La Suprema Corte emitirá una sentencia sobre un amparo interpuesto en 2016 contra las fallas en la evaluación ambiental aprobada por la Semarnat para la ampliación del Puerto de Veracruz, una obra que ya opera su primera fase a costa del sistema arrecifal, una área protegida que provee de alimento y protección contra tormentas.
Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).– Dos veracruzanas acudieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con un amparo interpuesto en 2016 por las irregularidades en la evaluación de impacto ambiental, aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) en 2013, para la ampliación del Puerto de Veracruz, un proyecto que está dañando al Sistema Arrecifal Veracruzano, una Área Natural Protegida y sitio ramsar clave para la alimentación, economía local, recreación y protección contra tormentas o huracanes.
Este proyecto transexenal, que ofrece cuadruplicar la movilización de mercancía a 95 millones de toneladas al año y generar 40 mil empleos directos para 2024, se suma a la modernización del Puerto de Coatzacoalcos para el Corredor Interoceánico del Istmo que también se ubica en parte de los 600 kilómetros del corredor arrecifal del suroeste del Golfo de México.
«[Si la Corte falla a favor], la Semarnat tiene que volver a evaluar de manera completa el proyecto para saber cuál es el riesgo, y sobre el riesgo poder determinar las mejores medidas que puedan proteger a las personas, a los arrecifes y a los ecosistemas. Ya hay arrecifes sepultados», dijo el abogado Xavier Martínez Esponda del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) que apoyó en la demanda.
La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el CEMDA, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) y Earthjustice pidieron a los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte votar a favor del derecho al medio ambiente sano y solicitar a las autoridades ambientales reparar los daños a los arrecifes coralinos.
El proyecto de sentencia del Ministro José Luis Alcántara Carrancá que revisa el amparo 317/2016 sería votado en la Primera Sala de la Corte el miércoles pasado, pero se pospuso luego de recibir escritos legales por parte de las organizaciones para justificar que sea aprobado.
Plantea que los habitantes del área metropolitana de Veracruz acreditan «un interés legítimo» para promover el juicio de amparo para proteger los arrecifes, y expone que las autoridades ambientales violaron el derecho al medio ambiente sano al autorizar la ampliación del Puerto sin evaluarlo de manera integral con información científica.
«La gente que vive en Veracruz-Medellín-Boca del Río y alrededores dependen directamente de los servicios ambientales que brinda el sistema arrecifal, que van desde la protección ante tormentas —justo estamos en temporada de nortes—, provisión de alimentos y recreación en playas y buceo. La ciudad de Veracruz está por los arrecifes, pero están lastimados», destacó el abogado Martínez.
EL PERMISO AMBIENTAL FRAGMENTADO
El 29 de noviembre de 2012 la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) excluyó a la bahía de Vergara del polígono de este Sistema Arrecifal Veracruzano con 28 formaciones arrecifales, hogar de especies en riesgo y de las cuales los pescadores obtienen pulpo, almeja y huachinango, «una desatinada decisión muy controvertida que no respondió a una lógica ecológica, sino para que el Puerto tuviera el espacio», dijo el abogado ambiental Xavier Martínez.
Al año siguiente, el 13 de noviembre de 2013, la Semarnat aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la ampliación al norte y en 2014 iniciaron las obras en dicha bahía del Golfo de México. Pero el CEMDA documentó que entre 2006 y 2014 la Administración Portuaria Integral de Veracruz (de la SCT) solicitó y obtuvo 14 autorizaciones de impacto ambiental para obras complementarias como carreteras, puentes o vías ferroviarias.
Por ello el amparo presentado en diciembre de 2016 argumenta que el proyecto de impacto ambiental está «fragmentado» y no se consideraron las obras previas ni información científica sobre todos los arrecifes, incluyendo los descubiertos a más profundidad (incluso 30 metros) en 2016 por la Universidad Veracruzana como «La Loma», ubicado dentro del polígono del parque marino nacional.
«Si se fragmenta la MIA no hay manera de medir el riesgo ni los impactos acumulativos. La decisión que tomó la autoridad ambiental no mide el riesgo verdadero», explicó el abogado de CEMDA. «Para hacer el Puerto, el Gobierno mexicano estuvo dispuesto a dar permisos que afectaban a los ecosistemas prioritarios y sujetos a un régimen de protección».
En abril del 2017, cuando aún no se concluía la primera fase del proyecto, el Juzgado de Distrito negó la suspensión de las obras de ampliación del Puerto al considerar que los quejosos residentes no demostraron tener “una afectación real y relevante” en sus derechos al medio ambiente sano y argumentó que la obra generaba desarrollo. Los demandantes apelaron esa decisión y la Suprema Corte decidió atraer el caso en febrero de 2021, dos años después de concluida la primera etapa.
DAÑOS A ARRECIFES
Días antes antes de concluir el Gobierno de Enrique Peña Nieto en 2018, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entregó la primera fase que implicó una inversión público-privada de 31 mil millones de pesos para la construcción del canal de navegación interno, un rompeolas de más de cuatro kilómetros, el más largo de Latinoamérica, cinco terminales para contenedores, fluidos, granel agrícola y mineral, y así casi triplicar la movilización de carga de 24 millones a 66 millones de toneladas anuales.
La Asociación del Sistema Portuario Nacional Veracruz (antes Apiver, ahora de la Secretaría de Marina) tiene el pendiente de concluir para 2024 la segunda fase de ampliación del Puerto que contempla el libramiento ferroviario Santa Fe y una nueva aduana para movilizar 95 millones de toneladas al año y con ello ser más grande que los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas en conjunto.
Pero en el marco del calentamiento de los océanos y blanqueamiento de corales, la organización CEMDA ha observado que se sepultaron arrecifes, hay extracción de material y detectó la modificación de las corrientes de norte a sur, lo que ha provocado la sedimentación de los arrecifes que están al centro y sur del parque marino nacional.
«Estamos hablando de daños ambientales algunos visibles en el corto plazo y otros se tardarán en manifestarse. Algo evidente: la sepultura de varios arrecifes como Punta Gorda y parte del arrecife de Gallega por la construcción de 14 kilómetros de las escolleras (barreras de piedra para proteger a los barcos)», puntualizó el abogado del CEMDA, Xavier Martínez. «Es un lujo que no nos podemos dar».
Guillermo Zúñiga, abogado de Earthjustice, organización que envió el 3 de enero escritos legales a la SCJN para argumentar por qué debe votar a favor del amparo, expuso que un proyecto que destruye un sistema como el arrecifal coralino no tiene que desarrollarse si no cumple con las mínimas medidas de protección.
«Los arrecifes son elementos de la ecología marina que constituyen una protección importante ante eventos climáticos que son cada vez más frecuentes y más intensos. La región de Veracruz ya ha sufrido muchos estragos por huracanes», dijo.
Sandra Moguel, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), que también envió escritos legales a la Suprema Corte, destacó que la resolución abonará a otros juicios que se tienen en la región entorno al derecho a un medio ambiente sano y a la participación ciudadana en temas ambientales.
«El Sistema Arrecifal Veracruzano alberga la mayor biodiversidad de especies arrecifales del oeste de México y es hogar de muchas especies protegidas, particularmente la tortuga Carey. Este escrito rescata la relación de los demandantes con los servicios ambientales que reciben de los arrecifes por ser residente de la zona», dijo.
