistas, Enrique Rovirosa, es claro al decir que, aunque el Gobierno federal no hubiera entregado recursos extraordinarios en los últimos años, el Estado debió prever esta situación y establecer un plan para contener el gasto.
Si bien considera que aún se encuentra dentro de los márgenes de la legalidad, pues ningún compromiso se ha firmado posterior al término de la administración, ve difícil que puedan cumplir con las responsabilidades sin hacer un plan severo, ya que en 2018 se presentó una situación lamentable que prácticamente “paralizó” al Estado.
“Era obligación de la administración estatal al año siguiente que se fuera a repetir esta situación y para ello debería tomar medidas de austeridad para evitar que ocurriera lo del año siguiente. No solamente no lo hace, sino que continúa y se acumulan cuatro años donde se tienen déficit acumulados por 4 mil y pico millones, entonces la pregunta es ¿qué pasó?”, dijo el economista que estima que estos “huecos” se cubrieran vía empréstitos.
Rovirosa consideró que los bancos tomaron grandes riesgos para prestarle dinero al Gobierno con fechas de vencimiento del último día de la administración estatal, pues podrían simplemente no cubrirse por la falta de liquidez.
Según el Artículo 32 de la Ley de Disciplina Financiera, los préstamos a corto plazo no podrán ser objeto de refinanciamiento o reestructura a plazos mayores a un año, lo que prácticamente imposibilita la propuesta del Secretario de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz, de reestructurar la deuda para hacerla a largo plazo, tal y como lo dijo durante la comparecencia de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal de 2019.
Jorge Núñez, Diputado local, afirmó que la situación financiera de Baja California se encuentra en un escenario muy grave, pues no sólo es el endeudamiento corto, sino los compromisos como las Asociaciones Público Privadas, el C5I, la deuda pública, además del déficit generado por la falta de pago a otras instituciones públicas.
Es por ello que revisarán esta situación, pues por ser préstamos cortos no están obligados a pasarlos al Congreso, lo que provocó que adquirieran muchos compromisos que deben cubrir tres meses antes de terminar la administración.
