El Subsecretario de Derechos Humanos de la Segob sostuvo que no hay elementos en el Informe del GIEI que sustenten un «borrón y cuenta nueva» en la investigación del caso Ayotzinapa.
Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– Al finalizar su ayuno de 43 horas, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa reafirmaron esta tarde su postura de realizar una unidad de investigación especializada integrada por diversos organismos para llevar a cabo la búsqueda de sus hijos y que deslinde responsabilidades de cualquier funcionario que haya interferido en el caso Iguala.
Los padres quieren que instancias internacionales participen en esa unidad.
A horas de que asistieran a una mesa de diálogo con el Presidente Enrique Peña Nieto, la cual consideraron no llegó a nada, los familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala hace un año aseguraron que no hay garantías y no confían en la Procuraduría General de la República (PGR).
«No podemos confiar en la SEIDO [ Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada] ni en la PGR, quienes se encargaron de fabricar la ‘verdad histórica’», comentó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de familia.
También rechazaron que las secretarías de la Defensa (Sedena) y de Marina (Semar) participen en esta nueva unidad, si es que se acepta.
Por su parte, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrán, sostuvo que “no habrá borrón y cuenta nueva” en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y precisó que la Fiscalía especial anunciada ayer por el presidente Enrique Peña Nieto será para atender los casos de todos los desaparecidos del país.
El Subsecretario dijo esta tarde que en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (GIEI-CIDH), “no hay nada que sustente un borrón y cuenta nueva, porque el mismo [informe] tiene puntos de coincidencia con la investigación que hizo el Ministerio Público”.
Reiteró incluso que el informe del Grupo de Expertos fortalece la investigación, más no contiene “pero nada que sustente un borrón y cuenta nueva”.
Precisó que se indagará el caso específico de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, la investigación no partirá de cero. «Si estamos discutiendo precisamente estos asuntos me parece que hay un avance. El énfasis está puesto en dos esquemas complementarios, uno tiene que ver con búsquedas colectivas y otro con búsqueda individual. Hay también posibilidad de conciliación en este asunto”, precisó.
Por otra parte, Vidulfo Rosales explicó que ellos piden una unidad de investigación especializada que sea integrada por expertos y organismos, en la cual haya fiscalización, monitoreo y cuente con la ayuda de los ExpertosIndependientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El representante legal de las familias de los 43 estudiantes aclaró que su propuestas es totalmente diferente a la fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas, que anunció ayer el Presidente Peña Nieto.
Respecto al tercer peritaje en la investigación del caso, los padres de familia pidieron que las autoridades integren al perito en incendios José Torero, experto de la CIDH que aseguró que en el basurero de Cocula, Guerrero, no fueron incinerados los 43 normalistas.
Finalmente, los familiares de las víctimas enfatizaron que «los seis puntos que anunció el Presidente no nos dice nada», así que llamaron a la sociedad civil a sumarse a la causa y convocaron a la manifestación «contra el olvido», que se realizará mañana sábado de Los Pinos al Zócalo de la Ciudad de México,.
En tanto, en un encuentro con medio internacionales, el subprocurador mexicano de Derechos Humanos, Eber Betanzos, dijo que la conclusión de que los 43 estudiantes desaparecidos hace un año en México fueron asesinados e incinerados «no es una verdad jurídica».
«La investigación siempre ha estado abierta», dijo Betanzos, aunque eludió señalar si fue un error de la Procuraduría General de la República haber presentado en noviembre como «verdad histórica» que los estudiantes habían sido asesinados y calcinados en un basurero.
Betanzos, acompañado en el encuentro con los corresponsales extranjeros por el subsecretario mexicano de Derechos Humanos, Roberto Campa, afirmó que «es el poder judicial de la federación el que establece las conclusiones».
«El estatus jurídico de los estudiantes es de desaparecidos, incluso de aquellos que tienen algún indicio de identificación. Hasta que el juez no determine lo conducente, el estatus continúa siendo de desaparecidos», dijo Betanzos.
Los familiares de los 43 se reunieron el jueves con el presidente Enrique Peña Nieto en vísperas de que mañana se cumpla un año de la desaparición de los 43 jóvenes, después de ser detenidos por policías municipales y entregados a un grupo criminal.
La reunión fue solicitada por las familias para pedir un replanteamiento de las investigaciones luego de que un equipo interdisciplinario de expertos independientes designado por la Comisión Intermericana de Derechos Humanos rechazara la conclusión oficial de que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero.
