Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).– Después de su privatización gradual, decenas de miles de hectáreas de selva han sido deforestadas en la última década en el municipio de Hopelchén, Campeche, a manos de productores de soya convencional y transgénica, que ponen en riesgo el hábitat de especies de flora y fauna protegidas, generan contaminación con agrotóxicos, afectan seriamente los recursos hídricos y provocan daños económicos y sociales a la población maya campesina de la región, acusaron Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).
Desde finales de agosto, un grupo de organizaciones entre las que se encuentran Greenpeace, Indignación y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), denunciaron la destrucción acelerada de la selva de Chenes, que forma parte de uno de los remanentes más importantes de estos ecosistemas: el corredor Calakmul–Sian Ka’an, conformado por varias Áreas Naturales Protegidas (ANP) y que resguarda gran biodiversidad de especies residentes y migratorias.
«[Las] cifras [son] alarmantes. Según estudios de TNC (The Nature Conservancy), en los últimos años han sido deforestadas en la Península de Yucatán alrededor de 80 mil hectáreas anuales. Asimismo, desde hace más de 10 años, las áreas forestales del municipio de Hopelchén se han visto afectadas por una grave situación de deforestación. Entre los años 2000 y 2008, se perdieron casi 22 mil 300 hectáreas. Para el 2013, desaparecieron más de 38 mil hectáreas de cobertura forestal en el estado de Campeche (la mayor pérdida en el país)», denunciaron.
Las asociaciones señalan que este fenómeno ha persistido en los últimos diez años sin control alguno de las autoridades y que en fechas recientes se ha agudizado porque el gobierno está impulsando un modelo de cultura de agricultura industrial, principalmente de cultivo de soya convencional y transgénica.
«Lo que está sucediendo aquí es un ecocidio», declara a SinEmbargo Jorge Fernández, miembro de la organización Indignación. «Miles y miles de hectáreas se están afectando desde hace diez años sin ningún tipo de permiso, solicitud, ni nada. Se ha hecho también sin verificación ni vigilancia. Las tierras son zonas que antes eran territorios nacionales y el estado los entregó a manos de particulares, principalmente a menonitas y empresarios del norte del país que se dedican al monocultivo.
«Pero el hecho de que estén en manos de particulares no significa que éstos pueden hacer lo que se les pegue la gana con los recursos naturales de sus propiedades: hay límites,y las autoridades ambientales tiene la obligación de verificar que se esté cumpliendo con los mínimos requisitos en la materia, explica.
Por otro lado, el activista indica que «los procesos de dotación de tierras tampoco están muy claros. Nosotros pensamos que ahí puede haber algún tipo de corrupción porque se trata de grandes extensiones de terrenos cercanos a ANP que se otorgaron a pequeños grupos. Fundamentalmente agricultores menonitas».
En conjunto con otras organizaciones, Indignación denunció que el aumento de monocultivos ha conllevado no sólo a «la deforestación, que en sí misma ya representa un impacto ambiental de proporciones mayúsculas» sino también a una grave afectación a los recursos hídricos de la región por la apertura de pozos tanto de extracción como de absorción de agua: «se realizan prácticas de nivelación del terreno que incluyen rellenar cuerpos de agua (conocidos como aguadas) y drenar zonas inundables a partir de la perforación de pozos, a pesar de que toda la península de Yucatán es una zona vedada para esta práctica por el riesgo que existe de contaminación de las aguas subterráneas por su tipo de suelo […] Se ha observado que enormes lagunas, como la de Cancabchén y la Laguna Ik prácticamente se han secado», denuncian.
Estos daños al ecosistema afectan a diversas especies de flora y fauna protegida entre las que se encuentran la caoba, el cedro, el jaguar, el venado y el cocodrilo. Este último se ha visto particularmente afectado, menciona el entrevistado: «el caso del cocodrilo es muy grave, porque se han tapado más de 40 aguadas y dos lagunas de gran extensión (de 17 y 4 km) ya se han secado. Así que el cocodrilo está desapareciendo de la zona».
El activista explica también que animales como los monos fueron desplazados ya hace tiempo a las zonas más cercanas a las reservas ecológicas por la destrucción de su hábitat.
Por otro lado, los niveles de contaminación provocados por la filtración de herbicidas, pesticidas y otros agroquímicos también representan una amenaza para el ecosistema: «La filtración subterránea de agroquímicos contamina el agua de la región, inclusive hay estudios que aseguran que la filtración ha sido de tal magnitud, que ya llegó hasta el mar», dice Fernández.
Además del impacto ambiental, las asociaciones han manifestado que el cambio de uso de suelo en esta zona «impacta social, cultural y económicamente a los habitantes mayas de la región, pues prácticas tan importantes como la apicultura, oficio ancestral y una de las principales fuentes de ingresos para las comunidades indígenas, se enfrentan un serio riesgo al desaparecer la selva de donde se obtiene la miel y de la cual somos el tercer exportador a nivel mundial».
Desde el mes pasado, organizaciones implicadas en la defensa ambiental y derechos humanos presentaron denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa ) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) exigiendo inspecciones e investigaciones pertinentes, así como sanciones administrativas y penales de ser el caso.
«La denuncia ya fue recepcionada, y Conagua ya ha ido a la zona, aunque dicen que les han impedido el paso. No sabemos si Profepa ya ha hecho algo. Por eso exigimos que las autoridades cumplan con su obligación de dar seguimiento y verificar que no haya explotación inadecuada de recursos naturales así como de catalogar los daños y el tipo de recursos afectados a partir de peritajes, para establecer denuncias penales o incluso acciones de carácter penal. Queremos que se sancione adecuadamente este tipo de daño», explica.
Otras organizaciones firmantes de la denuncia son Promoción y Defensa de los Derechos Humanos AC, Muuch Kambal, Colectivo Apícola de los Chenes, Ma OGM, Colectivo sin Transgénicos, Educación, cultura y ecología A.C. (Educe), Kookay, Ciencia Social Alternativa A.C. y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y, en conjunto, han colgado una petición en Change.org exigiendo fin a esta situación.
