Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).– Familiares, víctimas y organizaciones sociales han reforzado sus reclamos debido a que, afirman, hasta el momento no han sido escuchadas por parte de las autoridades que están encargadas de crear la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por Particulares. A pesar que desde hace meses existen propuestas por parte de expertos en el tema quienes han pedido ser escuchados, sólo han recibido negativas o, peor aún, ha imperado la indiferencia, por parte de los diputados de la anterior legislatura y funcionarios de las Secretaría de Gobernación (Segob).
Los interesados aseguran que no se debe realizar una Ley desde los escritorios porque sino se redactará una legislación de «letra muerta», por ello más de 70 organizaciones y decenas de familiares entregaron su propuesta a los poderes Legislativo y Ejecutivo, con el fin que se garantices las principales demandas para que sean incorporadas en la redacción del proyecto.
Humberto Francisco Guerrero Rosales, coordinador de Derechos Humanos de Fundar Centro de Análisis e Investigación, dijo que no basta con que el Gobierno federal acepte el documento, sino lo que esperan las familias y los activistas es que se abra una mesa de trabajo permanente para la creación, aprobación y ejecución de la Ley.
«Las consultas que estaba realizando la Secretaría de Gobernación en realidad no respondían a las necesidades de participación efectiva que necesita la ciudadanía para la redacción de esta Ley. Algunas de las principales demandas que integra este documento son: una adecuada tipificación y distinción de dos tipos penales, por un lado la desaparición forzada de personas y por el otro la desaparición de personas por particulares, porque en nuestra realidad hay un gran número de desaparición de personas en las que elementos del estado se ven involucrados; otra demanda es un buen sistema nacional de búsqueda, que cuente con un registro único unificado», detalló Guerrero Rosales.
Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, lamentó que la propuesta de los expertos y de las víctimas de desaparición no haya sido escuchada todavía, pues «muchas de las veces las leyes se aplican o se hacen desde los escritorios y no puede ser así, mucho menos en este fenómeno de desaparición de personas, y justamente para que no sea letra muerta se tienen que crear los mecanismos e instituciones adecuadas».
«Es preocupante que las personas o familias afectadas por este fenómeno no hayan sido consultadas. Ninguna de las autoridades han consultado y entendido claramente el fenómeno de la desaparición. Ante este vacío, ante esta ausencia, es lo que define que familias y organizaciones hayamos elaborado esta propuesta para que esa voz sea escuchada ante el congreso de la Unión y ante los actores que tomarán las decisiones con respecto a esta Ley», dijo Quiroz Rendón.
«La Ley General de Víctimas establece que la participación es un derecho de las víctimas y constituye un principio orientador en la implementación de la ley y otras políticas públicas; por ello, esta iniciativa civil espera que en el proceso de elaboración de la Ley se generen mecanismos adecuados y efectivos para la participación de las familias y que la Ley aprobada garantice lo requerido por las víctimas y sus familias. Pedimos al ejecutivo que no recurra a su facultad para presentar una propuesta de ley preferente, que la ley le obliga a presentar al inicio de la legislatura, porque implicaría adelantarse al proceso de participación, consulta y propuesta de las familias de las personas desaparecidas, sobre los contenidos de la Ley», dice un fragmento del documento que se entregó la Segob y a representantes del Congreso de la Unión.
México está en los ojos del mundo luego que en el sexenio pasado la llamada «guerra contra el narco» provocara la desaparición de miles de personas y dejara decenas de miles de asesinatos violentos. Ahora, en la administración a cargo de Enrique Peña Nieto, el fenómeno de la desaparición forzada se adiciona como elemento clave la implicación de agentes del Estado, como es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
CALDERÓN, PEÑA Y LAS CIFRAS
Human Rights Watch (HRW) informó en 2013 que las fuerzas de seguridad de México han participado en numerosos casos de desaparición forzada. La organización encontró al menos 149 casos donde se involucra a instituciones del gobierno de Calderón Hinojosa y Peña Nieto.
“El Presidente Peña Nieto ha heredado una de las peores crisis en materia de desapariciones que se hayan producido en América Latina a lo largo de la historia”, consideró José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“A pesar de que su administración ha anunciado medidas importantes para asistir a las víctimas, todavía debe tomar los pasos necesarios para asegurar que los responsables de estos horribles crímenes sean llevados ante la justicia”, agregó el informe.
Durante los dos primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto desaparecieron o se extraviaron 9 mil 384 personas, 40 por ciento de los 23 mil 272 casos de “personas no localizadas”, oficialmente registradas entre enero de 2007 y octubre de 2014 por la Procuraduría General de la República (PGR).
Si se sumaran los casos no denunciados ante procuradurías locales, la cifra se elevaría a 17 personas desaparecidas diariamente, de acuerdo con la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem).
Sin embargo, las autoridades no han explicado cuántas de estas personas han sido víctimas de desaparición forzada o de sustracción por parte de particulares, y cuántas podrían estar en paradero desconocido por otros motivos. Tampoco se ha publicado información metodológica, por lo que a las organizaciones de la sociedad civil les resulta imposible analizar las cifras.
El 15 de febrero de 2013, la Junta de Gobierno de la entonces Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) clasificó por un periodo de 12 años el protocolo de búsqueda dado que su contenido “encuentra relación directa con temas de prevención y persecución de delitos, estrategia procesal e impartición de justicia”. Esa procuraduría se convirtió en Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y tiene 257 expedientes guardados y de los que le heredó el gobierno anterior, sólo ha desclasificado uno.
