Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).– Habitantes del municipio de General Cepeda, Coahuila, acusan al Secretario de Gobierno estatal, Víctor Zamora Rodríguez, de un presunto conflicto de intereses por negarse a intervenir para revocar los permisos otorgados por su primo, el Alcalde Rodolfo Zamora Rodríguez, a la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, S.A., quien pretende construir un confinamiento de residuos tóxicos en la comunidad de Noria de la Sabina.
“El Secretario General de Gobierno es primo hermano del Alcalde, por eso no interviene en estos asuntos, no ayuda a los pobladores”, dijo a SinEmbargo José Luis García Valero, habitante de la comunidad de Noria de la Sabina e integrante del Comité ciudadano de Vigilancia de General Cepeda.
Por ello, los pobladores temen que el Gobierno estatal haga caso omiso a su demanda y piden la intervención directa del Gobernador Rubén Moreira Valdés y del Presidente Enrique Peña Nieto para frenar la obra.
El proyecto de instalación del Centro Integral para el Manejo y Aprovechamiento de Residuos Industriales (CIMARI) se dio a conocer en octubre del año pasado. La obra se construirá en un predio de 500 hectáreas en el ejido de Noria de la Sabina, en el municipio de General Cepeda.
Noria de la Sabina es una comunidad de unos 100 habitantes, que se dedican al tallado de la lechuguilla, la extracción de cera de candelilla y la recolección de orégano, especies que consideran se verán amenazadas con el proyecto.
De acuerdo con los ejidatarios, tanto la empresa como las autoridades federales, estatales y municipales, han actuado con engaños para gestionar el proyecto.
El Alcalde de General Cepeda, Rodolfo Zamora, mintió a la comunidad y a los medios de comunicación al declarar a finales de 2014, y en repetidas ocasiones, que desconocía el proyecto de construcción de un confinamiento de residuos industriales peligrosos.
De acuerdo al resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), esta dependencia envió al municipio el 26 de mayo del año pasado, la información correspondiente para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el mismo.
“El gobierno municipal de General Cepeda no tiene inconveniente porque el proyecto se realice dentro del sitio propuesto”, concluye el resolutivo.
El 15 de octubre de 2014 Rodolfo Zamora, declaró en una entrevista para el diario Vanguardia: “Formalmente yo no tengo nada ni he recibido a nadie que me diga traemos este proyecto; yo necesito ver el proyecto, ver qué dice, cuántas hectáreas, dónde, qué”.
En ocasiones posteriores el Edil insistió en que desconocía por completo los detalles y que por ello no definiría una postura sino hasta contar con toda la información, así como con la asesoría de especialistas en medio ambiente.
En contraparte, el documento de la Semarnat señaló puntualmente los once motivos por los cuales el municipio estuvo de acuerdo con el proyecto.
“Padecemos en General Cepeda un viejo cacicazgo, este señor Rodolfo Zamora Rodríguez ya fue Alcalde hace varios años, logró que su hijo también lo fuera, consiguió que su esposa fuera regidora en la pasada administración y él se reeligió. Tiene todo el respaldo del Gobernador Rubén Moreira Valdés”, apuntó José Luis García.
Los habitantes coinciden en que el Alcalde está comprometido con el proyecto, que sabía de los permisos y que lo ocultó al pueblo.
“El Presidente Municipal está amedrentando al pueblo, las autoridades les dicen que les van a quitar la ayuda gubernamental que reciben, no hemos denunciado por temor”, expresó el señor José Luis Villareal Treviño, habitante de General Cepeda.
El pasado 2 de septiembre la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte arribó a la comunidad con maquinaria para empezar a hacer el desmonte de lo que será el camino para la construcción, situación que derivó en el descontento de la comunidad y protestas.
“La empresa llegó protegida con tres unidades del Ejército y por una patrulla municipal, esto molestó mucho a la comunidad”, reveló José Luis García.
Ese día, el comité que encabeza la lucha en contra del confinamiento, se reunió con los habitantes de General Cepeda y acudieron a la Presidencia Municipal y emplazaron al Alcalde a que a más tardar hoy 13 de septiembre, revoque los permisos otorgados a la empresa, de lo contrario, solicitarán al Congreso de Coahuila la revocación de su mandato por engañar a la comunidad y hacer caso omiso a sus demandas.
“Se le dijo que el día 13 era el límite para que decidiera si estaba dispuesto a estar con los empresarios o si acataba el mandato popular, el señor está actuando de espaldas al pueblo”, aseguró García Valero.
MÁS AUTORIDADES INVOLUCRADAS
Este conflicto que mantiene en disputa a los pobladores y Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, S.A., involucra a más autoridades. Eglantina Canales Gutiérrez, Secretaria del Medio Ambiente en el estado y su hijo, el Diputado electo por el IV Distrito de Coahuila, Armando Luna Canales y el ex Gobernador Rogelio Montemayor Seguy, son señalados por los habitantes de General Cepeda de estar detrás del proyecto para construir un confinamiento de residuos tóxicos en ese lugar.
