Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).– La actual Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) provoca una sobrerregulación que desincentiva el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, propicia la corrupción e incluye una serie de vacíos legales, por eso debe ser reformada, sostiene Iván Zúñiga, miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) y especialista en temas forestales.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), México tiene una superficie forestal de 138 millones de hectáreas, correspondiente a un 70 por ciento del territorio. La LGDFS tiene por objeto «regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento» de estos ecosistemas y sus recursos, no obstante, el especialista explica que tiene vacíos, imprecisiones y preceptos que ya se han traducido en fuertes obstáculos y barreras para cumplir con su objetivo, provocando una grave crisis en el sector forestal.
«Las cifras oficiales no dejan duda de que el sector forestal se encuentra enfrentando una grave crisis debido a diversas razones, pero que en buena medida son resultado de una inadecuada regulación: en los últimos 10 años la producción maderable ha caído treinta por ciento, el déficit comercial de madera ha pasado de un superávit de 34 millones de dólares en 1994 a un déficit de 1,127 millones de dólares en 2014, además de que entre 2004 y 2009 cerraron al menos 95 unidades económicas de la industria forestal, como aserraderos y fábricas de laminados y aglutinados de madera», escribió en un artículo publicado este año.
Trámites burocráticos excesivos, corrupción, una inadecuada asignación de facultades sobre diferentes instancias involucradas en la materia y su consecuente descoordinación, e imprecisiones legales, son los factores que dan muestra de lo inadecuada de la regulación en el sector, explica.
«Uno de los muchos ejemplos es que en la última parte de la Ley se escribe que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) podrá imponer sanciones a propietarios de zonas forestales ‘cuando exista un riesgo de daño a los ecosistemas o especies amenazadas’, pero nunca define de forma específica qué es un riesgo de daño. Este vacío lo que provoca es que la autoridad, de manera discrecional, imponga sanciones a propietarios o productores forestales que no necesariamente están poniendo en riesgo un ecosistema o especie.
«Este tipo de vacíos y la discrecionalidad con la que es aplicada la ley abre la puerta a diferentes acciones de corrupción:», lamenta.
Para Zúñiga, la corrupción es un síntoma de la ineficiencia de la ley pues asegura que «hay casos en los cuales la autoridad cobra dinero para imponer sanciones menores o no poner sanciones, u obliga a los productores que quieren aprovechar los recursos a ir con despachos con los que están vinculados para facilitar los trámites.
«Por eso se necesita una regulación adecuada, una que garantice el debido aprovechamiento de los recursos», sostiene.
En abril pasado, después de que en 2013 y 2014, el Consejo Nacional Forestal (Conaf) y la organización Globe México, realizaran una revisión de la ley en conjunto con productores, comunidades, especialistas, organizaciones civiles (incluido el CCMSS) y funcionarios de Conafor y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); una nueva iniciativa fue turnada a la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara de Diputados para se discutida en el congreso.
«La iniciativa tiene como prioridad eliminar barrearas para que exista un verdadero desarrollo sustentable. Esta iniciativa tendría que ser la base para una discusión pública o para una nueva Ley», explica Zúñiga.
La idea, señala el especialista, es que debe promover un enfoque integral del territorio rural para detener la deforestación y degradación de los ecosistemas, fomentar el manejo comunitario y la competitividad del sector forestal y reducir tramitología propia de la burocracia, concluye.
