Nestora Salgado García, comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Guerrero, fue detenida un 21 de agosto de 2013 acusada de ser la probable responsable del secuestro y homicidio de un empresario, además de delincuencia organizada.
Su captura se realizó en medio de un impresionante operativo integrado por la Marina, el Ejército, la Policía Federal y la Policía Municipal. A dos años de distancia, quienes la acusan no se han presentado ante las autoridades y Nestora sigue en prisión.
Ella afirma que su delito no fue el secuestro ni el homicidio sino el llevar ante representantes de los distintos niveles de Gobierno pruebas de violaciones a menores y de irregularidades en el centro de salud de su comunidad.
Su caso se ha convertido en emblemático, ya que a pesar de obtener un auto de libertad del Primer Tribunal Unitario del vigésimo primer circuito, Salgado García sigue en prisión. Organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se han pronunciado a favor de su liberación, sin embargo, dos años después de su aprehensión, la justicia no llega.
Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).– A dos años de la detención de Nestora Salgado García, comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Guerrero, durante un operativo encabezado por elementos de la Marina, Ejército, Policía Federal y Policía Municipal, el juicio sigue sin avanzar debido a que quienes la acusan de secuestro y homicidio no se han presentado a un careo.
A Nestora, detenida la tarde del 21 de agosto de 2013 en una gasolinera a las afueras de Olinalá, se le acusa de ser la probable responsable de secuestro y homicidio de un empresario; sin embargo, ella, los otros detenidos, familiares y miembros de sus comunidad acusan que se trata de un alguna acción de parte de los tres ordenes de Gobierno para acabar con la policía comunitaria.
Junto con la líder comunitaria también fueron arrestados Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos, Samuel Ramírez Galvez integrantes también de la Policía Comunitaria de El Paraíso y este último integrante de la Policía Comunitaria de Zitlatepec.
«Se van a cumplir dos años de estas injustas detenciones. Lo único que hacían nuestros compañeros era su trabajo de policía comunitaria, porque nosotros no somos delincuentes, por eso siempre trabajamos con el rostro descubierto», dijo Giovanni Torres Salgado, familiar de Nestora.
El también integrante de la CRAC informó que durante estos dos años el caso de Nestora Salgado ha estado lleno de irregularidades y de actos que le han impedido que defienda su inocencia.
«El juicio está en la fase de careos, a dos años es la primera vez que la comandanta tiene oportunidad de defenderse, y el pasado 10 de agosto los que la acusan no se presentaron. Era la tercera llamada que se les hizo a las supuestas víctimas y no se presentaron, solamente nos dijeron que no sabían si habían sido notificadas o no, lo cual nosotros preguntamos al juez de paz en Olinalá, y él nos dijo que sí fueron notificadas. De hecho, a la tercer llamada ya tenían que ser llevados por la fuerza pública. Esto es una estrategia del Estado y los que la acusan. Exigimos que realmente sean presentadas, porque se trata de la primera vez que la compañera Nestora tendrá oportunidad de defender su inocencia», informó Torres Salgado.
Integrantes del movimiento que pide la libertad de Nestora Salgado y de los otros comunitarios declararon que se sienten traicionados por el Gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, quien les prometió que durante su gestión se aceleraría el caso e incluso decretaría una Ley de Amnistía. Sin embargo, nada de lo que les prometió por escrito fue cumplido, y en unos meses el mandatario estatal dejará el cargo.
«Ortega se ha llenado la boca de promesas para soltar a los presos políticos y para atender las demandas sociales de Guerrero; sin embargo, no ha cumplido ninguno de estos compromisos que ha hecho con las policías comunitarias y al contrario, se nota un retroceso en los procesos legales de nuestros compañeros. Hay violaciones al debido proceso», comentó uno de los inconformes.
Por su parte, Arturo Campos Herrera, policía comunitario indígena detenido en diciembre de 2013, aseveró que con las detenciones y la persecución de los comunitarios el Gobierno está provocado que el crimen avance en Olinalá.
«Desde 2013 para acá se ha incrementado el problema de inseguridad, así que a pesar que conocemos las consecuencias con los compañeros seguimos trabajando», declaró Campos, quien fue recluido en el penal del Altiplano, Estado de México, y luego trasladado al penal de Ayutla de los Libres en Guerrero, tras ser detenido por participar en el movimiento que exige la liberación de sus compañeros de la CRAC.