“Hay grandes intereses políticos y económicos en ese gobierno [de Coahuila], actualmente tres personas están apoyando esta obra: el Diputado Armando Luna Canales, la señora Eglantina Canales y el ex Gobernador Rogelio Montemayor”, señaló José Villareal, el pasado 28 de julio en una conferencia que realizaron los pobladores en la Ciudad de México.
Aseguró que existen fotografías en donde Luna Canales es apoyado por el dueño de la empresa y aseguró que hace 20 años también trataron de poner un basurero de residuos tóxicos en General Cepeda con el apoyo del entonces Gobernador Rogelio Montemayor, “quien hoy está detrás de este proyecto”.
Los afectados señalaron que fueron engañados por el empresario Daniel Calvert Ramírez para que les vendiera las tierras a bajo costo y denunciaron hostigamiento por parte de la empresa por oponerse a la construcción del confinamiento.
En esa misma conferencia estuvo el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quien reclamó a las autoridades por permitir que algunas familias se enriquezcan a costa de la calidad de vida humana y denunció que el señor Calvert en complicidad con algunos funcionarios pretenden imponer la construcción del basurero tóxico en uno de los municipios más pobres de Coahuila.
MANIFESTACIÓN EN CONTRA DEL CIMARI
En apoyo al movimiento civil que se opone a la construcción de un centro de confinamiento de residuos peligrosos en el ejido Noria de la Sabina, campesinos de los ejidos cercanos de General Cepeda, así como de los municipios de Ramos Arizpe y Parras de la Fuente realizarán una marcha este domingo.
La movilización iniciará frente al mercado municipal en las calles Viesca e Hidalgo, a un costado de la terminal de autobuses de General Cepeda. Desde ese punto los inconformes marcharán hacia la Presidencia Municipal.
“La consigan de la marcha es ¡sí a la vida!, ¡no al basurero tóxico de General Cepeda!”, adelantó José Luis Valero en entrevista para este medio digital.
La Diócesis de Saltillo también está llamando a la comunidad a participar en la manifestación.
“Nuestros hermanos de General Cepeda necesitan nuestro apoyo solidario en su lucha para defender la vida, la tierra, el agua y el aire, los animales y las plantas que son su vida”, indica el comunicado de la Diócesis de Saltillo.
EL PROCESO LEGAL
En 2011, los representantes de la empresa ofrecieron a los campesinos que instalarían una maquiladora de ropa o una granja de pollos para generarles empleos, para ello necesitaban que les vendieran un derecho de paso entre la carretera federal número 40 que une Saltillo con Torreón, a lo cual accedieron.
La comunidad ignoraba que los terrenos serían usados para crear un confinamiento de residuos tóxicos.
La ley en materia ambiental establece que para poder realizar una obra como los confinamientos, es necesario promover una consulta pública, para ello, el resumen del proyecto debe publicarse en un periódico de gran difusión para que la gente se entere del tema, situación que no ocurrió en Noria de la Sabina.
El proyecto presentado por Sociedad Ecológica Mexicana del Norte señala que no existen poblaciones en un radio de 30 kilómetros a la redonda. No obstante, en el intermedio se localizan los ejidos de La Rosa, Tanque San Vicente, Hipólito y apenas a 5 kilómetros Noria de la Sabina.
Ante estas irregularidades la comunidad no sólo emprendió una lucha a través de brigadas informativas para alertar a la sociedad acerca del confinamiento de residuos tóxicos que pretenden construir en General Cepeda, también lo hizo vía legal.
Jesús González Schmal, abogado de los ejidatarios de Noria de la Sabina, explicó en entrevista para este medio digital que en enero interpusieron un recurso de denuncia popular ante la Semarnat, pero la dependencia negó la procedencia de la argumentando que todavía no se había materializado la obra.
El recurso de denuncia popular se le concede a una colectividad que se opone al otorgamiento de un permiso de instalación como el que se pretende establecer en General Cepeda.
Ante la respuesta de la Semarnat, recurrieron a una segunda estancia, ahora en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la cual les admitió el recurso.
“Actualmente se está revisando la procedencia de la autorización que concedió la Semarnat, el problema ha sido que como todavía no se inician los trabajos en el lugar señalado por la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) la Profepa no ha podido tomar acciones para detener el avance del proyecto y hacer la inspección para determinar si el sitio tiene o no las condiciones”, subrayó González Schmal.
El abogado de los ejidatarios afirmó que en estos momentos la empresa está en un transe, “si empieza a construir y después logramos la revocación del permiso, va a tener que perder lo que pudo haber invertido, también va a tener que indemnizar al ejido, por eso no saben qué hacer”.
Otro de los aspectos fundamentales con el que asegura se anularía el permiso para el confinamiento, es que no se contempla el uso del acarreo de la basura tóxica.
“Primero, si van a traer la basura de Ramos Arizpe, Coahuila o de Nuevo León, es un absurdo recorrer 120 kilómetros para enterrarla en otro sitio, la contaminación del acarreo está penada. Segundo, si la basura la van a traer de los Estados Unidos, como es una de las sospechas, también es un trayecto muy largo”, planteó Jesús González.