En febrero pasado, luego de las observaciones hechas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Gobierno mexicano, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), argumentó que en el país 22 entidades federativas “prevén en sus códigos penales el tipo penal de desaparición forzada de personas” y al menos cuatro estados cuentan con leyes especializadas en la materia.
Tras las recomendaciones de la ONU, el Senado de la República y la Cámara de Diputados aprobaron una reforma constitucional al artículo 73, otorgando facultad al Congreso para emitir una Ley general sobre desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley.
En aquel febrero, luego que el Estado mexicano admitiera ante la ONU la crisis en derechos humanos y anunciara una Ley General de Personas Desaparecidas, el Padre Alejandro Solalinde Guerra, activista a favor de los derechos de los migrantes, criticó el discurso de México ante la Organización de las Naciones Unidas y aseguró que no es la primera vez que el Estado acepta sus fallas; no obstante, “sigue sin hacer nada como en el caso de los migrantes”
“Después de esto [caso de Ayotzinapa], el Gobierno federal dice que ya va a tener un registro de desaparecidos. Después de esto, el Gobierno dice que ahora sí va a tener la Ley. Ustedes dense cuenta que sigue teniendo el mismo lenguaje del futuro que no llega, al rato va a salir con que no hay presupuesto, que no va a haber Ley secundaria”, expresó.
Y a pesar de las iniciativas y las leyes locales, las desapariciones no cesan. Ahora mismo, miles de personas están en busca de un familiar.
LEGISLACIÓN A NIVEL LOCAL
Actualmente 23 entidades federativas prevén en sus códigos el tipo penal de desaparición forzada de personas: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Otras cuatro entidades tienen leyes especiales Chiapas, Coahuila, Guerrero y Querétaro. Mientras que seis entidades carecen de un tipo penal específico: Baja California Sur, Estado de México, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.
No obstante, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o DesaparecidasLas (RNPED) detalla que las entidades federativas con mayor registro de “personas no localizadas” son: Tamaulipas con 5 mil 293; Jalisco, 2 mil 139; Estado de México, mil 730; Coahuila, con mil 428; Sinaloa, mil 39; Baja California con mil 157; Chihuahua, mil 145; Nuevo León con mil 138; y Guanajuato, mil 88.
Pérseo Quiroz Rendón, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México, aseguró que a pesar que a nivel local existan legislaciones y otros mecanismos para atender casos de desapariciones forzadas, éstas no cuentan con estándares internacionales para llevar las investigaciones de forma adecuada. Sumado a ello, el director de la organización internacional aseguró que no sirve de nada contar con leyes si a la hora que surge un caso como el de Ayotzinapa no son tomadas en cuenta.
“La mayoría de las legislaciones que tenemos en los estados carecen de la tipificación adecuada, entonces sí las tenemos pero no son del todo adecuadas. Por otra parte tenemos un problema fáctico, pues a pesar de tener legislaciones éstas se quedan durmiendo en el sueño de los justos. Estas leyes no han sido aplicadas, hay mucha deficiencia por parte de las personas encargadas de procurar la justicia, de consignar los casos como desapariciones forzadas; hay muchas barreras para el acceso a la justicia, hacia los familiares de personas desparecidas a pesar de lo que digan las leyes”, refirió Quiroz.
El pasado 15 de julio se aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada en Morelos. Familias víctimas de este fenómeno, acompañados por organizaciones civiles, dijeron que a pesar que se ha logrado un precedente con la legislación, pidieron a los tres órdenes de gobierno cumplir con el mecanismo para que no se convierta en letra muerta y en realidad se combata a este crimen que es considerado como de lesa humanidad.
Los familiares y activistas explicaron que temen que las autoridades no cumplan, puesto que en muchos casos de desaparición forzada funcionarios públicos han estado involucrados.
“Es el Estado el responsable de estas desapariciones forzadas. En ese sentido es importante hacer una llamado a la sociedad porque la Secretaría de Gobernación en la menos indicada para emprender esta iniciativa de ley, porque son ellos, son agentes que han trabajado en las instancias policiales las que han participado directamente en estas desapariciones”, dijo Fernando Ríos, director ejecutivo de Red por los Derechos de Todas y Todos.
Desde 2013 a la fecha, en Morelos han desaparecido 50 hombres y 42 mujeres en diferentes circunstancias. Sin embargo se presume que desde la década de los ochenta a la fecha se trata de decenas de miles.
“Queremos que esta Ley termine con la impunidad. Tenemos que decir que la desaparición forzada sigue creciendo por la impunidad del país. En ese sentido que se avance tanto en Morelos como en toda la República para que se terminen con todas las redes”, agregó Ríos.
Paloma Estrada Muñoz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, comentó que la Ley contempla que si el Gobierno de Morelos se ve rebasado ante este tipo de crímenes, se puede emitir una alerta general por violencia y por desaparición forzada. También se realizará un banco de datos genéticos y sumado a ello la Ley permite que cualquier caso del pasado sea investigado con los nuevos criterios.
Además informaron que han repuntado los casos de desaparición de jóvenes y terminan asesinadas en en redes de trata de personas, por ello reiteraron su petición hecho en 2014 al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), encabezado por la Secretaría de Gobernación.
