Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).– Como candidato a la Presidencia y, luego, como Jefe del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto asumió el compromiso de democratizar a los medios de comunicación, transparentar el gasto público en publicidad, brindar protección a los periodistas y garantizar la libertad de expresión en México. Pero expertos en la materia afirmaron a SinEmbargo que el Estado mexicano sólo se ha preocupado por mostrar a organismos internacionales que trabaja en el tema, y las promesas de crear una Fiscalía eficaz, mecanismos de protección a periodistas y de regulación a la publicidad oficial, entre otras, acabaron en «elefantes blancos».
El 11 de mayo de 2012, luego que el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, asistiera y fuera increpado por estudiantes en en la Universidad Iberoamericana surgió el movimiento #YoSoy132, el cual tuvo como exigencia la democratizar los medios de comunicación.
El 21 de mayo de ese año, en medio de una tormenta de críticas, Peña Nieto lanzó un decálogo para garantizar un Gobierno democrático, en el que proponía libertad de expresión, de manifestación, de religión, derechos humanos, no discriminación, rendición de cuentas y acercamiento a los medios de comunicación.
En aquel «Manifiesto Por una Presidencia Democrática», Peña Nieto asumió:
«Como Presidente de la República seré garante de la libertad de expresión. Las críticas al Presidente de la República, en todos sus estilos y formatos, serán escuchadas, respetadas y tomadas en cuenta. En una Presidencia democrática no caben ni la violencia en contra de periodistas, ni la censura».
A tres años, la situación de censura se ha agravado en el país. De acuerdo con el último informe de la organización internacional Artículo 19 el Estado mexicano ha fallado en su labor de garantizar la libertad de expresión y proteger la integridad de los periodistas que hacen uso de ella. Hablar, cubrir o investigar temas relacionados con corrupción, protesta social o delincuencia común u organizada, ha puesto en riesgo a reporteros, editores, fotógrafos, locutores, blogueros, tuiteros, defensores de derechos humanos, entre otros, indica el documento.
A pesar de los mecanismos que existen –y que atraviesan “su peor crisis de legitimidad”–, la impunidad y deficiencia pesaron más durante los dos primeros años de esta administración, donde los atentados contra la prensa se dispararon a 326 y, cuyos principales agresores son funcionarios públicos y miembros del crimen organizado.
El informe de Artículo 19 dice que el promedio de agresiones a la libertad de expresión en México subió 80 por ciento durante los dos primeros años de gobierno de Peña Nieto. En el sexenio anterior, agrega, se documentaron 1,092 agresiones, un promedio anual de 182 ataques; mientras que en los dos primeros años del gobierno actual se registraron 656 —330 en 2013 y 326 en 2014—, un promedio de 328 ataques al año.
“Con Felipe Calderón Hinojosa se agredía a un comunicador cada 48.1 horas y con Peña Nieto es cada 26.7 horas”, asegura la investigación dada a conocer en marzo de este año.
Periodistas y organizaciones civiles también han denunciado que los tres órdenes de gobierno utilizan los contratos de publicidad oficial como una herramienta de control.
«La publicidad gubernamental es de los grandes temas que nos tenemos que plantear como medios y como sociedad en general […]. No ha sido reglamentada para que ese dinero que es de todos, en lugar de favorecer campañas debería favorecer la libertad de expresión. Lejos estamos de que eso ocurra en México”, aseguró la periodista Carmen Aristegui luego que MVS despidiera a ella y su equipo de investigación, semanas después de haber publicado el reportaje de la llamada «casa blanca» de Angélica Rivera Hurtado, esposa del Presidente de México.
«DEMOCRATIZAR LOS MEDIOS»
Una de las acciones del Presidente de la República al iniciar su mandato fue empujar las llamadas «reformas estructurales», las cuales fueron acompañadas por el Pacto por México, en el cual los representantes de las principales fuerzas políticas acordaron puntos estratégicos y en donde nuevamente se tomó en consideración la transparencia, la libertad de expresión y rendición de cuentas.
En la reforma en telecomunicaciones el discurso institucional se centró en «ampliar las libertades de expresión y de acceso a la información», incluso se habló abrir las licitaciones y que existiera mayor oferta en las diversas plataformas tradicionales, con el fin de democratizar los medios de comunicación».
Para Pilar Tavera Gómez, directora de Propuesta Cívica, esta administración confundió el termino democratizar, pues considera que no se trata de que haya más medios, sino que se apueste por mejores contenidos, que las opciones de información se ampliaran y que el dinero público sea mejor administrado para que todos los medios tengan la misma posibilidad de subsistir.
«Yo no veo avances, veo un gran confusión sobre la democratización de los medios. No se trata de abrir las licitaciones o tener más medios, sino de impulsar la agenda de los medios públicos», comentó Tavera Gómez.