Por medio de una grabación, Nestora Salgado García dijo que el Gobierno intenta reprimir a las policías comunitarias y por ello los ha estado encarcelando, además exigió la renuncia del Fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez.
«Son dos años que estoy pagando algo que no cometí. Dos años que estoy encerrada y perdiéndome de mi familia, De verdad, si yo lo hubiera hecho, por qué no se han presentado, por qué no me han dado la oportunidad de defenderme, por qué estoy encerrada sin saber por qué. No me han dado explicaciones. A dos años apenas estamos iniciando el proceso», detalló Nestora Salgado.
Durante este tiempo Nestora y sus compañeros han emprendido diversas acciones por las irregularidades en su proceso y los tratos dentro de prisión. En mayo la comandanta inició una huelga de hambre en el penal de Nayarit. Luego de 31 días desistió pero tuvo que ser atendida y trasladada a la Ciudad de México. Actualmente se encuentra en el penal de Santa Martha Acatitla, donde todavía permanece en tratamiento médico por las secuelas del ayuno de comida y líquidos.
«La compañera sigue mal de la vista, dice que ve borroso, y del estómago», comentó Giovanni Torres.
LAS ACUSACIONES
La comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá fue acusada de secuestro en agravio de por lo menos seis personas, entre ellos dos menores de edad, sin embargo, en abril del año pasado, un juez federal la exoneró de los cargos de secuestro agravado y delincuencia organizada por lo que el Primer Tribunal Unitario del vigésimo primer circuito dictó auto de libertad.
Diversas organizaciones nacionales, incluso internacionales se han pronunciado a favor de su liberación y para proteger sus derechos.
El 23 de diciembre de 2014 los abogados de Nestora, Thomas Antkowiak y Alejandra Gonza solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que urgiera al gobierno mexicano la protección en prisión de la comandanta.
“La situación de Nestora Salgado reúne los elementos de ‘gravedad, urgencia y daño irreparable’ y requiere acción inmediata por parte de las autoridades mexicanas”, señaló la defensa.
En respuesta, la CIDH ordenó al Estado mexicano que “adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Salgado García, proporcionando el tratamiento adecuado que recomienden los especialistas”, y dio un plazo de 15 días a las autoridades mexicanas para que informen de la atención a sus recomendaciones.
También el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y los Relatores sobre la violencia contra la mujer, la Tortura, los Defensores de Derechos Humanos, la Independencia de los Jueces y Abogados, los Pueblos Indígenas y la Salud, han suscrito y dirigido una acción urgente al gobierno mexicano a favor de la libertad de Nestora Salgado García.
Cinco personas señalan a Nestora como culpable de secuestro. Las víctimas aseguran que fueron privadas de la libertad en Olinalá y a manos de elementos de la policía comunitaria.
Sumado a ello, los activistas Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace se han opuesto a la libertad de Salgado García y han dado a conocer audios donde legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) negocian la libertad de la acusada.
En respuesta, el Diputado perredista Roberto López Suárez comentó que el arresto de Nestora Salgado tiene un tinte político pues «ella tocó intereses del crimen organizado y por ello se le fabricaron crímenes». Sumado a ello pidió a Miranda de Wallace y a Martí revisar a profundidad el expediente.
Giovanni Torres Salgado, familiar de Nestora, también pidió a los activistas de la organización Alto al Secuestro que conozcan a profundidad el caso para tomar una postura.
Por otra parte, el pasado 15 de abril, el Comité Nestora Libre documentó que en lo que va del actual gobierno suman 350 presos políticos, siendo los estados de Michoacán, Guerrero y Puebla donde se reportan el mayor número de detenciones.
La organización acusó al Presidente de “estar llenando las cárceles de presos políticos”.
“Han sido encarcelados 328 autodefensas en Michoacán, 13 policías comunitarios presos en Guerrero y ahora están en prisión cuatro dirigentes populares que se oponen a la construcción de la presa La Parota. En Puebla están recluidos aquellos que no desean la edificación de una termoeléctrica contaminante. En el Distrito Federal hay personas detenidas por protestar y hay otros presos de este tipo en Quintana Roo y demás estados”, expuso el Comité.
