Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).– El Estado mexicano favorece más la reincidencia que la reinserción social para las personas que salen de prisión, en lugar de implementar una política de prevención del delito manejan una política de represión, donde casi todas las conductas negativas constituyen un delito, señaló la organización civil Documenta.
El pasado 10 de septiembre, la organización lanzó la campaña #LibertadSinTrabas, que expone el círculo de la reincidencia que se vive en el país, el cual abarca desde las autoridades hasta la sociedad.
“En México, el Estado favorece la reincidencia, casi todas las conductas negativas se vuelven un delito, lo que hace que más gente esté presa y haya sobrepoblación en las cárceles, situación que propicia la corrupción y roces entre los propios internos por el hacinamiento”, detalló Roberto Cortés Ruíz, abogado del área de litigio estratégico de la organización, en entrevista para SinEmbargo.
La sobrepoblación, hacinamiento, corrupción, inequidad, el uso excesivo de la prisión preventiva, las restricciones para acceder a los servicios de salud, la escasez en el suministro de agua, la insalubridad, el grave deterioro de las instalaciones, entre otros factores, impiden a la población en reclusión contar con condiciones mínimas de bienestar que garanticen su integridad física y mental y alcanzar una verdadera readaptación social, asegura Documenta.
“Cuando entra una persona a prisión, el Estado no le proporciona las herramientas necesarias para que cuando salga de la cárcel pueda tener una vida como cualquiera de nosotros. El Estado no te deja reintegrarte a la sociedad de una forma adecuada, situación que orilla a las personas a reincidir en el delito”, refirió Cortés Ruíz.
Ante esta situación, la organización considera urgente trabajar a favor de una reforma estructural del Sistema Penitenciario que permita implementar y proponer penas alternativas a la prisión y contribuir con procesos eficaces de reinserción social.
“Esta campaña va dirigida al Estado, medios de comunicación y sociedad en general, para que se empiecen a eliminar las prácticas que constituyen el círculo de la reincidencia”, expuso Roberto Cortés.
La iniciativa de la organización va acompañada de un documental, que narra la historia de Iven, un joven que salió de prisión y cuando intentó buscar empleo e ingresar a una institución académica se le presentaron algunos obstáculos que no le permitían su reinserción completa a la sociedad.
“Las personas que salen preliberadas no se les da credencial para votar y para muchas personas éste es uno de los requisitos que necesitan para conseguir trabajo. La credencial de elector se las quitan porque sus derechos políticos se les suspenden”, explicó el abogado de la organización Documenta a este medio digital.
Se le llama beneficio de preliberación cuando las personas salen antes de cumplir su condena. Algunos de los requisitos para poder gozar de este beneficio son: que el interno tenga buena conducta en el lugar donde estuvo recluido, que haya trabajado dentro del penal y se le realicen una serie de estudios psicológicos.
A los internos que son beneficiados con la preliberación se les obliga a acudir periódicamente a unos módulos para firmar un libro de control y seguimiento para tener un control de seguimiento de las actividades que realizan una vez fuera de prisión.
“Para algunas personas acudir a firmar este libro les impide encontrar trabajo porque cuando buscas un empleo necesitas tener libre el día de la firma y cuando los preliberados lo solicitan a sus patrones, ellos les preguntan el motivo, es ahí cuando les explican que habían estado en la cárcel y su situación con la justicia mexicana, algunos jefes son accesibles, pero otros los estigmatizan”, planteó Roberto Cortés.
De acuerdo con el Sistema de Índices e Indicadores en Seguridad Pública, el porcentaje de reincidencia fluctúa entre 35 y 47 por ciento.
CONDICIONES INFRAHUMANAS EN LAS CÁRCELES
En México, el 70 por ciento de la población penitenciaria está compurgando sentencias menores a cinco años, los delitos por drogas y secuestro representan tan sólo el 5.5 por ciento y el 4.2 por ciento, respectivamente, destaca la organización.
Añade que los procesados y sentenciados comparten los mismos espacios, práctica que la ley prohíbe en México.
Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), revelan que el hacinamiento representa un grave problema en las cárceles de México, el cual desencadena muchos otros factores que propician la violencia entre los internos.
En marzo de este año, la CNDH exhibió las irregularidades que contravienen normas nacionales e internacionales y violan los derechos humanos de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad en cárceles del país.
En el Informe Especial sobre las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, el organismo detalló que las violaciones están relacionadas con el trato digno, legalidad y la seguridad jurídica, protección de la salud, la integridad personal y la reinserción social de las internas.
En esa ocasión, el organismo urgió al Estado mexicano la implementación de políticas públicas y prácticas administrativas encaminadas a cubrir necesidades básicas de todas las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios para lograr su reinserción a la sociedad y procurar que no vuelvan a delinquir, de conformidad con los dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La campaña #LibertadSinTrabas propone: medidas alternativas a la prisión; privación de la libertad como último recurso; un Juez de ejecución de sentencias; clasificación de internos por categorías; programas de empleo para los internos; programas educativos para los internos; atención médica adecuada, y la aplicación eficiente de beneficios de preliberación.
LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL
Académicos y organizaciones de la sociedad civil analizan junto a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) la Ley Nacional de Ejecución Penal –que actualmente se discute en el Senado– para garantizar que ésta incluya los más altos estándares en derechos humanos.
La CDHDF informó que hasta ahora se han escuchado opiniones de académicos como Miguel Sarre, del ITAM, y Elena Azaola, del CIESAS, así como de representantes de Documenta Análisis y Acción para la Justicia Social; Madres y Hermanas de la Plaza Luis Pasteur y México Evalúa. También las propuestas del Centro de Análisis de Políticas Públicas; Instituto de Derechos Humanos y Democracia; Culpables Sin Evidencia, y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
“Ahorita se está discutiendo en el Senado la Ley Nacional de Ejecución Penal en donde se supone se regula todas esas circunstancias, tanto de la vida en prisión como después, sin embargo, en esta nueva Ley prevalece esta figura de acudir a firmar, pero se llama “supervisión en libertad”, que va a tener la misma función, va a haber una persona que va a estar vigilando a la persona preliberada para ver qué es lo que está haciendo, lo que nosotros estamos peleando es que a los preliberados se les reintegren todos tus derechos”, planteó el abogado.
ARTURO ESCOBAR Y SU POLÍTICA DE REPRESIÓN
El pasado 9 de septiembre, el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, nombró al ex líder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar y Vega, como Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana.
Horas después, organizaciones civiles y activistas dijeron que el nombramiento de un desconocido en el área de seguridad como Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, merma la confianza en las autoridades.
Distintos grupos civiles firmaron una carta en la que reclaman que el perfil Arturo Escobar, “claramente [es] incompatible con el del titular de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana”.
Al respecto, Documenta plantea que Arturo Escobar estuvo impulsando el tema de la pena de muerte como una forma de prevenir el delito cuando era legislador. “Nosotros tenemos la política de que la represión nunca va a funcionar, la violencia genera más violencia”, dijo el abogado Roberto Cortés.
“Él [Arturo Escobar] es una persona que desde un principio estuvo a favor de la represión en cuanto a la implementación de la justicia en México y va a estar a cargo de un tema tan importante, nosotros tememos que impulse el tema de la pena de muerte, eso sería un retroceso en los avances en materia penal, corremos el riesgo de que se implementen estas políticas para toda la sociedad”, añadió el litigante.
De acuerdo con la organización, Arturo Escobar no es una persona que esté capacitada para ocupar el cargo de la Subsecretaria de Prevención del Delito, “debemos tener una persona con un perfil de defensor de derechos humanos”, opina el abogado de la organización.