El gran tema, agregó la directora de Propuesta Cívica, sigue siendo el control por medio de la publicidad oficial, pues a pesar que el propio Presidente ha anunciado recortes a este gasto, los datos lo contradicen.
«En el caso de publicidad oficial lo que queda claro es que la forma de la distribución de ese dinero, aunque sea mucho o poco, es lo que más influye a la hora de saber qué medios van a poder recibir una tajada de ese pastel y que incluso esa tajada puede influenciar la forma como se cubren las noticias en México», explicó Pilar Tavera.
De acuerdo con un informe de Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha gastado más de 10 mil 800 millones de pesos en publicidad oficial en los dos primeros años de su administración.
En 2014, habría gastado 3 mil 495 millones de pesos en publicidad oficial; es decir el 111 por ciento del presupuesto destinado a la Secretaría de Energía para 2015. En el primer año de la administración equivale al 94 por ciento de la Reforma Educativa 2015, según cifras preliminares disponibles en el Sistema de Comunicación Social (Comsoc).
Esto quiere decir que a tres años de que el Presidente hiciera pública su promesa de regular la publicidad oficial no se ha registrado ningún avance significativo, destaca el informe “El gasto en publicidad oficial del gobierno federal en 2014”, publicado en junio por este medio.
Justine Dupuy, coordinadora del Área de Transparencia en Fundar, explicó a SinEmbargo que pese a haber sido un tema importante para el Presidente y que incluso colocó en su agenda en la práctica no ha cambiado el patrón documentado en sexenios anteriores en los que hubo gastos millonarios a la publicidad oficial.
“A tres años y a pesar de muchas oportunidades, no hemos visto un cambio real, un cambio, una posibilidad de que se debata el tema y se empiece a reflexionar y a regular el asunto de la publicidad oficial. […] Realmente es un tema que incomoda y donde hay poca voluntad política de cambiar el estatus”, dijo.
Si el total del gasto en publicidad oficial se contrasta con lo ejercido en los primeros años de gobierno de Enrique Peña y Felipe Calderón Hinojosa, el primero ejerció mil 858 millones más que el segundo en 2007 (35 por ciento), y 3 mil 624 millones más que Vicente Fox Quesada en 2001. De hecho, habría duplicado lo ejercido por este último (104 por ciento).
Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C. prevén que si la administración actual continúa la tendencia en el aumento de sus gastos es factible que al final del sexenio alcance niveles históricos y se eleve a alrededor de 11 mil 676 millones de pesos.
El documento concluyó que “este comportamiento entra en completa disonancia con la promesa de cambio hecha por el presidente Enrique Peña Nieto. El tema de la publicidad oficial es letra muerta y el gasto multimillonario y concentrado que se ejecuta sin reglas claras continúa favoreciendo el uso discrecional de la publicidad oficial, que impacta sobre la libertad de expresión en el país. Cerca de la mitad del sexenio, el Gobierno federal no ha impulsado ningún cambio ni ha dado señales de un uso más racional y controlado de la publicidad oficial, en comparación con gobiernos anteriores”.
La investigadora de Fundar expuso que un punto clave como lo es el actual en el que se han anunciado recortes a diversos programas y de crisis económica, uno de los primeros rubros donde se debe reducir el gasto es justamente en publicidad oficial.
“En efecto se puede cuestionar que se sigan haciendo gastos millonarios mientras están recortando o haciendo posibles recortes en programas sociales, no debería ser el caso. Esto es justo donde primero se puede recortar”, dijo.
La solicitud de información número 0000400114115 realizada por Forbes México a la Secretaría de Gobernación (Segob) refiere que diciembre de 2012 a marzo de 2015 el Gobierno federal ha destinado 3 mil 927 millones de pesos a las televisoras del país, lo cual representa un 34.7 por ciento de los recursos totales de los medios en los que se publicita su administración.
RELACIÓN CON LA PRENSA
Otro punto de aquel decálogo del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto fue: «El gobierno debe establecer una relación con los medios de comunicación acorde con una cultura democrática. Como Presidente de la República impulsaré una reforma constitucional para crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano a la información. Solo un país bien informado garantiza una cultura democrática».
No obstante, desde el Estado existe un desdén hacia la prensa. un ambiente de no tolerancia, rechazo a la crítica que ha generado un panorama donde no hay garantías para libertad de expresión ni la protección a los periodistas, comentó Dario Ramírez Salazar, director de Artículo 19.
Respecto a si se han cumplido con los objetivos, no sólo de los compromisos que Peña asumió como candidato sino de las recomendaciones de organismos internacionales que el Estado mexicano aceptó, Ramírez expuso:
«Creo que lo importante es que entre cumplir y la efectividad es muy diferente. Se ha cumplido en la parte formal pero no por ello la seguridad de los periodistas se ha aumentado conforme sí se ha incrementado la violencia. Creo que todavía hay muchas recomendaciones no cumplidas que están relacionadas con la impunidad y la investigación».