LA DENUNCIA DE NESTORA
Durante una entrevista con el diario El Sur, de Guerrero, Nestora Salgado informó que que presentó al almirante de la Marina, al general de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y al entonces Gobernador, Ángel Aguirre Rivero una serie de videos sobre violaciones de niños.
Indicó que con el Gobernador se acordó llevar el caso a la Procuraduría General de la República (PGR), pero debió tocar fuertes intereses porque ella terminó en una prisión federal de máxima seguridad. De las violaciones nada se investigó ni se mencionó.
En cuanto al Síndico Procurador de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, que también fue sometido a un proceso de reeducación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), luego de que lo sorprendieron recuperando una vaca y una camioneta vinculados a un doble homicidio y robo de ganado, estimó que fue la gota que derramó el vaso.
Recordó que, entre otras, también señaló irregularidades en el centro de salud, “esas denuncias me tienen aquí, porque se afectó a mucha gente. Ingenuamente confié en el gobierno, pero lo que gané fue la cárcel”.
Aclaró que los videos de las violaciones los encontraron en teléfonos celulares de adolescentes que fueron sometidas al sistema de reeducación de la CRAC, por quienes después la acusaron de secuestro y la detuvieron el 21 de agosto de 2013.
Reveló que antes le ofrecieron dinero para dejar en libertad a varias personas retenidas bajo la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígenas, que reconoce a la CRAC como institución de seguridad, justicia y reeducación comunitaria.
Pero el dinero nunca fue su interés, de lo contrario no se habrían enviado a los infractores a la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres. Aseguró que en un careo, nadie le podría sostener las acusaciones en su contra.
Añadió que si el gobierno no supo medir las consecuencias de la Ley 701, que da amplios poderes a los pueblos, no es responsabilidad de la Policía Comunitaria. La obligación del Estado es respetar la norma que se sustenta en la Constitución y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y dejar en libertad a los presos de la CRAC.
Indicó que cuando se sumó al movimiento por la seguridad en Olinalá, no sabía la magnitud de los problemas en el municipio, luego escuchó en los pueblos: “Señor, nos están matando a nuestros hijos, a una mujer que ya encontró a su hijo despedazado… como madre, nunca me gustaría que un niño mío pasara con un dolor de esto”, dijo conmovida.
Reveló que emigró desde los 18 años a Estados Unidos con una hija en brazos, y aprendió a educar a sus hijos en la cultura americana, donde los menores son el mayor bien del país, “si un niño se cae tienes la obligación de levantarlo”. Consideró que en México, las violaciones a los niños y a la juventud serían igualmente condenados. No fue así.
Pese de la separación de su familia y las vejaciones en prisión, aseguró que no se arrepiente, está orgullosa de haber participado en un movimiento ciudadano por la seguridad, que en 2012 logró la unidad de toda población. De ese movimiento surgió la Policía Comunitaria de Olinalá que después se incorporó a la CRAC.
Consideró que la unidad fue posible por el miedo y el hartazgo de la población, “pero más que nada por el miedo, y Olinalá fue un ejemplo para que otros pueblos siguieran el mismo camino”. En 2013, en diferentes municipios surgieron en cascada los movimientos de autodefensa.
“Parece que lo predije, cuando declaro que ya no le tenía miedo a los delincuentes, sino al gobierno que nos quiere desaparecer, hasta la delincuencia nos respetó, el que quiso destruirnos fue el gobierno”.
Consideró que en un sistema obsoleto, el gobierno tiene que usar la fuerza pública para tener un control que ya no tiene, y demuestra el poder que le resta con represión y persecución, “porque tiene miedo y no puede controlar ni a su gente, ni a los marinos, ni al Ejército, ni a los policías. Usa la fuerza pública para matar, para fabricar delitos por el miedo, porque el sistema les ha fallado”.
Como ejemplo señaló el homicidio en Tlapa, durante las elecciones del 7 de junio, del activista Antonio Vivar, de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, asesinados el 26 de septiembre en Iguala y los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, hace casi un año, “asusta a la gente con muerte”.
Pero añadió que la gente sólo se calma siendo escuchada, resolviendo sus problemas con justicia.
“En México, la situación de inseguridad es muy fuerte. Les duele que les haya dicho que el sistema está corrompido, que estando encerrada, mi voz se escuchó”.
-Con información de El Sur