El activista detalló que los periodistas en México trabajan bajo ataques constantes, desdén y orfandad, y «no hay gobiernos no tienen interés en resolver esa situación a pesar que tenemos leyes, fiscalías, mecanismos. Todavía tenemos esa costumbre mexicana de creer que con tener leyes se cambiará la realidad, y no es así».
El director de Artículo 19 agregó que en los tres órdenes de gobierno no existe una relación con la prensa, sino un desdén.
«Hay un desdén para con la prensa por su función pública, por levantar la crítica. Es ahí cuando desde Articulo 19 nos surge una pregunta: ¿No pueden o no quieren proteger a la prensa? Porque ante asesinatos como el de Rubén Espinosa, pues la verdad tonos nos preguntamos cómo podemos seguir en estos niveles de violencia y que no pase nada, que no se resuelvan los casos. Y esa es la actitud que permea en muchas autoridades».
DESAMPARO TOTAL
A pesar que el gobierno aceptó algunas de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), del relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), y de otros organismos internacionales, como por ejemplo, la implementación del mecanismo de protección a periodistas o la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), no significa que el gremio periodístico trabaje con libertad y garantías, sino que se encuentra solo, en un ambiente de total violencia sin importar la fuente que se cubra.
A principios de julio, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Javier Hernández Valencia, informó a este medio que la ONU determinó que la mayoría de los periodistas mexicanos asesinados desde hace 10 años, eran comunicadores locales y no corresponsales de guerra o comunicadores fuera de su lugar de origen.
“No es cierto que los conflictos armados son los que cobran más vidas de hombres y mujeres de prensa”, expresó.
Agregó que el ”54 por ciento de estos periodistas caídos eran periodistas hombres y mujeres que trabajaban con temas locales” y que su muerte estaba relacionada directamente con investigaciones de corrupción, abuso de poder, violencia.
Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) México, opinó que el contexto de impunidad, en donde la aplicación de la ley tiene muchas deficiencias, ha impedido que haya justicia en ataques contra la prensa.
“Se suma la falta de voluntad política de los funcionarios públicos para empujar las garantías a la prensa. Actualmente el ejercicio del periodismo se ha convertido en una actividad sensible más allá de la fuente que se cubra”.
A pesar que México es un país donde el periodismo se ha convertido en una actividad de riesgo, la protección a periodistas aún no es tema de debate en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ni tampoco en el Congreso de las Naciones Unidas; la discusión de la problemática a nivel internacional apenas comienza a ser abordada, así lo aseguró Javier Hernández Valencia.
El representante de la ONU dijo que en México y otros países que enfrentan “un déficit democrático”, y el periodismo actúa como contrapreso del gobierno, como una actividad que busca reivindicar el actuar del Estado. Pero aquellos reporteros que investigan casos sobre abuso de poder, corrupción, violencia, violaciones a derechos humanos son atacados. Esas agresiones todavía no son un tema que repercuta en un nuevo tratado entre los miembros que conformar el organismo internacional.
“No parece que estemos, ni parece haber hoy elementos para hacer la ruta de un tratado específico, de una herramienta jurídica específica sobre protección de periodistas”, dijo Javier Hernández Valencia, durante el Foro Derechos Humanos y Protocolos de Actuación en la Protección a Periodistas, realizado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Ante la realidad a la que se enfrenta la prensa, el Consejo de Derechos Humanos tiene pendiente la tarea de crear un marco de comprensión y una alianza que pueda impulsar el debate, dijo; sin embargo, el tema no ha sido retomado, sumado a los avances que se han tenido en el pasado, como en 2013, cuando se logró determinar las bases mínimas donde todos los países condenan este tipo de agresiones, reconocen que no son exclusivas de conflictos armados y donde los estados se comprometen a tratar de erradicar estos crímenes.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado informó que la protección a periodistas es algo nuevo en la ONU y que los casos que se han suscitado en México han empujado “un camino para transitar en esa dirección”. Sumado a ello el funcionario explicó que hay foros de talla internacional y que surgen propuestas, pero al momento de convertir esas ideas en decisiones políticas, los estados que integran el organismo y otros países que no son parte oficial pero que participan, no aceptan los informes, sobre todo si se trata de gobiernos autoritarios.
Agregó que los ataques a la prensa están entrando en discusión poco a poco en la Asamblea de Naciones Unidas cuando se habla de otros temas, como violaciones a los derechos de la población civil, por ejemplo. Pero hasta el momento no se ha visto como un asunto específico.
En tanto, tanto Pilar Tavera de Propuesta Cívica como Dario Ramírez de Artículo 19, consideraron que el mecanismo de protección de la fiscalía especializada siguen sin brindar resultados.
